Tiembla el Castor

La situación de alarma social (lógica, razonable, proporcionada y grave) generada por los terremotos («microterremotos», en palabras de Soria) derivados de la inyección de gas tras la puesta en marcha del almacenamiento Castor es una ocasión muy importante para hacer emerger el proceloso tema de la inversión en activos regulados referidos, en este caso, al sistema gasista.

Desde Energía Diario, ya habíamos tratado el tema de este almacenamiento gasista, con una posición crítica respecto al modelo sobredimensionado de creación y explotación de infraestructuras para la gestión técnica del sistema que, además, no son sufragables por la tarifa gasista, que cuenta con graves déficits. Situación que, por otra parte, se agudiza con la caída de la demanda continuada que hace insostenible un modelo de estas características.

Si además, se visita la hemeroteca con una mayor perspectiva, se puede observar el proceso de encarecimiento de estas infraestructuras durante su construcción, con los sucesivos bastanteos que tuvieron lugar en sede e informes de la extinta Comisión Nacional de Energía. Y, no hay que olvidar que ese proceso tuvo su continuidad, una vez listo para su comienzo de actividad, cuando el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se vio urgido a ponerlo en funcionamiento, determinando su retribución a la carta, y todo ello coincidiendo con la congelación de la puesta en marcha de otras instalaciones de almacenamiento y regasificación.

Con una mayor perspectiva, también se puede trazar el ciclo de vida de estos proyectos de infraestructuras; entran en la planificación energética, generalmente de la mano de los operadores de transporte y sistema, en aleación con quienes participan en su construcción y explotación. El clásico modelo de los costes hundidos y de las clases extractivas; generación forzada de necesidades que, por otra parte, disminuye la exigencia de gestión eficiente de las anteriores. Una infraestructura perfectamente prescindible, a la que le persigue la polémica desde el primer momento.

Todos estos argumentos son económicos, pero a ello se han añadido las dudas que se han generado en torno al propio procedimiento de declaración de impacto ambiental de la instalación, en la medida que se pudo conseguir la misma en 2009, sin que se efectuase o conociese un estudio de la posible actividad sísmica que se podría derivar de la inyección de gas y la fractura de roca. Nuevamente, las instituciones españolas (por decirlo así) haciendo la vista gorda sobre cuestiones muy relevantes.

La vicepresidenta del Gobierno se acaba de incorporar a la gestión de esta crisis (el olfato político advierte de la gravedad) y José Manuel Soria acaba de reconocer de aquella manera que «parece ser que hay relación entre la inyección de gas y los seísmos», deslizando dudas sobre la existencia de «evidencias científicas» sobre el almacenamiento gasista y los que denomina «microseísmos». Los ayuntamientos de la zona, la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y el Ejecutivo central ya están en jaque.

Lo cierto es que la gravedad de la situación exige una investigación profunda (del presente, del pasado y de los riesgos), una información transparente (que no trate de nominalizar el problema para reducirlo), estableciendo responsabilidades y, evidentemente, despejando todos los miedos para ofrecer todas las garantías de seguridad para las poblaciones y personas afectadas.

Y, por cierto, atentos todos a las consecuencias que de esta crisis se puede inducir en la polémica abierta por el fracking en España. ¿Puede un terremoto en Vinaròs provocar muchos terremotos adicionales?