Así, la reforma se ha resuelto por la vía política (en el peor sentido de la palabra, como resultado de la dinámica interna del Ejecutivo) de forma que se perpetrará un ejercicio de salvajismo realizado de forma alevosa y escondida. Los detalles son escalofriantes, en la medida que el Ejecutivo ha decidido estropearlo todo, dando la razón a los que pensaban que cuanto peor, mejor.

Ayer el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, «participó» a los agentes sectoriales de las primeras informaciones referidas a la reforma. Lo hizo en dos tandas, la primera a los representantes de las empresas de Unesa y luego a ACS, Acciona y Abengoa. Y se confirma, tras tantas intervenciones en los medios de comunicación y en los consejos asesores de los medios económicos, por parte del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y el secretario de Estado, que éstas estaban orientadas a allanar el camino de una actuación conducida de forma solipsista y con resultados sencillamente desastrosos.

Hacienda reduce su participación en los costes del suministro eléctrico a 1.000 millones de euros (menos que los 1.800 previstos). Por su parte, el daño a la distribución eléctrica crece con una rebaja del 20%, con 1.000 millones de euros (incluso sin haber cerrado el modelo retributivo con la complicidad de Alberto Lafuente en la CNE). Y, las informaciones resaltan que será necesario ver las medidas y ocurrencias que la factoría Nadal ha introducido en las distintas piezas separadas jurídicas que lo componen para ver los efectos de la metralla. Finalmente, se ha suavizado el resultado final con determinadas tecnologías de régimen especial más endeudadas para evitar el efecto financiero sobre la banca. El daño para las empresas del sector eléctrico ya se está viendo en la Bolsa.

Se puede realizar una trazabilidad del proceso en el seno del Ejecutivo. Industria prepara su propuesta en silencio y sin negociación (por cierto, con esta demora de tiempo, podrían haberle dedicado horas y sentarse con los agentes en lugar de tener suspicacias). Más tarde, se dirige a Hacienda y le reclama que se haga cargo en los Presupuestos Generales del Estado de parte de los costes del suministro eléctrico, incluidos dentro de los costes regulados. Hacienda explora la vía europea del déficit y responde que no. Montoro tiene claro cuál es su papel y no cede.

Por su parte, Industria percibe que ya no puede esperar más y decide incrementar la parte que tenía previsto que asumieran los Presupuestos Generales del Estado en la factura de los consumidores y los agentes y subsectores. El daño se acrecienta exponencialmente. De perdidos, al río.

Consecuencia: un fuerte escarnio para el sector y para los distintos subsectores del suministro eléctrico. Además, el ministro más mediático y demagógico del Gobierno cuenta con tres elementos que le respaldan: la percepción de que todo lo que sea hacer daño a las empresas es comprendido socialmente (el intervencionismo modelo venezolano insólito en la Europa Occidental y auspiciado por el propio aparato del Estado de tintes peronistas); el hecho de que los conflictos jurídicos que surjan de esta reforma le llegarán a otro Gobierno (detrás de mí, el caos); y que hay temas en la agenda política española actualmente, como el caso Bárcenas, que pueden ocultar el escándalo económico de esta chapuza.

Quizás, Nadal y Soria, en lo que más éxito han tenido es en la capacidad de marear a los subsectores eléctricos para que sus demandas sean comprendidas por comparación y sembrar la cizaña y la envidia entre ellos de forma que todos percibieran que era una cuestión distributiva que lo que uno lo ganaba el otro lo perdía y conseguir así que las dentalladas no fueran dirigidas al origen de los males. La rabia de ciertas asociaciones renovables, siguiendo este patrón, contra el resto de sectores ha sido espeluznante.

Conclusiones: el problema era muy difícil, nadie dijo que no fuera así. Resolverlo expeditivamente y sin hablar abocaba a una solución inesperada y de escasa fiabilidad en el equipo ministerial. Es una reforma muy mal instrumentada, con muchos más daños que los necesarios para agentes y consumidores y que, además, por los números conocidos, no resuelve el problema del déficit tarifario. Es insuficiente. Por tanto, tampoco es efectiva al no cumplir los supuestos objetivos.

Dañar el sistema eléctrico, los sectores económicos y el sector empresarial español por un comportamiento como es el déficit tarifario cuyo origen procede de la propia política y de las clases extractivas españolas (desmadre en la administración de costes regulados y control de precios eléctricos combinado) es un suicidio para la economía, la credibilidad y la seguridad jurídica de nuestro país, así como para el funcionamiento de los mercados y el ciclo de inversión y financiación empresarial.

En el medio largo plazo también tiene consecuencias. El hecho de confundir el interés general con el interés electoral y de la opinión pública, es un ejercicio de cortoplacismo y demagogia que lo podemos pagar caro en el futuro con peores redes, inversiones y pérdida de valor de nuestras empresas que pueden anticipar nuevas chapuzas. Por tanto, no se atiene al interés general, entendido correctamente sin la mirada puesta en el sondeo electoral.

La reforma eléctrica al final ha sido una carnicería operada por un macroeconomista con prisas en salir del ardiente problema, urgido de ocupar más altas responsabilidades y por un ministro dedicado a su futuro electoral y al aspirantazgo en su Comunidad Autónoma. Como decíamos antes, la resolución se ha realizado por la vía política. En todo caso, hay que señalar a sus responsables desde ahora y hacia el futuro: Nadal, Soria y Rajoy, por este orden.

Ni efectiva, ni equitativa, ni de interés general. Simplemente es una escabechina y un salvajismo, impropio de cualquier país occidental y ejercida por carniceros aficionados.