Los ingenieros denunciaron esta circunstancia y reclamaron a estos gobiernos autonómicos y a sus autoridades la puesta en práctica de mecanismos de control e inspección para prevenir sanciones que pueden alcanzar hasta los 6.000 euros.

El colegio detectó la falta de mediciones presenciales de los técnicos, así como otras irregularidades como la venta o alquiler de inmuebles sin la etiqueta energética, además de precios del servicio de la certificación que no garantizan su calidad y utilidad.

Junto a esto, recomendó realizar una correcta expedición del certificado a través de los profesionales legalmente competentes, como los propios ingenieros adscritos al colegio.

Algunos de los certificados, indicó, se están expidiendo sin que el técnico visite presencialmente el inmueble y realice mediciones de eficiencia energética que exige la norma.

En las mediciones, es necesario conocer aspectos como el consumo de energía, las emisiones de CO2, la calidad del aire interior, las condiciones de control térmico y lumínico, el gasto de calefacción, estudio de sombras y la envolvente térmica.

Para realizar estas mediciones de manera eficaz son necesarias, de manera orientativa, una media de entre seis y ocho horas para una vivienda de 120 metros cuadrados.