La intención del Ejecutivo de Mariano Rajoy es abordar este viernes la nueva reforma en su conjunto, lo que incluye toda la normativa elaborada para su puesta en marcha, esto es, un real decreto ley de medidas de sostenibilidad financiera, un anteproyecto de ley del sector eléctrico y ocho reales decretos.

La reforma tiene como objetivo aplacar el déficit de tarifa estructural de 4.000 millones de euros que cada año genera el sistema eléctrico. En términos acumulados, el déficit de tarifa (desfase generado al ser los ingresos del sistema eléctrico insuficientes para cubrir los costes) suma ya 26.000 millones de euros y se convirtió en un problema que amenaza con desbordar el ámbito eléctrico.

El ministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria, anunció un acuerdo con Hacienda acerca de la parte de los costes de la tarifa eléctrica que podrán asumir las cuentas públicas, si bien el departamento dirigido por Cristóbal Montoro replicó poco después que «no ha cerrado un acuerdo para asumir en el Presupuesto costes de la reforma energética», lo que dejó en suspenso que ésta pudiera aprobarse este viernes o se retrasara alguna semana más. Finalmente, la reforma verá la luz en este Consejo de Ministros.

Por lo que parece, Hacienda no asumirá en su totalidad los costes del sistema eléctrico previstos en la ley, sino una parte «muy inferior», y provocará de esta forma que buena parte de la carga de la reforma caiga sobre consumidores y empresas, lo que anticipa subidas del recibo de la luz y fuertes recortes a los operadores.

En concreto, Montoro se negó a asumir, conforme establece una ley del Gobierno anterior, los extracostes de las actividades extrapeninsulares, esto es, las correspondientes a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Por su parte, Industria insistió en que la solución al desajuste en el sistema eléctrico debe repartirse de forma «equitativa» entre consumidores, operadores y la Administración, a través de los Presupuestos Generales del Estado, aunque parece que este deseo no se hará realidad y recaerán, sobre todo en los consumidores y las empresas.

Hasta ahora sólo se habían avanzado algunas líneas generales: ajuste de costes a todas las actividades reguladas (distribución, transporte, primas al régimen especial, es decir, renovables y cogeneración) bajo la premisa de la «rentabilidad razonable», mecanismos para dotar de «estabilidad financiera» al sistema eléctrico y una tarifa en la que sólo queden las partidas «estrictamente necesarias».

Al margen de la reforma energética, el Ministerio de Industria elaboró las previsiones de costes regulados e ingresos de la tarifa de 2013 con la premisa de que el sistema recibirá un préstamo público extraordinario de 2.200 millones de euros, ya aprobado por el Congreso, y de que los Presupuestos Generales del Estado de 2014 asumirá los cerca de 1.800 millones de euros de sobrecostes de la actividad extrapeninsular, algo que podría haber logrado cerrar finalmente, según las fuentes consultadas por Energía Diario.

Para que se cumpla esta previsión, Hacienda deberá incluir este coste en los Presupuestos que presente tras el verano, al tiempo que, para que encaje la reforma energética conforme a los principios adelantados por Industria, deberá también asumir el compromiso de que, en el futuro, las cuentas públicas también asuman costes del sistema.

Frente al crédito de 2.200 millones de euros para este año, que es de carácter «extraordinario», la partida de sobrecostes extrapeninsulares debe ser asumida por ley por los Presupuestos Generales del Estado, conforme a una norma aprobada por el anterior Gobierno socialista, en la que se contemplaba un traspaso escalonado de este coste a la tarifa.

No obstante, desde su llegada al poder el Gobierno de Mariano Rajoy no ha cargado todavía sobre ninguno de sus Presupuestos Generales del Estado estos sobrecostes correspondientes a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, a pesar de que en 2012 Industria había calculado los peajes de la tarifa eléctrica con esa premisa.

Industria convoca a las eléctricas para informarles de la reforma

Asimismo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo convocó para la tarde de este jueves a los altos responsables de las principales compañías eléctricas, con la intención de informarles sobre las medidas que el Gobierno abordará como parte de la reforma energética.

Según indicaron fuentes del sector, el secretario de Estado de Industria, Alberto Nadal fue la persona encargada de reunirse con los directivos de alto nivel de Iberdrola, Endesa, Gas Natural, EDP España, E.On España, Acciona y Abengoa entre otras, puesto que el ministro Soria se encontraba en Bruselas departiendo con el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable del área de Competencia, Joaquín Almunia, a cuenta de la devolución de ayudas ilegales concedidas a los astilleros españoles entre 2005 y 2010.

Desde las eléctricas se aseguró que desconocen los detalles de la reforma pese a que durante la elaboración de la misma mantuvieron distintas reuniones de trabajo. A la convocatoria no estuvieron convocados los operadores Red Eléctrica (REE) ni Enagás, según las fuentes consultadas.

Aunque la reforma estuvo marcada por el hermetismo, para las empresas los recortes vendrían a través de ese ajuste de las rentabilidades de sus actividades reguladas, es decir, de cobrar menos por distribuir, transportar o generar electricidad con renovables o cogeneración.

Según pudo saber este diario, los recortes al régimen especial rondarían los 1.000 millones de euros, mientras que el impacto en las otras partidas del sistema eléctrico estaría cercano a los 600 millones de euros. Por su parte, los consumidores verían elevados los peajes eléctricos en unos 300 millones de euros.

Además, según las fuentes consultadas, parece ser que el mayor recorte se producirá en la actividad regulada de la distribución, que verá mermadas sus ganancias en un 20%.

Este recorte dejó muy preocupadas a las eléctricas, que salieron muy molestas de la reunión con Nadal ante lo que consideran un escenario muy negativo para su actividad, puesto que esperaban unas medidas de menor envergadura y que incluso podrían encontrar elementos discriminatorios entre la minoración sufrida por su negocio y el de algunas actividades de renovables, que saldrían menos perjudicadas.

Estas compañías entendieron que, tras haber realizado importantes esfuerzos para atajar el déficit de tarifa, deben pagar ahora de forma adicional los errores tanto de éste como de los anteriores gobiernos.

Junto a estos aspectos, la reforma eléctrica incluirá probablemente la posibilidad de «hibernar», parar durante un tiempo determinado, los ciclos combinados, plantas que usan gas para generar electricidad. Estas plantas que suman 25.175 megavatios, alrededor del 25% del total de la potencia instalada en España, llevan meses funcionando en mínimos.

También está previsto que se lleve a la reforma el balance neto, el mecanismo que permitirá el autoconsumo energético en viviendas y pequeños comercios, y que conllevará el pago de peajes por usar la red eléctrica.

Lo que no está claro es si el Consejo verá este viernes todos estos puntos o sólo algunos aspectos de esta compleja reforma para el sistema eléctrico español.

Facua lamenta que Industria no cuente con los consumidores

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción lamentó que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no cuente con los consumidores de cara a la reforma energética que llevará al Consejo de Ministros, mientras en paralelo convoca a las eléctricas para anunciarles el contenido de las medidas.

El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, lamentó que Industria convoque a las eléctricas y que «a las asociaciones de consumidores, ni agua». «No quieren hablar con nosotros ni para explicarnos los planes», señaló.

Para Facua, el Gobierno no tiene «el más mínimo interés» en conocer la opinión de las asociaciones de consumidores ante una reforma «de calado» que puede conllevar cambios importantes en la configuración de las tarifas eléctricas.

«Es un insulto a una organización que representa los intereses de los usuarios del país, gravemente afectados tanto por la reforma como por la pésima regulación que venimos sufriendo desde hace años», señaló.

Facua también expresó su «preocupación» ante la posible eliminación de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz o la reducción hasta entre 3 y 5 kilovatios (kW) de la potencia por debajo de la cual se puede disfrutar de este precio regulado. Esta medida expulsaría a los consumidores a un mercado «con precios inflados y sin competencia», dijo.