Un juez de Madrid se considera competente para llevar la demanda interpuesta por Repsol contra YPF
En octubre de 2012, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid admitió a trámite una demanda en la que Repsol acusaba a YPF de competencia desleal al ofrecer a terceros derechos de explotación del yacimiento de «Vaca Muerta», descubierto antes de la nacionalización de la petrolera argentina.
Posteriormente, Repsol presentó sendas demandas contra las petroleras Bridas y Chevron, después de que estas dieran los primeros pasos para aliarse con YPF en la explotación del citado yacimiento.
Tras ser admitida la primera de las demandas, YPF presentó una declinatoria al entender que los tribunales españoles no son competentes para llevar el caso, petición que fue rechazada por el juez, según informaron fuentes conocedoras del procedimiento.
En un auto de diecisiete páginas, el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid establece que YPF pague las costas e inicia los trámites para acumular en un único procedimiento las tres demandas interpuestas por Repsol.
En su demanda, Repsol solicitó al juez que declare que YPF infringe la normativa al ofrecer a sus competidores derechos de explotación sobre las reservas de hidrocarburos no convencionales descubiertas antes de que el Gobierno argentino decidiera nacionalizar a la compañía.
YPF cree que admisión de la demanda no resuelve el fondo de la cuestión
Por su parte, fuentes de la petrolera argentina, nacionalizada tras la expropiación del 51% de las acciones a Repsol, aseguraron que la decisión de un juez español de declararse competente para resolver la demanda interpuesta por Repsol contra YPF por competencia desleal «no resuelve el fondo de la cuestión».
Según YPF, la decisión del juez supondrá el inicio de «la discusión judicial sobre el fondo de la cuestión, cuyos efectos se circunscriben exclusivamente al mercado español».
La petrolera argentina subrayó que durante el juicio defenderá sus intereses y «cuestionará asimismo la incompetencia de la justicia española por cuanto la resolución de dicha cuestión no se encuentra alcanzada por la cosa juzgada».
YPF está bajo control del Estado argentino desde mayo del año pasado, después de que el Parlamento aprobara una ley para expropiar el 51% de las acciones a Repsol, que mantiene una participación del 12% en la petrolera argentina.



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