La asociación dijo esperar «una reforma integral del sector eléctrico, articulada por procedimientos abiertos y transparentes que favorezcan una solución de futuro sobre la base de un proyecto de Ley que pueda enriquecerse y consensuarse por todas las fuerzas políticas».

Además, se mostró reticente con el uso de la fórmula del real decreto ley para la aprobación de las nuevas medidas. La propia Constitución, recordó, establece en su artículo 86 que este tipo de reglamento sólo debe usarse «en caso de extraordinaria y urgente necesidad» y sin poder afectar «a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos».

La asociación también recurrió a la Carta Magna para recordar, en alusión a la propiedad privada, que «nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización».

Para Anpier, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, realizó un diagnóstico certero de los males que padece el sistema, pero, por lo que se desprenden de sus declaraciones, «no parece dispuesto a aplicar las medidas idóneas, puesto que si no se parte de una auditoria de los costes del propio sistema no se podrá actuar sobre cada una de sus deficiencias en la justa medida».