Durante su participación en los Encuentros Económicos de la localidad francesa de Aix-en-Provence y, posteriormente, tras reunirse con la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) en la sede de Fomento del Trabajo, el titular español subrayó que el Gobierno es «partidario» de reabrir la central dado que su cierre se originó «por motivos económicos», de mejorar ese aspecto podría reconsiderarse su situación.

«Tendremos los próximos meses para determinarlo, pero va a depender mucho de las condiciones económicas que ese cese definitivo pueda convertirse en una apertura«, indicó Soria, según el cual «lo único que requeriría es un real decreto».

«Sería deseable que si una instalación de estas características cumple todos los requisitos medioambientales que establecen Europa y España, y los correspondientes a la seguridad nuclear que establece el Consejo de Seguridad Nuclear, el Gobierno es partidario, en esas condiciones, de que se pueda reabrir», añadió Soria.

El Ministerio de Industria firmó este viernes la orden de cese de explotación de esa central, la más antigua y pequeña de España, y la autorización para su explotación por parte de su propietaria, Nuclenor, expiró este sábado.

La reforma energética que prepara el Gobierno, según indicó, no va a afectar «de manera singular» a su futuro, porque lo que sí tuvo incidencia sobre todas las centrales de España «fue el impuesto que sobre almacenamiento de residuos nucleares fue aprobado el pasado mes de diciembre».

Endesa e Iberdrola son las compañías propietarias a partes iguales de la central nuclear de Garoña a través de la empresa Nuclenor, que vieron mermada la capacidad económica de la infraestructura tras los nuevos impuestos a la actividad nuclear.

El cese llega como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, puesto que su aplicación suponía un aumento de los costes de la planta nuclear burgalesa en más de un 30%.

Garoña empieza su nueva etapa

Por su parte, la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) inició el sábado una nueva etapa administrativa después de que concluyera la autorización para la explotación de la planta.

Aunque Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, confirmó que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, había firmado la orden de cese de explotación (plazo que concluía el 6 de julio de 2013), dicha orden no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Nadal firmó esa orden, por delegación del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que hace más de un año delegó en el secretario de Energía la potestad de conceder las autorizaciones de explotación, de cese o de desmantelamiento de las instalaciones nucleares.

Desde la empresa Nuclenor, propietaria de Garoña, indicaron que la planta continúa parada, como viene estando desde el 16 de diciembre de 2012, y que este sábado inició su fase administrativa de cese de actividad y pre desmantelamiento, pese a que la orden de Industria no ha sido publicada.

En esta fase que se inicia ahora y que, según la compañía será de una «duración aún no definida», la titularidad y la propietaria de la planta sigue ostentando Nuclenor. En el momento en el que se declare el inicio del desmantelamiento, la propiedad y la titularidad pasará a manos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), que es la que se encarga de gestionar los residuos radiactivos que se producen en España, de muy baja, de baja y media y alta actividad.

La propia vicepresidenta confirmó que, ya que el cese de la actividad es por «motivos económicos y no de seguridad», el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, «va a iniciar las modificaciones normativas necesarias para contribuir a que pueda continuarse con la actividad en la instalación si fuera posible».

La propia Nuclenor dijo que «no renuncia a la posibilidad de solicitar una renovación de la autorización de explotación de la central en caso de que las condiciones así lo permitiesen».

Todo estos datos fueron dados a conocer después de una marcha celebrada contra la central nuclear, a la que asistieron unas 300 personas según Nuclenor, y unas 500 según Ecologistas en Acción, convocante de la protesta.

«Estamos convencidos de que no va a continuar», aseveró la coordinadora contra Garoña, Arístides García Suárez, antes de insistir en que tras la postura de Nuclenor, empresa propietaria de la central burgalesa, se esconden los «intereses» del ‘lobby’ de todas las centrales nucleares españolas.

Al respecto, García Suárez explicó que el estado en el que se encuentra la planta desde diciembre supone un coste diario para la empresa de entre 160.000 y 200.000 euros y que, en caso de pretender su reactivación, la empresa debiera asumir una inversión cercana a los 200 millones de euros.

En este sentido, recordó que a las reparaciones necesarias y fijadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), habría que sumar el coste de construcción de unas torres de refrigeración.

Asimismo, recordó que, en caso de que Nuclenor apostase finalmente por la continuidad, debiera iniciar un proceso, cuya duración oscilaría entre uno y tres años, para solicitar de nuevo todos los permisos pertinentes para una explotación de estas características, así como recibir el visto bueno de los filtros local y regional y las autorizaciones del CSN y el propio Gobierno de la nación.

La dirección de la planta reconoció que en la protesta no se produjeron incidentes y que los manifestantes corearon lemas contra la central nuclear.

Los manifestantes se mantuvieron en todo momento al otro lado de una valla que impedía cruzar el puente sobre el río Ebro que da acceso a la entrada de la central de Garoña, que estaba custodiada por miembros del servicio de seguridad de la planta y efectivos de la Guardia Civil, apoyados por un helicóptero que estuvo sobrevolando la zona.

El PSOE pide a los ayuntamientos que reprueben al ministro

Por su parte, el PSOE va a proponer a todos los ayuntamientos del entorno de la central nuclear de Santa María de Garoña una moción de reprobación del ministro de Industria, José Manuel Soria, según informó el secretario del PSOE en Burgos y diputado nacional, Luis Tudanca.

El ministro, dijo, ha «tomado el pelo» a los trabajadores de Garoña y a todos los habitantes de la zona «prometiendo que la central seguiría abierta y utilizando hasta cuatro trampas para intentarlo sin éxito, mientras paralizaba el plan de apoyo económico a alternativas económicas y laborales en la zona».

Por esta razón, en la moción se incluirá también una petición a los gobiernos central y autonómico para que fijen en los próximos presupuestos generales una partida específica para la reactivación del entorno de la planta.

Tudanca acusó al ministro de Industria de realizar «cuatro trampas legales» en sólo un año para que Garoña pueda seguir en «coma inducido» y de pretender ahora una nueva con un borrador de decreto que permitiría una prórroga de un año de la central en situación de parada.

El diputado socialista expresó su confianza en que el Consejo de Seguridad Nuclear informe en contra de la aprobación de un decreto de este tipo, porque «no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido, pero menos cuando la orden de cierre de la central ya ha vencido».

Tudanca insistió en que la «incertidumbre» que viven los vecinos de la zona y los trabajadores de Garoña ya se tradujo en que sólo se mantiene la plantilla directa de Garoña, de algo más de doscientos trabajadores, mientras otros 250, contratados por empresas subcontratadas para trabajar en la planta nuclear, ya fueron despedidos.

Asimismo, consideró que en la situación actual, según la versión de la empresa propietaria de Garoña, que forman Iberdrola y Endesa, la central sólo podría volver a operar si se rebajan costes, lo que implica «o que se rebajen las exigencias de seguridad marcadas por el Consejo de Seguridad Nuclear o que se rebajen impuestos a empresas cuya situación es mucho mejor que la de muchas familias a las que cada vez se exigen más pagos».