Julio de 2012

Seis meses después de la designación del nuevo gobierno, con José Manuel Soria como ministro de Industria, Energía y Turismo, y con Fernando Marti Scharfhausen como sorprendente secretario de Estado de Energía, el déficit tarifario camina desbocado (al final del año acabará en 5.800 millones de euros). En esos momentos, se está a la espera de una batería de medidas que complemente el cierre de los registros de preasignación para los nuevos proyectos renovables.

Ya se habían hecho las primeras chapuzas en las revisiones tarifarias y los retroprogresivos, ante un ejecutivo con pocas convicciones liberales, distribuyen el mensaje de la “quita” con cierta aquiescencia de los intervencionistas conservadores del PP. Junto a ello, campañas trimestrales de generación de dudas sobre el mercado eléctrico. Un día habrá que narrar cómo el efecto acumulación en el déficit tarifario genera la sensación de capacidad de buscar soluciones simples a problemas complejos e imaginativas ideas de atajos expropiatorios, envilecidos por una sensación de inconsciencia económica.

La única y exigua medida que había tomado el flamante nuevo ejecutivo hasta entonces fue amplificada en su repercusión, por lo que suponía de romper una dinámica automatizada, cuya costumbre había hecho pasar por normal lo que no es normal. El diálogo y la negociación no existen. Marti Scharfhausen no se ocupa directamente del problema y, desde la barrera, en privado, anticipa ‘sartenazos’ a los agentes y empresas.

Julio de 2013

El déficit tarifario del año 2013, hasta la última liquidación conocida, sigue campando a sus anchas. Ya está en 1.900 millones de euros y sigue subiendo. La primera revisión de tarifas, con la bajada de la electricidad en las subastas, se absorbe con una alegría para el cuerpo político y electoral, trasladándola a la factura en términos de bajada. La segunda subasta presenta una subida que se traslada, pero los costes regulados se congelan en la tarifa y van creciendo de forma escondida. Campaña trimestral contra el mercado cuando estacionalmente se anuncian una subida. Nada es lo que parece. Todo sigue “igual”.

Por otra parte, también se está a la espera de otra nueva batería de medidas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con el mismo ministro, José Manuel Soria y, esta vez, con un nuevo secretario de Estado, Alberto Nadal; medidas que están en cocina y se han ido anunciando bajo el signo del apocalipsis y la amenaza. La denominada “reforma eléctrica” se vuelve cada vez más compleja.

Se buscan fuentes de financiación y la tarea no es fácil, pese a que el Gobierno ha decidido llevar 2.200 millones de euros de las renovables a los Presupuestos Generales del Estado: pasan de ser subsidios incluidos en las tarifas de acceso a subvenciones. Por su parte, este Gobierno también tiene su cuota de ideas inverosímiles para paliar el déficit como la incalificable propuesta de los sistemas extrapenínsulares, cuyo resultado, de haber salido como entró, es el contrario al deseado. En todo caso, hace falta más para acabar con el déficit tarifario. A cambio, el Gobierno idea una reducción retributiva en múltiples frentes; ese es el ‘frame’ y, todavía, puede darnos muchas sorpresas.

El diálogo, la negociación y la gestión con los agentes del sector, en realidad, tampoco existen hoy, como hace un año. Ante ese formato de relaciones, los agentes, sectores empresariales, financieros e internacionales se muestran fuertemente contrarios y no se quedan quietos. Ha habido ensañamiento por parte del Ejecutivo en las primeras medidas del año, con el régimen general y con el mercado eléctrico liberalizado. También con ciertas tecnologías, como la nuclear, la hidráulica o la eólica. El apalancamiento fotovoltaico es letal. El siguiente reparto de los recortes necesita mucho más cuidado, pero tampoco es especialmente delicado el nuevo equipo, que está metido en el búnker y además pretende dictaminar las rentabilidades de cada tecnología.

Ahora, con todo lo que se anuncia están en entredicho la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria. Industria trabaja con el miedo en el cuerpo de los varapalos judiciales. Además, los agentes internacionales, como países árabes y Estados Unidos, se han puesto pies en pared. Han movido pieza al más alto nivel. El Gobierno, urgido, se alegra del anuncio de Angela Merkel de revisión de las retribuciones a las tecnologías renovables tras las elecciones alemanas. Se busca una asidera argumental para presentar en sociedad ese recorte, toda vez que nuestro país se había hecho adicto a este modo de subvenciones. En todo caso, el Gobierno tendrá que hacer la lectura de que España no es Alemania por muchos motivos.

El problema no es fácil, la verdad. Y, el hecho de que haya enormes similitudes entre la situación de hace un año y la situación actual, tampoco es edificante. Porque, en realidad, con una situación de estas características, el problema ya no está igual, aunque en apariencia lo parezca. Se produce el movimiento en el movimiento (mobilis in mobile). Es una cuestión inquietante, además, dado que la enfermedad avanza vertiginosamente y ahora ya es un problema macroeconómico de deuda, financiación y de riesgo país.

Por su parte, la Unión Europea ha entrado también de forma más exigente y se ha informado. La Comisión Europea está impeliendo al Gobierno español a que actúe respecto al déficit tarifario tras la última revisión del programa de reformas. El conocimiento exterior de los comportamientos adictivos de nuestros gobiernos a la deuda (derivado de sus pleitesías políticas y sus temores electorales), y a las formas de generación de la misma (ya tenemos déficit gasista y del butano), incluso a las formas de sufragarla y presentarlas en sociedad, empiezan a ser extraordinariamente conocidos y descritos con minuciosidad en sus mecanismos. Ya no se engaña a nadie.

Moncloa sabe que el Gobierno está montado en un tigre con el problema del déficit tarifario eléctrico. Se precisan las mejores artes de microcirugía, negociación, cintura, gestión y otra actitud. Y, el tiempo, inexorable, sigue corriendo.