Los productores renovables podrían denunciar a Industria y al IDAE por atraer a inversores en fotovoltaica a través de «publicidad engañosa»
Se remontan a la campaña que, desde el año 2006, y con el eslogan «El sol puede ser tuyo«, el IDAE publicitó y promovió para la inversión en energía solar fotovoltaica.
Estas resultaron ser unas inversiones «ruinosas» para 55.000 familias españolas, en la mayoría de los casos pequeños ahorradores agrupados en cooperativas solares ubicadas en entornos rurales, denunció Anpier.
Este colectivo de productores renovables consideró que una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de una entidad que atrajo a inversores mediante publicidad para desarrollar una planta de generación fotovoltaica en uno de sus terrenos sienta un «precedente» que, por «guardar una evidente analogía, anima a los productores fotovoltaicos a reclamar los daños derivados de una campaña de publicidad engañosa organizada por el IDAE y el Ministerio de Industria, y cuyos argumentos se revelaron falaces y gravosos para estas familias que, partiendo de esta información, tomaron la decisión de invertir sus ahorros e hipotecar su bienes para financiar los proyectos que ahora les lleva a la ruina».
Según Anpier, el Supremo confirmó la nulidad de la venta a uno de los clientes, por lo que la empresa promotora deberá reintegrar el precio abonado, 480.000 euros, así como los intereses, porque, según este Tribunal, la información ofrecida antes de la firma era «errónea y equivocada».
Anpier recordó que la Ley General de Publicidad, Ley 34/1988 de 11 de noviembre de 1988, es «muy clara» y en su artículo 2, define que es publicidad «toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones».
Y estableció, en el artículo 4, que será «engañosa la publicidad que de cualquier manera, incluida su presentación, induce o pueda inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor» y añade que «es también engañosa la publicidad que silencie datos fundamentales de los bienes, actividades o servicios cuando dicha omisión induzca a error de los destinatarios».
Según Anpier, el IDAE, en aquellos años dirigido por Enrique Jiménez Larrea, es un organismo adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Energía, aseguraba en sus soportes publicitarios que «la inversión tendría una rentabilidad de hasta el 9% a un plazo de 25 años y animaba a un financiar el 80% del coste de la instalación, una inversión que se presentaba, además, como ética y patriótica».
Así como, que «usted está contribuyendo al desarrollo sostenible de su comunidad, ya que está evitando la emisión de CO2 a la atmosfera» recogió en sus soportes publicitarios.
Por ello, el presidente de Anpier, Miguel Angel Martínez-Aroca, declaró que ésta «es una más de las acciones que ponemos en marcha» para defender «nuestros derechos por todas la vías, en todas las instancias y por cualquier cauce».
«Más allá de un atropello que amenaza la viabilidad económica de 55.000 familias españolas, el Gobierno quebranta la seguridad jurídica y la confianza legítima, pilares esenciales para cualquier país que quiera ser respetado tanto por sus nacionales, como por la comunidad internacional», concluye Martínez-Aroca.
Lo que se comenta en este artículo ha sido una de las mayores estafas cometidas en primer lugar por el gobierno socialista y rematado por el gobierno del PP, pues se aseguró una rentabilidad a los inversores que finalmente no se ha cumplido.
A mi juicio, todas las medidas que se han tomado hasta la fecha no han dado ningún resultado, pues El Sector de las Energías Renovables continúa apaleado y maltrecho por una serie de decretos ley que se han publicado desde el 2010 por los gobiernos.
La denuncia que va a presentar la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético en la Fiscalía Anticorrupción tendrá el mismo resultado que anteriores Denuncias Nacionales e Internacionales (Fondos de Inversión), pues no le conviene al gobierno ningún tipo de cambio en la Política Energética.
Nunca podrá conseguirse, a no ser que se empleen medidas de fuerza mayor, que el Oligopolio de Endesa, Iberdrola y Gas Natural, permita la entrada de un competidor en la generación de energía.
Existe desde hace años un matrimonio de conveniencia entre los gobiernos y el Oligopolio, de forma que constantemente se efectúan fichajes de ex presidentes, ex ministros, así como otros altos cargos en el Oligopolio para proteger los intereses de todos ellos.
Esta forma de proceder constituye una clara prevaricación por parte de los mandatarios de los gobiernos, pues sus objetivos son absolutamente particulares, en contra de los intereses de los españoles.
Todos estos fichajes continúan cobrando Pensiones Vitalicias y cobran del Oligopolio, única causa en la que hay una convergencia entre el PP y el PSOE, y los españolitos nos quedamos impasibles ante tales injusticias.
Lo más surrealista de la Política Energética es que se está beneficiando de forma vergonzosa por parte del gobierno al Oligopolio formado por: Endesa, que es propiedad al 100% de la italiana Enel; Iberdrola, teniendo Qatar Holding el 6,16%, y Gas Natural, con un 3,85% de la argelina Sonatrach.
De esta forma, el gobierno español hace todo lo necesario para que la electricidad proceda del Oligopolio, perfectamente orquestado con Red Eléctrica Española (REE), para que no exista en España una Libre Competencia de Mercado, anteponiendo la importación de petróleo y gas a los socios de estas empresas y generando cantidades astronómicas de CO2, en contra de que se permita la generación de esta energía de forma limpia por Empresas de Energías Renovables, e incluso consiguiendo que se pudiese bajar la factura de la luz.
Dado que como decía al inicio, estas medidas no servirán de nada, habría que pensar en otro tipo de medidas que pudiesen informar y mentalizar a los españoles y a los sindicatos de lo que está sucediendo en el sector energético.
Aunque siempre han ido en contra de mis principios, sugiero como una de las posibilidades que se organicen “Escraches”, a los que acudirían los 55.000 afectados y muchas más decenas de miles de personas, y que se presentasen en el Congreso de Diputados, así como, y todavía mucho más en contra de mi ética y principios, en los domicilios de los que están provocando esta flagrante injusticia.