Denuncian la falta de transparencia en la contratación de la asistencia técnica fotovoltaica de Industria

De esta manera, la asociación recordó que el IDAE recoge en sus instrucciones internas de contratación que los contratos se regirán por el Real Decreto 3/2011, que regula los contratos del sector público y exige la pública licitación.

Anpier criticó también que se trata de «un capítulo más de la infausta reforma del sector eléctrico, que supone uno de los mayores escándalos de la historia de la democracia española, puesto que es el propio Estado el que estafa a los ciudadanos«.

La asociación añadió que esta reforma «arruina a los fotovoltaicos, esquilma las economías familiares y lastra el futuro de generaciones venideras».

Por ello, solicitó al Gobierno que recapacite y rectifique los textos de la reforma y reponga «inmediatamente» la seguridad jurídica en España. Además, consideró «absolutamente innecesario y una burla al sector» destinar un millón de euros para la contratación de tres consultoras para asesorar al propio Ministerio.