Según informó el Instituto Armado, al no pagar los impuestos correspondientes, la organización podía ofertar el producto a precios muy competitivos, con lo que acaparaba gran parte del mercado de hidrocarburos en aquellos territorios donde la estructura criminal se iba implantando, como ya sucedió en Cataluña.

En esta comunidad, la organización poseía una amplia red de gasolineras con las que controlaba todos los niveles que conforman este mercado. Contaban con un «bróker» internacional ubicado en Suiza, que era el encargado de adquirir el hidrocarburo. Otra empresa se encargaba de introducirla en España y una segunda empresa actuaba como receptora del producto en territorio nacional y se encargaba de distribuir el hidrocarburo.

Como responsables de esta actividad se detuvo a los 17 personas, a los que se les imputa delitos de blanqueo de capitales; falsedad documental; contra el mercado y los consumidores; y contra la Hacienda Pública. Además, se realizaron 15 registros en domicilios y empresas que eran propiedad de los ahora detenidos.

La investigación, desarrollada en Sevilla, Cádiz, Málaga, Girona y Barcelona, contó con la colaboración de la Agencia Tributaria. La intervención se centró en 15 empresas de la organización, sobre 10 de las cuales la autoridad judicial dictó el cese provisional de sus actividades.

Los beneficios obtenidos por la red eran blanqueados mediante estructuras financieras en España y en el extranjero. El dinero se enviaba a Hong Kong como primer paso para el blanqueo de capital y desde aquí pasaba posteriormente a otros países.

Se incautó abundante documentación y más de un millón de euros y miles de dólares en efectivo ya preparados para su inminente salida hacia Hong Kong. De hecho, la explotación de la operación se coordinó con las autoridades chinas de Hong Kong, teniendo previsto que una comisión judicial se desplace hasta aquella localidad asiática.

Además, se intervinieron 102 vehículos, alguno de ellos de lujo, así como 24 propiedades inmobiliarias y más de cien cuentas bancarias.

Petromiralles dice que no defraudó ni alteró el precio

Por su parte, la petrolera catalana Petromiralles, cuyos máximos responsables fueron detenidos en la operación contra un entramado de empresas acusadas de defraudar en dos años 100 millones en el pago del IVA, negó haber cometido ningún delito fiscal ni haber alterado el precio de los carburantes.

La Guardia Civil detuvo al director general de Petromiralles y alcalde de Santa Maria de Miralles (Barcelona), Josep Maria Torrens Ferrer, y a su hermano Pere, a quienes considera los creadores del entramado conformado alrededor de su compañía, con el que supuestamente defraudaban 250.000 euros al día y con el que se obtenían precios competitivos para acaparar el mercado.

Petromiralles sostiene que ni la empresa, ni los hermanos Torrens, participaron en ninguna trama criminal, ni «tienen relación alguna con los hechos presuntamente delictivos», como se acabará demostrando en la instrucción judicial, dirigida por el juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional.

«Ni Petromiralles, ni los hermanos Torrens, han participado en ninguna actuación constitutiva de delito de defraudación a la Hacienda Pública, ni que suponga alteración del precio de los productos, ni tampoco blanqueo de dinero», remarcó la petrolera.

Según Petromiralles, en el registro a las instalaciones centrales de esta petrolera, ubicada en Santa Maria de Miralles, la Guardia Civil únicamente incautó 10.400 euros, producto de la recaudación del fin de semana de una de las gasolineras del grupo «que no había dado tiempo a ingresar en la correspondiente entidad bancaria».

Los agentes también se llevaron de las oficinas de Petromiralles diversa documentación de carácter económico y contable, tanto en soporte de papel como informático.

En cambio, ni el millón de euros ni los vehículos intervenidos han sido localizados ni en la sede de Petromiralles ni en ninguna instalación perteneciente al grupo, al que tampoco se ha intervenido ningún inmueble de su propiedad, según sostiene la petrolera. Según la Guardia Civil, en el registro en la casa de Josep Maria Torrens se encontró una pistola con munición.

Petromiralles se define como un grupo empresarial dedicado a la comercialización y distribución de hidrocarburos, tanto para mayoristas como para minoristas, y subrayó que dan trabajo «a más de 400 familias», a las que ahora considera que las informaciones sobre el caso les pueden causar «perjuicios irreparables».