En declaraciones al término de la reunión del sindicato con el secretario de Energía, Alberto Nadal, Fernández explicó que, a pesar de que el tema central del encuentro debía haber sido los asuntos sociales y laborales, el Gobierno les dibujó también una serie de cuestiones de política energética.

Según el sindicalista, el Ejecutivo señaló que quiere que el carbón autóctono tenga una «capacidad digna» dentro del mix energético de España y que debe conseguir «desplazar al carbón de importación».

«Estas cosas empiezan a sonar de otra manera», dijo, aunque advirtió que la solución al futuro del sector depende por un lado del contenido de la reforma energética que se anuncie en las próximas semanas y, por otro, de lo que ocurra el próximo día 3 de julio en Bruselas, cuando se adoptará una decisión sobre el futuro de la minería y los impuestos al CO2.

Fernández afirmó además que el departamento dirigido por José Manuel Soria también expresó su intención de ir reduciendo la producción de carbón hasta alcanzar los 4,5 millones de toneladas para 2019, sin especificar el programa para las empresas ni sus producciones.

En todo caso, el responsable sindical advirtió de que, en lo que va de año, sólo se quemó en las centrales térmicas el 10% del carbón nacional asignado. «Confiamos en que al final del ejercicio llegar al menos a poder quemar el 50% de lo previsto», señaló.

Industria también insistió en que la negociación sobre el carbón debe inscribirse en el contexto energético actual, caracterizado por la sobrecapacidad del parque de generación, en el que existen más de 100.000 megavatios (MW) para una demanda de poco más de 30.000 MW.

Por otro lado, el sindicato de la minería del carbón entregó al Ministerio de Industria un documento con su posición sobre la futura reestructuración del sector y en el que mostró la posición del sindicato en aspectos sectoriales, territoriales y sociales.

En el primero de ellos, reclamó la definición del ámbito de las empresas que percibirán las ayudas y pidió que se determinen las ayudas a la explotación, las producciones y el empleo hasta diciembre de 2018.

En cuanto al consumo garantizado, defendió un mecanismo equivalente y sustitutorio del actual real decreto de restricciones por garantía de suministro con una duración mínima hasta diciembre de 2018. También pidió ayudas a los «stocks», al transporte y al cierre de unidades de producción.

En el capítulo social, UGT reclamó la ausencia de bajas traumáticas, lo que implica que el acuerdo recoja prejubilaciones, bajas incentivadas, tratamiento de excedentes, recolocaciones, la creación de una subcomisión de adaptación laboral y el mantenimiento del «vale de carbón».

En materia territorial, propuso la creación de una comisión de seguimiento integrada por las partes firmantes del acuerdo, para analizar y proponer actuaciones, dando prioridad a la formación, las becas y la creación de un tejido empresarial fuerte y competitivo con capacidad de generar empleo.

UGT también expresó su «más rotunda oposición» a la intención del Gobierno de desmantelar el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el cierre de la Fundación para el Desarrollo de la Formación, encargada de la gestión de las becas y los planes de formación.

El sindicato también reclamó que todas las obras de infraestructuras en las comarcas mineras iniciadas dentro de los programas de ayudas de la minería vigentes hasta ahora se concluyan.

Por todo ello, Fernández concluyó diciendo que «esperemos que seamos capaces de elaborar documento y llegar a un tipo de acuerdo».

CCOO urge a concretar la producción de carbón para abordar asuntos laborales

Por su parte, CCOO pidió al Gobierno que concrete cuál será la producción de carbón autóctono y las plantillas que habrá en el sector en los próximos años para poder comenzar las negociaciones sobre los aspectos sociales de la reestructuración del sector.

Según señaló el responsable de industria extractiva de Federación de Industria de CCOO, José Luis Villares Suárez, el sindicato apuesta por reducir las plantillas con medidas no traumáticas, como las prejubilaciones, que fue el mecanismo utilizado hasta ahora en el sector de la minería del carbón.

En el transcurso de una reunión celebrada en el Ministerio de Industria, dijo Villares, el secretario de Energía, Alberto Nadal, explicó a los representantes de CCOO la problemática existente en el sector eléctrico, donde la escasa demanda está causando que las centrales de carbón estén paradas.

El carbón que no se utiliza se almacena temporalmente en las centrales térmicas y se usa según una programación hecha por el Gobierno que, debido a la caída del consumo, este año previsiblemente se incumplirá.

El dirigente sindical afirmó que las compañías eléctricas están utilizando el carbón nacional como arma para negociar con el Gobierno.

En cuanto al futuro del sector, Villares señaló que el Gobierno no aportó datos exactos de cuál será la producción después de 2018, fecha que marcó Bruselas para eliminar las ayudas al sector.

El Gobierno y los sindicatos iniciaron una ronda de contactos para perfilar un documento sobre el nuevo plan del carbón. A lo largo del mes de julio continuará con contactos para abordar los distintos aspectos laborales, sobre infraestructuras en las comarcas para concluir con una reunión conjunta y un documento pactado antes de que acabe el mes.