Fukushima insta a Japón a tomar la iniciativa para solucionar el problema de las continuas fugas radiactivas

En una rueda de prensa, Sato consideró que se trata de una «emergencia nacional» por lo que el Gabinete de Shinzo Abe debería adoptar medidas específicas, según informó la televisión pública NHK.

El alto cargo del Gobierno de Fukushima, Shoji Furuichi, se reunió esta semana con representantes de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) y les trasladó su enérgica queja por lo que considera una situación «intolerable».

Las autoridades regionales reaccionaron así a la polémica que se desató después de que TEPCO anunciara que se habían filtrado 300 toneladas de agua radiactiva desde uno de los 26 tanques construidos alrededor del reactor número cuatro de Fukushima.

Los operarios de la compañía eléctrica creen que la fuga de agua radiactiva se produjo desde una de las válvulas de los muros que se han construido alrededor de los reactores de Fukushima para contener el vertido contaminante.

El mismo día, TEPCO informó de que había detectado en el aire de Fukushima niveles de radiación superiores a los normales y que dos de sus trabajadores habían estado expuestos a ellos mientras esperaban la llegada de un autobús.

En un incidente similar ocurrido hace unos días, los operarios de TEPCO atribuyeron la radiactividad aérea a un humidificador, argumentando que el agua usada podría estar contaminada, pero ahora está en desuso, por lo que se desconoce la causa.

Por ello, TEPCO se comprometió a reforzar el control sobre la central nuclear de Fukushima, después de admitir el vertido diario cientos de toneladas de agua radiactiva al océano Pacífico.

Asimismo, la ONG Ecologistas en Acción afirmó que ni TEPCO, ni las autoridades japonesas han sabido reaccionar a tiempo ni tomar medidas adecuadas tras la catástrofe ecológica de Fukushima y concluyó que esta situación demuestra que «la energía nuclear no compensa».

«Los vertidos producidos de decenas de miles de toneladas de agua radiactiva al mar que se han producido en Fukushima son en sí mismos una catástrofe ecológica de primer orden», explicó la ONG, que insistió en que «se están contaminado los fondos y ecosistemas marinos» y, por lo tanto, «Japón queda condenado a realizar controles de las aguas, de las especias pescadas y de las algas durante décadas».

De esta forma, insistió en que «todos estos nuevos sucesos ponen una vez más de manifiesto el peligro que supone el uso de la energía nuclear, que no compensa las ventajas obtenidas». «Las centrales nucleares son inherentemente peligrosas y es imposible garantizar su seguridad al 100 por ciento», según concluyó Ecologistas en Acción.

Residentes en Fukushima demandarán al Gobierno

Por su parte, los residentes en la prefectura de Fukushima anunciaron que presentarán una demanda contra el Gobierno de Japón por actuar de forma negligente al no crear los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar la entrega de ayuda a los damnificados por el accidente nuclear.

En junio de 2012, el Gobierno promulgó la ley que autoriza la entrega de ayuda a los residentes en Fukushima que se vieron afectados por la radiación procedente de la central nuclear, pero que se encontraban fuera de las zonas de exclusión terrestre.

Los demandantes, un grupo de 19 residentes en Fukushima, consideraron que el Gobierno ha actuado de forma negligente porque no ha cumplido con el desarrollo legislativo necesario para que la ayuda llegue efectivamente a sus destinatarios, según la cadena NHK.

El 11 de marzo de 2011 un terremoto y un posterior tsunami arrasaron la costa de dicha prefectura japonesa, dando lugar al peor accidente nuclear de la historia, junto al de la central de Chernóbil, ubicada en Ucrania.

Fukushima estaba preparada para un terremoto, ya que Japón se asienta sobre una falla, pero no para un tsunami, por lo que el azote del mar provocó varias explosiones de hidrógeno que hicieron que los núcleos de algunos de sus reactores se fundieran parcialmente.

Los altos niveles de radiactividad obligaron a las autoridades locales a crear zonas de exclusión terrestre, que supusieron la evacuación de miles de residentes locales. Todavía hoy muchas siguen vigentes parcialmente.