IU-ICV propone que el autoconsumo permita recuperar durante 12 meses los excesos vertidos a la red sin pagar

La iniciativa de la diputada Laia Ortiz, parte de la premisa de que promocionar el autoconsumo permitiría, además de reducir las emisiones contaminantes y mejorar la balanza comercial al reducir la dependencia energética, la creación de unos 5.700 puestos de trabajo directos en cinco años con un volumen de instalación de 400 MW anuales, según los cálculos de la Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético.

Además, el Estado obtendría unos retornos por la actividad económica generada –recaudación de impuestos y ahorro por desempleo– de 300 millones de euros, «evitándose además, el desembolso de más de 130 millones en importaciones energéticas», añadió la diputada catalana.

Por eso, IU-ICV-CHA propuso al Gobierno que desarrolle la reglamentación del autoconsumo de balance neto para los consumidores domésticos y las pequeñas empresas, y planteó la posibilidad de que esa normativa permita al consumidor «ceder los excedentes de energía producida generando unos derechos de consumo diferido con una vigencia de doce meses».

Además, Ortiz pidió que no se impongan peajes de acceso para la energía autoconsumida y que, para la que se intercambie, se tenga en cuenta la potencia instalada por el usuario y se apliquen de forma creciente en el tiempo, «en función de la madurez de las tecnologías, con el fin de garantizar una rentabilidad adecuada y una implantación progresiva».

«En cualquier caso estos peajes permitirán y favorecerán la implantación del autoconsumo de energía«, precisó la diputada, añadiendo que la tarifa a pagar por la energía que se tome de la red y no se autogenere debería ser «la misma» que tienen el resto de consumidores sin instalaciones fotovoltaicas.

La Izquierda Plural también reclamó al Gobierno que trabaje para eliminar «todas las trabas burocráticas» para la instalación de sistemas de producción energética renovable, y le acusó de haber provocado un «frenazo» en el desarrollo de la energía solar con sus «sucesivos» cambios regulatorios, que han provocado que España «haya perdido el liderazgo» en el sector.

«Los impedimentos administrativos actuales están favoreciendo a las compañías eléctricas y de gas, pues el sistema está concebido sólo para que las empresas vendan electricidad a la red pero administrativamente es enormemente complicada la producción eléctrica para autoconsumo para un particular«, reprochó Laia Ortiz.