Sedigas estima en 500 millones de euros el impacto del céntimo verde sobre el sector del gas este año

El presidente de Sedigas, Antoni Peris, que pidió la eliminación de la tarifa de último recurso en el gas tal como está concebida, aseguró que estos 500 millones de euros son la aportación del sector del gas a la reducción del déficit de tarifa eléctrico.

Peris comentó que el sector del gas «no debería contribuir a arreglar» un déficit del que no es responsable, y recordó que el céntimo verde repercute sobre los grandes consumidores industriales (que pagan el tipo reducido, de 0,15 euros por gigajulio), y también sobre los clientes domésticos y comerciales, entre otros, que pagan el tipo general, de 0,65 euros por gigajulio.

Y es que este impuesto «encarece la energía» y afecta a la competitividad del gas, aseguró Peris, que alertó asimismo sobre la situación de los ciclos combinados en España.

Peris pidió establecer un «mínimo» grado de utilización para estas instalaciones que transforman la energía térmica del gas natural en electricidad.

Los casi sesenta ciclos combinados que hay en España tuvieron el año pasado un grado de utilización medio del 19%, y en abril de este año funcionaron sólo a un nivel de entre un 8% o un 9% de su capacidad.

Peris aseguró que parecería «lógico» que se fijara un mínimo grado de funcionamiento para estas instalaciones, porque este tipo de infraestructuras gasistas son fruto «de la planificación» del Gobierno y «una vez hechas se tienen que pagar», dijo.

En este sentido, remarcó que debe asegurarse que los ciclos combinados puedan garantizar el suministro eléctrico cuando «no haya viento o sol».

Por ello, Peris consideró que la nueva reforma energética que prepara el Gobierno debería tener en cuenta «el impacto sobre el sector gasista» de las decisiones que se tomaron para atajar el déficit eléctrico.

Por otra parte, Peris opinó que la tarifa de último recurso en el gas natural, la mayoritaria entre los ciudadanos, debería «eliminarse» y sustituirse por una «libre», que permitiera recoger los «costes reales» del sistema.

Peris argumentó que hay una «competencia real» en el sector del gas, y que por ello la eliminación de la TUR «no tendría que tener ningún impacto» sobre el precio final que paga el consumidor doméstico.

Por otra parte, el sector gasista mantiene conversaciones con el Gobierno para que se le permita expandir los usos del gas natural en sectores como el transporte -como combustible para grandes buques, por ejemplo- o bien en instalaciones como las calderas, como alternativa a las de gasoil.

En cuanto al déficit de tarifa gasista, la diferencia entre los costes y los ingresos del sistema, aseguró que es meramente «coyuntural» y supuso 310 millones de euros el año pasado.

Respecto a la demanda de gas natural por parte del mercado convencional, formado por la industria y el sector doméstico y comercial, espera que acabe el año con un 2% de crecimiento.

La patronal gasista Sedigas, con sede en Barcelona, cuenta con más de 150 socios entre los que se encuentran todas las empresas energéticas que operan en España.

A favor del «fracking» siempre que se respete medio ambiente

Asimismo, defendió la técnica del «fracking», nombre con el que se conoce la extracción de gas no convencional mediante fractura hidráulica, siempre que se ejecute con unos estrictos requisitos medioambientales, según manifestó el presidente de Sedigas en referencia a esta técnica para extraer el llamado gas pizarra que ha abierto un debate medioambiental.

Peris consideró que España no debe cerrar la puerta a explorar su potencial de reservas de gas no convencional y que debe abrirse tanto un debate de sostenibilidad medioambiental como «energética», en alusión al coste para la economía española que tiene la fuerte dependencia energética de España del extranjero.

«Por los números que se barajan, parece que existe este potencial (de reservas de gas pizarra), aunque sólo se está en una primerísima fase de prospección», según Peris.

«Habiendo una riqueza en el subsuelo, si es explotable, no tendría que haber problemas, pero las cosas se han de hacer bien, como en cualquier actividad industrial. Y si se deben mejorar las condiciones medioambientales, que se mejoren», concluyó Peris.

En cualquier caso, Peris aclaró que Sedigas está formada por más 150 socios de actividades como la comercialización, la distribución o el transporte, pero que ello no incluye a los productores de gas.

Preguntado por la fiabilidad de la técnica del «fracking», Peris aseguró que se dijeron algunas cosas «algo inverosímiles» sobre el impacto medioambiental de esta técnica que se basa en el uso de un fluido compuesto por agua, arena y productos químicos a gran presión para fracturar la roca y liberar el gas.

Peris comentó que, por la información de la que dispone, las cosas se están haciendo «razonablemente bien» en los países en los que se está usando, ya que se está logrando cada vez un menor impacto medioambiental.

Y comentó que, pese a algunas imágenes impactantes que se divulgaron sobre el uso del «fracking» en Estados Unidos, en ese país hay Estados donde se aprobaron requisitos medioambientales «muy duros y exigentes».

La cuenca vasco-cantábrica y el macizo cantábrico son dos de las zonas de España con mayor potencial de gas pizarra, según los expertos.

En Cataluña, la Generalitat avanzó esta semana que pedirá una declaración de impacto ambiental y una autorización ambiental cuando una empresa quiera usar la técnica de la fractura hidráulica para investigar la existencia de hidrocarburos.