En las renovables, están quienes abogan por reclamar la seguridad jurídica y estabilidad regulatoria (UNEF, AEE, incluso, Protermosolar) y sus esfuerzos van encaminados a concienciar al Ejecutivo de la necesidad de hacer una reforma ponderada, dados los signos de salvajismo que se anticipan en virtud de las declaraciones del propio ministro de Industria, Energía y Turismo y del secretario de Estado de Energía, convencidos de que una solución exprés podría catapultarles a responsabilidades más altas.

Una reforma ponderada implica diálogo, respeto al mercado, liberalización, separación de actividades, seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, respeto por los ciclos de inversión, financiación y asunción de cuota de corresponsabilidad de las decisiones incorrectas del pasado por parte de las Administraciones Públicas. En ese enclave es en el que es razonable considerar que las primas pasen a los Presupuestos Generales del Estado, se liberalice la tarifa y se revise, sobre todo, la retribución del transporte y de ciertas infraestructuras.

Mientras, el Ministerio de Industria y la Secretaría de Estado de Energía se devanan los sesos para evitar la litigiosidad, tratando de encajar con calzador y llevar al límite el término jurídico de «rentabilidad razonable» (algo lógico a futuro, negociando la rentabilidad no razonable concedida en el pasado), con independencia del tamaño del desmán. Todo ello, en el más absoluto de los hermetismos, sólo con admoniciones y demonizaciones.

En medio de esa situación, es en la que hay que considerar la campaña publicitaria de ANPIER, que acaba de desembarcar en los medios digitales. Una campaña cuyo enfoque no es muy diferente del que podrían hacer los afectados por las preferentes. Lo curioso es que la campaña centra el objeto de sus invectivas en otros agentes del sector de generación, a los que hace responsables de su situación tras los recortes pasados del Gobierno y la potencia y las retribuciones prometidas y comprometidas por los distintos Ejecutivos. Se trata de dar la patada en el trasero de otro para ver si funciona como mecanismo de elusión del siguiente impacto.

Por eso, dicha andanada se ha elaborado, quizá, en la convicción de que, en este momento, la única forma de defender un determinado «estatus retributivo» es conseguir expropiarlo a los demás, es decir, a costa del resto, abriendo los codos. Apelación al discurso emocional antiempresarial (frente al discurso españolista de los rentistas) y antinuclear, en una concepción medioambientalista esquemática.

En la mencionada campaña esta facción fotovoltaica se abstiene de culpar del problema a las señales que los poderes públicos, nacionales y autonómicos emitían para generar esa burbuja. A saber: retribución astronómica (con cifras de 448 euros/ MWh), potencia que desborda todas las previsiones legales y el Plan de Energías Renovables (de 500 MW a 5.000 MW), descontrol en los registros de preasignación, redes clientelares y mano libre en las comunidades autónomas, tejiendo relaciones con los poderes y partidos políticos regionales, formando una densa red de intereses que fueron quedándose con la plusvalía de los proyectos.

Por eso, en su discurso de presión, no entran en grandes finuras contra los poderes públicos, dado que en el pasado han florecido gracias a ellos, comprendiendo el papel de éstos en la concesión de nueva potencia, permisos y retribución, hasta llegar a ser el país de Europa que más se gasta en renovables, aunque no sea el que más produzca mediante las mismas. Los poderes públicos eran el dador universal, con la cobertura y salvaguarda de una tarifa insuficiente por miedo a sus efectos en la opinión pública. Ese es el mejor de los mundos posibles.

En consecuencia, la estrategia consiste en no morder la mano del que da o del que ha dado de comer, que es la autoridad política discrecional y con los que han existido fuertes lazos y connivencia, fundamentalmente a nivel autonómico. Cuidado exquisito para evitar el recorte, de paso, amedrentar al resto de los sectores de generación, calculándole su presunta rentabilidad teórica (sin contabilidad, ¿para qué?) y que deben entregarles para mantener ese modelo rentista frente al empresarial.

Con todo, en ese punto, hay que reconocer su parte de razón. Hoy, los titulares de estas instalaciones, convertidas en una forma de capitalismo popular de principios de milenio en España, con fuertes procesos de endeudamiento y apalancamiento que afectan a la banca y a los fondos internacionales, temen otro recorte, al estar en la última milla con la rentabilidad muy ajustada. Y, por eso, se sienten o se temen estafados, y perciben el peligro de «default» en cuanto el Gobierno rebañe otro poco de su retribución. Una situación muy delicada y que el Gobierno debería gestionar con mucho cuidado, a la vista de los efectos sobre el sistema financiero nacional e internacional. Y, un anticipo de otro problema social que puede precipitarse a las calles.

Esta forma de campaña de presión («grassroots«) esquemática, antiempresarial, demagógica, tipo kale borroka procedente de esta escisión fotovoltaica, que se ha destacado con especial virulencia y agresividad es entendible desde la apelación conativa a la desesperación. En este caso, su estrategia es la de «la mejor defensa es un buen ataque», aunque no se quiera atacar a quien es el origen, principio y fin de sus problemas.

Esa alianza del pasado, voraz y codiciosa por las rentas fotovoltaicas, ha comprendido perfectamente el papel de las campañas en la red, en la república independiente de Twitter. Una forma de hacer presión a partir de la demagogia. Atentos: Jorge Fabra está en el proscenio.