Uno de los riesgos más relevantes de los comportamientos solitarios es la radicalización. Se produce por un proceso de retroalimentación en la consideración de la verdad única, que no tiene confrontación ni diálogo. Algo parecido es lo que venimos anticipando en la tendencia del Ejecutivo al hacer la anunciada reforma sin participación ni negociación de cara al objetivo de la extinción del déficit tarifario. Y la reflexión proviene de la aparición de signos externos, declarativos de esta radicalización y de que se incremente la vesania de quien la ejerce. Si a ello añadimos el papel político que va adquiriendo Red Eléctrica de España en todo este proceso, el problema puede ser de bigotes.

Las declaraciones a Radio Nacional de España del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, así como otras actuaciones recientes, declaraciones, avisos, admoniciones etc… son inquietantes en este proceso de radicalización, ocasionado y agravado por la propia demora en abordar una solución cuyo resultado y procedimiento de elaboración fuera razonable.

El hecho es que el emplazamiento de la Comisión Europea puede ser un acicate a que se produzca un auto sacramental para quien esté tentado de una solución de «muerto el perro se acaba la rabia» con muchos daños incalculables.

Hagamos un recuento. El déficit tarifario es el resultado de la insuficiencia de ingresos sobre el coste total del suministro, incluyendo todas las actividades que participan en dicho suministro, liberalizadas o reguladas.

El origen del déficit tarifario es político y se deriva de decisiones que datan de 2002 hasta nuestros días, todas ellas dirigidas a violentar la Ley del Sector Eléctrico, que establece que la tarifas deben ser suficientes para su cobertura. Algo tan sencillo y tan complejo a la vez de conseguir por la temeridad política de cada Ejecutivo desde entonces hasta nuestros días.

¿Qué decisiones han sido estas? Muchas. Por ejemplo, todas las que tienen que ver con la potencia de tecnologías renovables (y más las que suponían exceder y arrasar las previsiones de los Planes de Energías Renovables o fomentar la instalación de las más primadas). O la versión en plan despiporre en las comunidades autónomas respecto de esa potencia renovable del pasado que ofrecía pingües beneficios y circuitos revolventes en esas redes clientelares.

Pero también han existido decisiones en materia de infraestructuras de transporte no necesarias, incluyendo la anticipación de su pago, su liquidación y la retribución que se aplica. Incluso también debido a otras decisiones más globales de no compensar las bajadas de los precios resultantes en mercado de generación con la adecuación de las tarifas de acceso, que son más recientes, pero con la misma intención alimenticia política: evitar trasladar las subidas a los consumidores, derivadas de decisiones de antemano y de la aplicación de la ley. Modalidades y submodalidades de estas decisiones hay muchas y cada uno de los ejecutivos es responsable de las suyas propias. Corrientes ocultas para disimular sus efectos.

En Energía Diario, hemos dado tratamiento concreto a cada una de estas decisiones en los últimos seis años, con la misma lógica de mercado y equilibrio entre coste del suministro y tarifas. Por ejemplo, la superación de la potencia instalada en ciertas tecnologías como la fotovoltaica o la termosolar, fijando además unas retribuciones delirantes, hasta hacerlas insoportables de forma inconsciente, combinando esto al comportamiento de no trasladar sus consecuencias a la tarifa. O, recientemente, el hecho de haberse dado una alegría para el cuerpo, bajar las tarifas y no equilibrar las tarifas de acceso en este año cuando era posible.

Además, la interpretación de esta realidad es preciso realizarla desde una serie de principios como son la liberalización, el mercado, la separación nítida de actividades, la calidad institucional, la definición de una política energética equilibrada en seguridad de suministro económicamente y medioambientalmente, junto con la estabilidad regulatoria, jurídica, una buena regulación y una buena supervisión que permitan un funcionamiento del ciclo inversión-financiación no viciado por decisiones discrecionales políticas .

La forma de modificar estos principios requiere la negociación directa y conjunta con los agentes. Requiere habilidad y oficio. Además, ningún gobierno puede desentenderse de las políticas (más bien, decisiones) del pasado (máxime cuando también las sigue aplicando, con la misma fruición y generando déficit a ritmos de 6.000 millones en un año, o cuando los acuerdos para las congelaciones tarifarias se hacían con presencia de los dos partidos en la rueda de prensa).

Pero lleguemos al punto de partida básico y esencial del origen del déficit tarifario: la no aceptación de un marco legal que es muy elemental (equilibrio ingresos y gastos). El principio y el fin es la ilegalidad.

El hecho es que para comprender que cualquier solución nueva (y los recortes e impuestos ya aplicados), hay que entender que estos son mecanismos ideados para sofocar la responsabilidad política y no aceptar las conclusiones del marco legal. De ahí, esos procesos declamatorios y exonerativos contra el pasado, tal tecnología, tal empresa, tal aspecto o, incluso, el mercado; lo que provoca, además, una batalla campal de todos contra todos. Y, Red Eléctrica, en el proscenio.

En consecuencia, las medidas que hasta el momento se han implantado han ido dirigidas a eludir y esconder la responsabilidad política, con la misma coartada de siempre: la supuesta protección del consumidor, en este caso respecto del acumulo de decisiones pasadas proteccionistas. Son nuevas realidades legales que complejizan la resolución de otras ilegalidades. Principio y fin.

Y, para eso, se agrede al mercado de generación, se violentan las tecnologías hidráulica, nuclear y eólica. Se violenta la distribución que nunca ha llegado a tener un esquema retributivo estable y definido. O se introduce ruido en el proceso, como es la Ley de Sistemas Extrapeninsulares. Y se anticipan e insinúan otras medidas, que podrían traer muchos problemas desde el punto de vista de seguridad jurídica, litigiosidad y arbitrajes internacionales, preocupando a potencias como Estados Unidos y Alemania.

Todo, menos afrontar la realidad desde la responsabilidad política y la asunción de la legalidad, la lógica, la negociación y la gestión con los agentes del sector. La Comisión Europea pide resolver el déficit tarifario. Pero la Comisión Europea no pide violar la ley, el funcionamiento del sector, reforzar el monopolio del transporte y operación o acabar con la seguridad jurídica y regulatoria. No pide una ilegalidad para resolver una ilegalidad. No pide hacer un estropicio para resolver otro. A eso también estarán atentos. Al tiempo.