Unión EuropeaEl objetivo es aumentar la transparencia en las relaciones entre los gobiernos regionales, nacionales o federales de todo el mundo y las compañías que manejan recursos estratégicos. Asimismo, se pretende proporcionar a la sociedad civil en los países ricos en recursos con la información necesaria para que los gobiernos rindan cuenta por cualquier ingreso realizado a través de la explotación de los mismos, al tiempo que se busca promover la adopción de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) en estos mismos países.

La publicación por parte de las empresas extractoras de sus pagos a Gobiernos deberá llevarse a cabo de forma desagregada y proyecto por proyecto, por ejemplo, por cada contrato o licencia obtenida para acceder a los recursos.

Para garantizar la máxima transparencia, las empresas, cotizadas o no, deberán revelar todos los pagos superiores a 100.000 euros. La directiva incluye además una cláusula antievasión para asegurarse de que las empresas no puedan dividir los pagos artificialmente en otros menores para evitar su publicación.

«Durante las duras negociaciones con el Consejo (…), insistimos en que las normas fueran estrictas y que la publicación de los pagos fuese significativa. Nuestro objetivo también fue ofrecer una transparencia real», afirmó la socialista británica Arlene McCarthy (S&D), durante el debate parlamentario.

Entre los aspectos que tienen que hacer públicos figuran los derechos de producción, los impuestos, las regalías, los dividendos, los derechos de licencia, costos de alquiler, las bonificaciones, los honorarios y los pagos por mejoras de infraestructuras, según consta en la información publicada por la Comisión Europea.

Las pequeñas y medianas empresas estarán exentas de estas nuevas disposiciones y su carga administrativa disminuirá en comparación con las normas vigentes hasta ahora.

La Eurocámara logró en sus negociaciones con los Gobiernos eliminar del proyecto original el denominado «veto del tirano». Esta cláusula eximía a las empresas de sus obligaciones de información de los pagos en aquellos países en los que la legislación penal prohíbe esa relevación.

El Parlamento introdujo asimismo una cláusula que obliga a la Comisión Europea a estudiar la posibilidad de incluir sectores adicionales en el ámbito de aplicación de esta normativa en los tres años siguientes a su entrada en vigor.

La información publicada sobre los pagos a los gobiernos estará disponible públicamente para todos los interesados, ya sea mediante el repositorio de información de los mercados de valores o en el registro de empresas en el país de constitución (en la misma forma que los estados financieros estén disponibles). Los Estados miembros tendrán ahora dos años para adaptar estas normas a sus legislaciones nacionales.

El comisario europeo de Mercado Interior, Michael Barnier, mostró su satisfacción por el respaldo de los eurodiputados a la propuesta, pues «ayudará en la lucha contra la evasión fiscal y la corrupción».

Barnier defendió que «ahora hace falta ir más lejos y tomar medidas para tener más transparencia en la fiscalidad de todas las grandes empresas y grupos, como los impuestos que pagan, en qué cantidad y a quién».

Por su parte, las ONG aplaudieron el voto, una «muy luchada victoria por la transparencia en el sector extractivo» que supone un «paso adelante crucial en la lucha contra la evasión fiscal y la corrupción», en palabras de Oxfam.

«La UE debe ahora ampliar los estándares de transparencia exigidos a los bancos a todas las grandes empresas en todos los sectores. Sólo así Europa garantizará que las prácticas fiscales fraudulentas estén al descubierto para que todos lo vean», afirmó la ONG.

Por su parte, la asociación ONE dedicada a la lucha contra la pobreza extrema en África dio una «cálida bienvenida» a la aprobación de la directiva, la cual, dijo, «permitirá a la gente común en Angola, Nigeria y más allá saber lo que las compañías mineras, petroleras y gasísticas pagan a sus gobiernos».

Todos estos requisitos son muy similares a los establecidos por la Ley Dodd-Frank de Estados Unidos, pero van más allá en dos aspectos según informa Bruselas. En primer lugar, la industria de la explotación forestal de la Unión Europea se encuentra dentro del alcance de la obligación de información propuesto, además de las industrias de petróleo, gas y minería (en los EE.UU. sólo a los sectores de petróleo, gas y minería están cubiertos). En segundo lugar, las normas europeas también se aplicarán a las grandes empresas no cotizadas, así como de las sociedades cotizadas, mientras que las normas de Estados Unidos se limitan a las empresas extractivas que cotizan allí.