Primeros pasos en la reforma Dexter

Alta tensión en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo después de la aprobación de la reforma eléctrica. Una reforma que castiga a los ciudadanos y a las empresas. Que escucha, o hace como que escucha a todos, pero que no hace caso a nadie. Delirante en el fondo pero también en la forma.

Para abrir boca, la reforma supone un mayor castigo a los ciudadanos. Si con la reforma se ha reducido el alcance y las posibilidades de absorber en los Presupuestos Generales del Estado parte de los costes regulados, es evidente que la tarifa para los ciudadanos y consumidores será la que experimente unos crecimientos más rápidos. Lejos de admitirlo, el equipo ministerial se ha empeñado en un ejercicio trilero a la hora de presentar a los ciudadanos, en el fondo votantes, los cambios introducidos en la composición de la tarifa.

En segunda línea de afectados por la reforma, todos los sectores y subsectores eléctricos: se hace daño a todos. Lejos del más mínimo rubor, “hacer daño a todos” es el mayor orgullo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo con la reforma. Un orgullo que no sólo disimulan sino del que se jactan; orgullo que a nivel interno se traduce en la máxima de «escuchar a todos, pero no hacer caso a nadie». Probablemente nadie ha dicho a los representantes políticos y las autoridades económicas que su misión no consiste en crear problemas generalizados, sino en solucionarlos. Es lo que se espera de ellos y no el “hacer daño a todos”.

Con independencia de esta situación de daños masivos y severos a todos los sectores, lo cierto es que la reforma no escapa a la trampa de las autoridades energéticas españolas de las comparativas intrasectoriales. Los más perjudicados han sido los sectores empresarializados: ahí, hay que señalar a las distribuidoras y, entre las renovables, a las eólicas. En menor medida se han visto afectadas las fotovoltaicas: han sido rebanadas un poco, pero ese poco afecta al modo de promoción en que se generó esa burbuja, con fuerte apalancamiento y capitalismo popular. En el apartado de los menos afectados, atención a la doble AA (Abengoa/ACS) y a Red Eléctrica de España. Alivio claro en estas tres instancias después del “hacer daño a todos”.

Judicialización de la energía

Una de las piezas claves a encajar del puzzle que está siendo esta reforma eléctrica ha sido, por parte del propio Ministerio de Industria, sus servicios jurídicos y Abogacía del Estado, evitar los reveses jurídicos y fracasos en los Tribunales a los que ya está acostumbrado este Departamento. Afirman que el retraso de la reforma, prevista inicialmente para junio, se debe a cómo conjurar los temores de una cascada de fracasos posteriores por la vía jurídica: en este contexto encontraron ese concepto de «rentabilidad razonable» justificativa de la retroactividad.

Jugar con las palabras es peligroso y con tal de disipar el temor el equipo ministerial se ha mostrado muy osado a la hora de fijar la retribución de activos de distribución y resto de activos regulados. El hecho es que la reforma ya ha concitado el anuncio de todos los sectores de una fuerte contestación jurídica que incluye todas las instancias europeas y nacionales, pasando por los arbitrajes. Resultado: justo el contrario de lo que se preveía.

Tan peligroso es jugar con las palabras como jactarse de escuchar a todos y no hacer caso a nadie. En este caso, una máxima personalizada en la figura del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. El hecho es que, en la escabechina que ha perpetrado Industria, abogados y pleitos se hacen presentes por la forma de conducir las cosas que tiene el área energética del Gobierno.

Ni siquiera en las formas. Desde el punto de vista institucional nos encontramos con un proceso regulatorio delirante. El trámite por la CNE de los 7 decretos, 4 órdenes ministeriales, además del anteproyecto de la Ley eléctrica y todo ello en una semana de julio es ya nuevamente otro ejercicio propio de las instituciones político-económicas españolas del «como si»: una parodia para revestir de legalidad puramente formal un dislate regulatorio. En todo caso, la CNE ya ha anunciado, en relación a la orden de peajes del tercer trimestre, que es posible que no se cumplan las previsiones del Gobierno en la medida en que estima que caerá la demanda más de lo previsto (cálculo apoyado como no podía ser de otra forma por Red Eléctrica de España).

Así que verano más que caliente en lo energético. Por lo pronto, veremos qué sale del trámite de las piezas separadas de esta «reforma Dexter» del sector eléctrico.