S&P asegura que la reforma energética es «retroactiva» y que «golpeará duro» a las renovables

Pese a la dificultad para determinar con detalle el impacto de las medidas sobre esta actividad, la agencia advirtió de que cree «que esas nuevas medidas podrían tener un efecto significativamente adverso sobre la calidad crediticia del sector de rápido crecimiento de las renovables en el país», lo que supondrá «un duro golpe al sector».

«Las cifras finales de cómo las inversiones específicas resultarán remuneradas no podrán conocerse hasta la publicación de todas las cargas regulatorias», pero «somos de la opinión de que las medidas suponen una completa revisión del sistema que remunera a los productores de renovables», indicó la agencia.

En su opinión, el nuevo mecanismo de retribución, en el que las renovables cobrarán el precio de mercado y recibirán un pago complementario que garantice una rentabilidad del 7,5% con respecto al coste de inversión, ofrece al Gobierno «un mayor grado de discrecionalidad a la hora de determinar la remuneración de las renovables», a las que a partir de ahora se les garantiza una rentabilidad razonable a lo largo de su vida útil en lugar de primas a la producción.

S&P estimó que la normativa «reduce la visibilidad y predictibilidad» de los ingresos de los productores de renovables, lo que ya es de por sí «negativo» para el perfil crediticio, especialmente en proyectos en los que S&P analiza la capacidad de cobertura de los servicios de la deuda.

El cambio sería además «retroactivo» en la medida en que afectará a los proyectos existentes en operación. «En un primer vistazo, nos parece que los proyectos y tecnologías más antiguos van a resultar más dañados, ya que muchos de ellos ya han alcanzado e incluso superado el nivel de ‘rentabilidad razonable’, por lo que podrían dejar de recibir apoyo financiero por parte del Gobierno», señala.

S&P indicó que, hasta que el Gobierno no detalle los costes estándar de los proyectos, no es posible realizar una valoración «clara», si bien es consciente de que el sector fotovoltaico ya prevé un recorte de ingresos que puede alcanzar el 40%, o de que alguna planta de cogeneración se puede ver forzada a parar.

El pasado día 12, el Gobierno aprobó un paquete normativo con el que pretende acabar con el déficit de tarifa, el desfase entre los ingresos y los gastos del sistema eléctrico, que suma una deuda superior a 26.000 millones de euros.