Así lo indicó el máximo organismo español en materia de seguridad y protección radiológica antes de recordar que el 3 de enero de 2013, «el Minetur solicitó informe preceptivo en relación con el cese definitivo de explotación de esta planta nuclear, a petición del titular, Nuclenor, S.A., por razones ajenas a la seguridad nuclear».

La fecha límite de emisión de dicho informe se cumple el próximo jueves 6 por lo que el CSN aprobó en su pleno los limites y condiciones de seguridad nuclear y protección radiológica que se deben aplicar a dicha declaración de cese de explotación.

Dichas condiciones se fijaron teniendo en cuenta los riesgos asociados a la situación de parada definitiva de la planta atómica y las actividades a desarrollar a partir de tal fecha hasta la obtención de la correspondiente autorización de desmantelamiento.

Según agregó el CSN, el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares constituye un servicio público esencial que se reserva a la titularidad del Estado, estando previsto que la autorización de desmantelamiento sea presentada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA).

El pasado 24 de mayo, el pleno del CSN acordó que Nuclenor (propietaria de Garoña) pudiera disponer de un nuevo plazo para pedir la renovación de su autorización de funcionamiento (que acaba el próximo 6 de julio).

Greenpeace acusa a Industria de usar el CSN para proteger a las eléctricas

Por su parte, Greenpeace acusó al Ministerio de Industria de utilizar el CSN para proteger a las eléctricas propietarias de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos), Endesa e Iberdrola, en detrimento de la seguridad.

La organización ecologista reiteró que seguirá luchando para la anulación de la Orden Ministerial que permitiría la solicitud de la prórroga a Nuclenor, propietaria de la central burgalesa.

«El modelo energético de España no puede ser un elemento de negociación entre partidos políticos y compañías energéticas», afirmó Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.