Pensamiento no convencional

En esa dinámica se han gestado el problema del déficit tarifario y sus estrafalarias (y «supuestas») soluciones. Problema político de partida: control de tarifas y concesión de costes regulados por encima de toda Europa, que acaba en medidas instrumentadas generadoras de nuevos problemas.

Así, la reforma eléctrica de José Manuel Soria y Álberto Nadal está empezando a ser sometida al escrutinio de los mercados, de las empresas y de los analistas. Un ejercicio para el que no sirve la presentación «política» dirigida a la opinión pública que, esforzadamente, nuestras autoridades consideran suficientemente balsámica por su carácter peronista. Realmente, la reforma del sector eléctrico es un ejercicio de pensamiento no convencional, consistente en crear nuevos problemas añadidos y más grandes para supuestamente «resolver» el problema, cuando, en realidad, lo estropea más.

Lo cierto es que la reforma es un cúmulo de despropósitos únicamente alardeada en plan personal por el diario ABC que capitanea el club de fans de José Manuel Soria, perfilando al ministro como Gary Cooper en «Sólo ante el peligro» a modo de esa prosodia de «supuestas» medidas para arreglar el problema del déficit tarifario.

Lejos del carácter heroico pretendido, parece, además, que las cosas no son así, incluso para la propia reforma. Los mercados no se creen el esfuerzo de comunicación política del centenario diario español y del Ministerio de Industria, con sus afirmaciones y juicios de valor convertidos en actos de fe, puesto que el problema del déficit tarifario no se resuelve, sino que se alarga. De hecho, el Gobierno se permite la generación de nuevo déficit tarifario hasta 2016 a un ritmo de 2.500 millones de euros al año.

Además, las últimas noticias dan verosimilitud a la negativa del Ministerio de Hacienda a asumir lo que inicialmente estaba previsto: un crédito presupuestario de 2.200 millones de euros, en los que se incluía parte de los subsidios a las renovables incluidos en los costes de acceso, así como la inclusión de los costes de los sistemas extrapeninsulares en los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, a la flamante reforma presentada le han salido granillo y nuevos problemas.

A cambio, se molturan el sector eléctrico y sus subsectores empresariales, cuyo pretendido destino (en una sociedad intervencionista) es estar al servicio de los intereses políticos que inicialmente generaron el problema del déficit. Presos del falangismo sociológico, ideológico, económico y empresarial del que la sociedad española no sale, la reforma eléctrica consiste, en sus piezas jurídicas separadas, en hacer financiar el déficit tarifario por parte de las propias empresas, atribuirles el bono social modificado en su configuración, cambiar el sistema retributivo de la distribución (habiendo abortado la gestación de un modelo de partida), cambiar el sistema retributivo de los activos renovables con carácter retroactivo por un modelo de retribución sobre costes reconocidos estándares y un modelo de rentabilidad franquista (el mismo que la distribución). Resultados reales: fuerte impacto sobre los sectores empresariales, sobre las empresas, sobre los consumidores, industriales y domésticos, todo ello derivado de la forma en que se ha cocinado la reforma, sin diálogo, ni negociación.

Como veníamos advirtiendo desde Energía Diario, se trata de una escabechina salvaje, producto de la impotencia y de la inexperiencia. Como anticipábamos, se atisba en el horizonte un torrente de litigiosidad y de procesos de arbitraje internacional sobre las autoridades españolas, pertrechados por el concepto autárquico de «rentabilidad razonable». De hecho, desde que se produjo la presentación de la reforma y la aprobación del Real Decreto Ley, el cúmulo de autoridades económicas de distintos países que se han puesto en contacto con nuestra publicación a través de sus delegaciones diplomáticas en España o de despachos de abogados y de asesoramiento jurídico, nacionales e internacionales, no hace sino crecer día a día.

Todo ello, unido al efecto sobre las empresas, las instituciones y sobre la economía española, a la inversión y al futuro del suministro eléctrico en nuestro país. La verdad es que no es convencional tener unas autoridades económicas de este jaez en otros países occidentales. Nada convencional. Y, seguramente, nos costará caro. En muchos sentidos.