Las renovables arremeten contra el Gobierno por «ensañarse» con el sector para su «exterminación»

El presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José Miguel Villarig, expresó el deseo del sector de las renovables de que los tribunales «actúen» frente a los recortes incluidos en la reforma energética y permitan que el principio de la rentabilidad razonable se aplique «para todos», y no sólo al régimen especial.

Con este objetivo de acabar con el déficit de tarifa, el Gobierno planteó una reforma para el sector eléctrico que conlleva un cambio en el modelo de retribución para las renovables, que dejarán de cobrar primas para recibir incentivos que garanticen una rentabilidad «razonable» en el entorno del 7,5%.

A la espera de conocer los detalles con los que se articulara este nuevo modelo, el sector teme que esa rentabilidad real sea bastante inferior y que tenga que ser a través de la vía judicial cómo se fije lo que es una «rentabilidad razonable».

Durante una mesa redonda en el marco del XI Encuentro del Sector Eléctrico organizado por Unidad Editorial, Villarig aludió a la «sobrerretribución a la nuclear e hidráulica como una de las causas fundamentales del déficit» antes de rechazar la exclusiva responsabilidad de las renovables en la generación de esta deuda. «El déficit es muy superior al total coste que perciben las renovables», enfatizó.

Mientras se produce esta sobrerretribución, el sector de las renovables se siente «defraudado y engañado» ante el nuevo mecanismo de retribución incluido en la reforma energética, en la que no se tiene en cuenta a su juicio el ahorro y la contribución de las tecnologías «verdes», por lo que criticó la improvisación de la reforma eléctrica.

A las renovables, aseguró, «se le han alterado todos los parámetros» y se les ha sometido a unos cambios que transgreden la seguridad jurídica y lleva a estas instalaciones al límite, hasta el punto de que el país se parece «más a Argentina que a otra cosa».

Villarig también denunció que el sistema eléctrico español tiene «muchos problemas», pero «el principal es la improvisación constante» de las autoridades en los últimos años y reclamó un «pacto de Estado» para definir la estrategia energética para las próximas décadas cuya elaboración también se tenga en cuenta los consumidores y las empresas del sector.

Por su parte, el secretario general de Protermosolar, Luis Crespo, explicó que las entidades extranjeras tienen cerca del 35% de los activos termosolares en España y casi a mitad de la deuda, por lo que los recortes a este sector pueden suponer un «error estratégico» a nivel internacional, que se acabará pagando en indemnizaciones.

«Tenemos fondos de Alemania, Francia y Suiza, y una importante financiación por parte de empresas de Estados Unidos, Japón y Emiratos Árabes», afirmó, antes de considerar que no es posible «prescindir» de este aspecto antes de analizar posibles recortes.

Crespo, que reconoció que el desarrollo de algunas tecnologías renovables fue caro y se podía haber hecho «con más cabeza», rechazó que la solución pase por el cierre incentivado de plantas, tal y como se recoge en uno de los proyectos normativos de la reforma eléctrica. «Es una expropiación subrepticia», dijo

«A nadie se le puede pasar por la cabeza cerrar plantas termosolares», subrayó. Aún así, dijo que el parque termosolar no va a alcanzar los 2.500 megavatios (MW) de potencia sobre los que realizaron las previsiones de potencia para el sector. En la actualidad ya hay 45 centrales operativas y en poco tiempo se alcanzarán las 50, indicó.

Crespo sostuvo que «se están poniendo palos en las ruedas» de las energías renovables con estas reformas y se está andando un «camino irreversible» para el sector.

Durante la jornada, el vicepresidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Luis Torres, llegó a calificar de «exterminio» los recortes y restricciones que está sufriendo el sector fotovoltaico. «Nos sentimos como si fuéramos una comunidad judía en un gobierno de tintes… complicados», dijo lamentando que el Gobierno no haya dialogado con ellos y haya pasado de incentivar el desarrollo de las renovables a incentivar su cierre. «Estamos abocados a desenchufar», advirtió.

El vicepresidente de este colectivo de productores fotovoltaicos cargó contra los cambios regulatorios, porque suponen una «expropiación absolutamente encubierta» de las inversiones ya realizadas. Aunque reconoció que pueden formar parte del «pecado original» (déficit), aseguró que ahora se les están castigando con «ensañamiento».

A su juicio, la reforma supone una «quiebra» de la seguridad jurídica con la que invirtieron y nos les queda otra opción que la de ir a los tribunales.

Torres lamentó el real decreto sobre autoconsumo diseñado por el Gobierno, en el que se aplican «peajes abusivos y sin base técnica» que supone una «prohibición taxativa» que «mata» un yacimiento de empleo.

Por último, Javier Rodríguez, presidente de Acogen, aseguró que la reforma supone un nuevo «cambio estructural» del sector y ello está generando una «incertidumbre enorme» en las grandes compañías que usan la cogeneración a la espera de más detalles.