óLos diputados del PP impusieron su mayoría absoluta contra las peticiones de devolución al Gobierno de este texto, ante el que CiU, PNV, Foro Asturias y UPN optaron por la abstención. Por su parte, las enmiendas de devolución de CC-NC, ERC y la Izquierda Plural contaron con el respaldo del resto de la oposición, mientras que el texto alternativo de los socialistas sólo consiguió el voto favorable de los proponentes y los nacionalistas canarios, mientras que UPyD e IU-ICV se abstuvieron. Además, los populares rechazaron que el proyecto de ley vuelva al Pleno antes de ser enviado al Senado.

Durante la sesión plenaria, el ministro, que se encargó de defender la norma, dijo que el objetivo es «favorecer a que operadores que no estén pueden entrar», de tal forma que no se podrá otorgar régimen retributivo o primado para nuevas instalaciones a los titulares de una empresa o grupo con un porcentaje de potencia superior al 40% en ese sistema, con el objetivo de mejorar la competencia con la entrada de nuevos operadores.

«En estos sistemas la demanda eléctrica se cubre con generación térmica. La titularidad es de una empresa y la distribución y comercialización también», en clara referencia a Endesa.

Sin embargo, a través de una enmienda pactada entre el Gobierno Central y el Gobierno canario, el texto quedará modificado en su tramitación parlamentaria para incluir una excepción a esa regla general.

«El Gobierno de Canarias y el Ministerio hemos pactado una enmienda para que se permita que el operador dominante pueda realizar nuevas instalaciones cuando no existan otras empresas interesadas», precisó Soria.

Las centrales hidroeléctricas «no se traspasarán a REE»

Además, para asegurar la capacidad de bombeo, el Ministerio y el Ejecutivo canario también han «pactado» una enmienda para «fijar un calendario de ejecución para las instalaciones con bombeo y autorización administrativa o que sean concesionarias de un aprovechamiento hidráulico». Así, «sólo si se incumple ese calendario, se traspasará a Red Eléctrica Española (REE), que tendrá la titularidad sólo en el caso de que lo autorice la Comisión Europea».

Al concluir la sesión plenaria, el ministro explicó a los medios que esta enmienda «mejora» el proyecto en cuanto a que «establece un periodo de tiempo para que quien ha resultado adjudicatario de un proyecto de bombeo comience y ejecute la obra» y que, si pasa el tiempo fijado sin que se inicie la actividad, pueda entrar REE a hacerse cargo de la construcción y explotación de la instalación.

«Siempre y cuando hubiera una autorización al efecto de la Unión Europea, porque no lo haríamos en ningún caso en contra del criterio europeo», matizó, señalando que la isla de Gran Canaria, que está afectada por un retraso de estas características, «no puede seguir esperando de manera eterna en el tiempo que no se ejecute un buen proyecto para la isla».

En el proyecto inicial, el Ejecutivo justificaba que dada la «importancia de las instalaciones de bombeo y plantas de regasificación en los SEIE (sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares) para garantizar la seguridad de suministro», la titularidad de estos activos corresponderá al operador del sistema eléctrico y al gestor técnico del sistema gasista, respectivamente, es decir, plantas de bombeo por REE y de las regasificadoras por Enagás.

Aumentar eficiencia y seguridad de los sistemas

El resto de objetivos de la ley pasan, según Soria, por «aumentar la eficiencia de los sistemas» eléctricos de estos territorios, facilitar la apertura de nuevas instalaciones de generación y distribución y procurar que haya más operadores de los existentes. En este sentido, el proyecto «habilita al Ministerio para crear mecanismos retributivos para reducir el coste de generación».

Asimismo, se pretende dar «garantía» de suministro y aumentar la seguridad de los sistemas ante posibles riesgos, habilitando a la Dirección General de Política Energética para «minorar el concepto retributivo adicional para la producción si hay una reducción sustancial de la disponibilidad de las instalaciones, de la seguridad del suministro o de los índices de calidad» y se «refuerza la capacidad del Gobierno en caso de riesgo para la seguridad del suministro».

El último objetivo pasa por intentar optimizar el coste de los combustibles, que suponen más del 60% del total de los costes de estos sistemas, fijándolos «conforme a un mecanismo competitivo», según dijo el ministro.

Control ambiental del «fracking»

Por último, una disposición del proyecto hace referencia a la fracturación hidráulica, por considerado «oportuno» tras hablarlo con las comunidades autónomas afectadas, introduciendo «una consideración de control ambiental» que pasa por otorgar al Gobierno central las autorizaciones de exploración y los permisos de investigación supraautonómicos, así como todas las concesiones de explotación, mientras que serán las comunidades las que autoricen exploraciones o investigaciones que afecten sólo a una región.

Soria hizo hincapié a renglón seguido en la necesidad de esta regulación tanto para el Estado como para las propias comunidades afectadas. Así, recordó que es una prioridad del Gobierno «solucionar los desajustes del sistema eléctrico, equilibrando ingresos y costes» y prestando una especial atención a los sistemas insulares y extrapeninsulares, cuyo tamaño y singularidades hacen que el suministro sea más caro y tenga riesgos particulares.

Por su parte, a las comunidades les interesa que se garantice el suministro al menor coste posible y que se ataje su «especial vulnerabilidad» causada por su aislamiento y por la «necesidad de conseguir una mayor penetración de las renovables».

Soria rechaza las enmiendas porque el texto «se ha mejorado»

Finalmente, Soria rechazó los argumentos de las enmiendas de totalidad presentadas por PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC y CC-NC, asegurando que el proyecto «se ha pactado y mejorado con todas las comunidades y ciudades autónomas afectadas» y se cumplieron todos los requisitos pertinentes de informes.

Por eso, el ministro pidió a esas cuatro formaciones que retiren sus vetos y apoyen el proyecto de ley, y apeló particularmente a los socialistas y a los nacionalistas canarios, advirtiéndoles de que el proyecto está acordado con el Gobierno de Canarias, a los que ellos dan sustento, por lo que mantener la enmienda de totalidad supone «enmendarse a ustedes mismos».

Al término del Pleno, en declaraciones a los medios, el ministro insistió en que este proyecto de ley «afectará muy positivamente» a las cuatro regiones por cuanto frente al operador único que impera ahora «se posibilitará más competencia, que siempre es muy buena».

Un «mal texto» hecho para Canarias y Endesa

Por su parte, el portavoz de Energía del PSOE, José Segura, afirmó que su grupo no está de acuerdo con este «mal texto» realizado «de manera acelerada» y por ello expuso un «proyecto de modernidad» alternativo frente al de «mediados del siglo pasado» del Ministerio.

Segura dijo no entender por qué se regula el sistema de cuatro regiones cuando el presidente Mariano Rajoy se comprometió a acometer una «reforma integral» para todo el país. Además, consideró que el proyecto «carece de sentido práctico, obvia de manera inadmisible la participación de las regiones afectadas y, en algunos aspectos, pretende recortar competencias».

En concreto, pidió planificar las necesidades energéticas con las regiones para decidir qué instalaciones hacen falta para garantizar el suministro sin superar la demanda prevista.

Le reprochó que el ministro explicó «otro proyecto» por los pactos acordados con el Ejecutivo canarias, lo que a su juicio «empiezan a ir por la buena línea». Segura reclamó al ministro «criterios de concurrencia» y «no manum militari, con expropiaciones típicas de países de otras latitudes», en lugar de con criterios de concurrencia que fomente particularmente el autoconsumo y las renovables, cuya moratoria piden sea anulada al menos para los territorios insulares y extrapeninsulares.

«Se va a llevar nuestro texto y este fin de semana no va a hacer otra cosa, no va a recorrer las agrupaciones del PP en Canarias, sino que se lo va a empollar para que la semana que viene su grupo presente enmiendas. Sé que está usted ilusionado con nuestra alternativa. Tiene mi número de móvil y este fin de semana seguro que va a meditar mucho, y yo estaría dispuesto a darle un criterio más concreto si me invita a una copita en Las Palmas. Yo voy, que tengo nietos allí», bromeó por último el diputado.

La portavoz de la Izquierda Plural, Laia Ortiz, criticó que la docena de reformas energéticas que propuso el Ejecutivo en esta legislatura no hayan conseguido solucionar la situación, y pronosticó que este proyecto tampoco lo hará porque carece de una «perspectiva de conjunto» y trata a los territorios insulares y extrapeninsulares por igual. «Vuelven a ser parches sin una estrategia global. Por no hablar del medioambiente, que obviamente no forma parte de su agenda», añadió.

Además, aunque comparte que es necesario reducir los costes de estos sistemas para atajar el déficit de tarifa, la catalana dudó de que el incremento de la competencia asegure una mejora de un mercado que «no es libre» por naturaleza. Por eso, abogó por «una planificación energética al servicio de los intereses públicos que mejore las renovables y la energía distribuida».

«Canarias sería el escenario óptimo para ello, pero al ministro le sale de nuevo la fobia contra las energías limpias, que dicen que quieren fomentar con este proyecto aunque al final apuestan por el gas. No entendemos que, al menos aquí, no se suspenda la moratoria de las renovables. Generar una falsa competencia en un monopolio natural nos saldrá mucho más caro», dijo, reclamando que se aproveche para desarrollar el autoconsumo con balance neto.

Por último, criticó la disposición sobre el «fracking», que el Gobierno «debería prohibir en lugar de avalarla por la puerta de atrás y pretendiendo maquillarla con una declaración de impacto ambiental». «Este proyecto de ley empeora la situación, desplaza las renovables e impide el cambio energético que tanto necesitamos», concluyó.

El diputado de CC-NC, Pedro Quevedo afeó al ministro que recurra a unas enmiendas pactadas con el Gobierno canario para pedir el apoyo al proyecto. «Pensé que veníamos a discutir el proyecto y no unas enmiendas que yo desconozco. Además, esta Cámara tiene la independencia de debatir los proyectos de ley con autonomía, haya o no negociaciones con el Gobierno de Canarias», espetó.

Con respecto al contenido, insistió en que la ley trata por igual a unos territorios que «tienen poquísimo que ver en materia energética» lo que acaba «perjudicando a todos porque ninguno tiene el trato singularizado que merece». «Sólo hay una cosa en común: la intrusión en las competencias autonómicas con una recentralización encubierta», añadió.

Tras criticar la disposición de «fracking» en un proyecto que no tiene nada que ver, Quevedo lamentó que el Ministerio no aproveche este proyecto para impulsar las renovables por la «obsesión excesiva» de Industria hacia las «energías sucias», y acusó a Soria de impulsar la «competencia a palos» en un sistema que es un «monopolio natural» en el que, en lugar de optar por un aumento de la competencia a través de las renovables se optó por unas «expropiaciones» que incrementarán la legitimidad y acabará siendo anulada por Bruselas.

Teresa Jordá, de ERC, aseguró que este proyecto «no sirve para mejorar el suministro, sino para abrir las puertas al «fracking» y lamentó que se pierde la oportunidad de «apostar por el autoabastecimiento basado en las renovables» como «mejor forma de garantizar el suministro y la calidad». «Optan por un modelo energético deficitario que perpetúa la dependencia de los combustibles fósiles», añadió, rechazando por último el «fracking» que el Gobierno «legaliza de manera torticera y sin las suficientes garantías».

El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez i Llibre, dijo que el «fracking» es una técnica «no exenta de riesgos, los cuales pueden acarrear graves externalidades negativas sobre los ciudadanos, mermando en su salud pública y mal metiendo el medioambiente debido a que esta técnica no ha sido suficientemente investigada». No obstante, confió en que en el trámite de enmiendas parciales se pueda llegar a acuerdos aceptables.

Desde UPyD, Carlos Martínez-Gorriarán, afirmó que votaron en contra porque es una ley «parcial», «opaca», que no soluciona la falta de competencia del sistema eléctrico español y que está hecha «ad hoc» para Canarias y para Endesa, que tiene una «posición dominante» en el archipiélago, y reclamó una legislación más «rigurosa» para el «fracking».

El diputado del PNV Pedro Azpiazu, que se abstuvo en la votación a las enmiendas de totalidad presentadas, rechazó que se dé un trato «uniformador» a los territorios afectados por esta ley, que «no cumple las expectativas técnico-regulatorias necesarias». Además «invade competencias» Y aclaró que las centrales de bombeo «no deben corresponder al operador del sistema». Pero que dan «margen de maniobra, no sabemos si merecido» al Ejecutivo para que modifique la norma.

Desde el PP, el diputado Guillermo Mariscal señaló que, gracias a este proyecto, los sobrecostes de los sistemas insulares puede verse «reducido significativamente» y que el precio de la electricidad se abarate.

Mariscal aseguró que el texto «mejorará un mix obsoleto y contaminante», elevará la penetración de las renovables, obstaculizada por la «maraña de regulaciones».

«Si la políticas energética no se desarrolla con criterios de eficiencia, a las dificultades presentes se sumarán las derivadas de su inercia política, que desatendió el reto de garantizar el suministro de los sistemas aislados. Estamos aquí hoy por los resultados de su no política energética», dijo a los socialistas y a los nacionalistas canarios, a quienes acusó de «deslealtad política» por presentar sus enmiendas.

La ley continúa ahora su trámite parlamentario con un plazo de presentación de enmiendas al articulado que se extenderá hasta el próximo 4 de junio.