El diputado socialista Antonio Pradas defendió la iniciativa señalando que el modelo económico de los últimos años «no es sostenible ni medioambientalmente ni socialmente» y, tras asumir que «todos tenemos nuestra responsabilidad», reclamó una estrategia de desarrollo «distinta», que «tenga en cuenta la sostenibilidad y la productividad».

Además, en su iniciativa el PSOE pedía que el Ejecutivo revise las normas sobre renovables que fue aprobando, tres de las cuales fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional por la Junta de Andalucía al considerar que ponen en riesgo un sector estratégico en la región, y reclamaba que se aproveche la reforma educativa para incorporar a los planes de enseñanza medidas para la sensibilización hacia las energías limpias «en lugar de impulsar el catecismo».

El PSOE, que contó con el apoyo expreso de CiU en la iniciativa, también lamentó que la política del Gobierno central con las energías renovables paraliza los proyectos aprobados hasta el momento, por un valor de 15.000 millones de euros y que generarían 40.000 empleos, pero, además, trunca la posibilidad de crear, según las estimaciones de la Comisión Europea para 2020, un millón de puestos de trabajo «verdes» en toda España, de los cuales 170.000 estarían en Andalucía.

El PP mostró su postura en contra de la iniciativa al considerar que «la mayoría de las actuaciones que propone ya están en marcha» y las que no lo están es porque «llevarían a hablar de empleo verde y economía insostenible», según defendió la diputada María Luz Bajo.

En ese sentido, repasó un buen número de actuaciones del Ejecutivo relacionadas con en energías renovables, sostenibilidad o empleo verde, como el refuerzo a la I+D ambiental con el objetivo de lograr el crecimiento del tejido empresarial o a la internacionalización de empresas de renovables, de transporte sostenible o de eficiencia energética, entre otras.

«No hay nada nuevo. El Gobierno ya está actuando en las líneas que pide la propuesta», indicó la parlamentaria, que también rechazó que se pueda llegar a «obligar» a las empresas a financiar un plan de empleo verde y defendió, por el contrario, la colaboración público privada que «ya se hace, especialmente en materia de agua y depuración».