España no puede perder la carrera del «fracking», según asegura Soria

Durante su intervención en la presentación de un estudio de la Fundación de Estudios Financieros, Soria afirmó que esta técnica está cambiando la geopolítica haciendo, por ejemplo, que Estados Unidos sea autosuficiente y en unos años exportador de energía.

«No podemos permitirnos el lujo de perder determinadas carreras», añadió Soria, antes de subrayar que España necesita un modelo energético «seguro, equilibrado y sostenible» desde el punto de vista ambiental, pero también económico.

En posteriores declaraciones a los medios, Soria señaló que la propuesta de incluir la técnica del «fracking» en la ley de hidrocarburos hará que la normativa sobre esta tecnología afecte a todas las comunidades autónomas y subrayó que «sólo puede haber autorización de «fracking» en caso de que se cumplan las exigencias medioambientales».

El Gobierno propuso introducir la técnica del «fracking» en la ley de hidrocarburos de 1998 mediante una disposición adicional en el proyecto de ley sobre los sistemas eléctricos extrapeninsulares, que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados.

El gas no convencional, hasta hace unos años prácticamente inaccesible, se presenta atrapado en la roca por lo que su extracción requiere una fracturación de la misma mediante la inyección a presión de agua con arena y una serie de aditivos químicos a través de pozos de varios kilómetros.

El Parlamento de Cantabria aprobó con la unanimidad de PP, PRC y PSOE prohibir el uso de la técnica de fractura hidráulica en la región para buscar o extraer gases no convencionales, a través de la primera ley de estas características que se acuerda en España.

Asamblea contra el Fracking «reconoce el paso dado» con la ley de Cantabria pero cree que «no es la garantía definitiva»

La Asamblea contra la Fractura Hidráulica «reconoce el paso dado» con la aprobación de la Ley que prohíbe esta técnica en Cantabria, pero advierte que «no es la garantía definitiva» y «desconfía» de que suponga «el carpetazo final» al fracking en la región, por lo que pide a los cántabros que «eviten caer en triunfalismos y mantengan la cautela», y anuncia que seguirán trabajando hasta conseguir la derogación de todos los permisos.

El colectivo ha mostrado en rueda de prensa su «contenida satisfacción» por la normativa aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cantabria. Pero al mismo tiempo, duda de que la voluntad del Gobierno cántabro, promotor de la prohibición por ley del fracking, «sea tan firme como pregonan», y advierte que desde el Gobierno central se puede recurrir «y dejar sin valor» la norma cántabra que, por otra parte, no tiene capacidad para derogar los permisos que son competencia del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

La Asamblea contra el Fracking censura que, antes de su aprobación, los propios promotores de la ley han repetido «hasta la saciedad» que es «algo temporal». Así, indican que el presidente regional, Ignacio Diego, «no descarta revisarla cuando se den las garantías suficientes», y el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, «lo replantearía cuando el marco jurídico sea más claro». Y añaden que la propia ley constata su «posible caducidad»: «mientras sigan existiendo la dudas e incógnitas que existen en la actualidad».

Por otro lado, critican que «los únicos riesgos» que recoge el texto se centran en la contaminación en los acuíferos subterráneos dada la inyección de productos tóxicos y contaminantes. «¿Por qué la negativa a incluir todos los demás?», se han preguntado, para puntualizar a continuación que la plataforma Shale Gas-España, que agrupa a varias empresas del sector, «también se esmera por centrar el debate exclusivamente en torno a los aditivos químicos, proponiendo hacer fracking con productos inocuos».

También ponen en duda la voluntad del Gobierno cántabro argumentando que el permiso Arquetu (zona Saja-Nansa) es competencia exclusiva del Ejecutivo regional, que «podría anularlo en cualquier momento» y, sin embargo, «aún no ha dado un solo paso» al respecto «casi seis meses después de oponerse al fracking».

Asimismo, recuerdan que el resto de permisos -otorgados o en fase de concesión-, que afectan «casi a la mitad de la superficie de Cantabria», son competencia del Ministerio de Industria, que apuesta «abiertamente» por desarrollar la fractura hidráulica, y siguen su curso.

La «confrontación de intereses» en este campo entre el Gobierno central y el autonómico «también es causa de preocupación» para la Asamblea contra el Fracking, que además, subraya que la ley cántabra sólo prohíbe la etapa final, la fase de fractura, por lo que las empresas gasistas «pueden continuar sus estudios previos, incluso realizar las perforaciones kilométricas». «Entendemos que nadie invierte, nadie construye los cimientos de una casa que no espera terminar», han señalado.

Pese a todo ello, el colectivo reconoce «el paso dado» con la aprobación de esta ley, en la medida que certifica que el fracking es «una técnica peligrosa, por sus inaceptables impactos sobre el territorio y las comunidades que lo habitan». Y afirma que «si a alguien hay que otorgar el mérito» es «a tantas personas de tantos lugares que se oponen a la implantación de estos permisos».

La Asamblea contra el Fracking reclama al Gobierno y a las fuerzas políticas de la región que trasladen al Gobierno central y a las ejecutivas de los partidos de ámbito estatal «la preocupación de la población de Cantabria»; que «presionen» para que se apruebe una ley en el Parlamento español que prohíba la fractura hidráulica en todo el Estado y para que se deroguen todos los permisos concedidos; y animan a la población a «mantener la alerta».

«Si solo estuvieran esperando a que amaine el temporal, seremos los habitantes quienes salgamos en chaparrón a impedir que continúen los trabajos de fractura hidráulica», finalizaron.