Asociaciones de renovables tachan la reforma eléctrica de expropiación encubierta que traerá quiebras y tensión dentro del sistema bancario

En una rueda de prensa conjunta tras la aprobación de las primeras medidas de la reforma eléctrica, que conllevará unos 1.350 millones de euros de recorte para este sector, los representantes de estas asociaciones, fundamentalmente solares, arremetieron duramente contra las medidas del Gobierno.

El Gobierno planteó el viernes en el marco de una reforma para atajar el déficit eléctrico, un cambio en el modelo retributivo para las renovables que dejarán de recibir primas por su producción para pasar a cobrar incentivos ajustados a una rentabilidad global del 7,5% y en base a unos estándares que aún no se conocen.

«Estamos contra las cuerdas», resumió el presidente del colectivo de productores APPA, José Miguel Villarig, que recordó que el sector emplea a 118.000 personas y que emprenderán todas las acciones legales dentro y fuera de España.

Villarig manifestó que se sienten «engañados y estafados» porque «no se ha respetado ni uno sólo de los parámetros» con los que inicialmente realizaron sus inversiones. «Se rompe con todos los derechos ya adquiridos». Además, aseguró que el real decreto-ley aprobado el pasado viernes por el Gobierno se realizó «a espaldas del sector» y es una norma «improvisada, retroactiva y discriminatoria», ya que afecta de forma distinta al régimen especial y a otros costes regulados como la distribución.

Villarig aseguró que, tras los continuados cambios regulatorios, «la seguridad jurídica ya no existe y está rota», y defendió el traslado de los costes regulados de las renovables a los costes de energía, así como una revisión del mercado eléctrico, donde se cargan costes como los pagos por capacidad y en el que existe una «sobrerretribución» a tecnologías como la nuclear y la hidráulica.

El presidente de APPA avanzó que Aragón puede ser una de las regiones más afectadas por la reforma eléctrica, puesto que cuenta con los parques eólicos más antiguos y que el nuevo sistema de incentivos para las renovables puede dañar especialmente a proyectos de este tipo, puesto que puede conllevar un fuerte recorte de la retribución o incluso dejar de cobrar algunos años.

«Ha sido una contrarreforma ideológica, marcada por el secretismo y el oscurantismo y que no va a dar esas rentabilidades razonables del 7,5% sino que se reducirá al 5,2% sólo con la detracción de impuestos como el de la producción, lo que va a poner en una situación muy difícil a la mayor parte de las instalaciones», añadió José Donoso, presidente de UNEF, que insistió en el impacto que puede tener en el sector financiero la reforma eléctrica.

«No va a quedar otra alternativa para muchas plantas que entregar las llaves. No se va a poder refinanciar. Y habrá un impacto en los balances de la banca que tendrá que provisionar y tomar los activos, algo que no se ha valorado«, añadió Donoso, que dijo que «el problema lo tiene el inversor y lo tiene la banca».

De hecho, el presidente de UNEF advirtió de que se van a perder la «casi totalidad» de los 7.000 puestos de trabajo y que se van a deslocalizar empresas, antes de criticar que el «único» fin de la medida es el «recaudatorio e ideológico».

«Más que retroactividad, más que cambiar las reglas del partido, se ha querido cambiar el resultado cuando el partido ha terminado», subrayó Donoso, para quién la situación de los inversores que quedarán «atrapados en renovables» tiene analogía con la de los afectados por las preferentes.

Respecto a la futura regulación del autoconsumo, el presidente de UNEF dijo que se «aniquila» al imponer unos peajes para la energía que se autoproduce y se autoconsume.

El presidente de los productores de fotovoltaica Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, tachó la reforma de «salvajada jurídica que borda la ilegalidad y es una estafa de todo nivel» y que fue realizada por cuatro: el ministro de Industria, José Manuel Soria, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal y «dos personas más». De hecho aseguró que «Nadal se ha autoinvestido por un poder supremo».

Martínez-Aroca remarcó que con la reforma se hunde al sector de las renovables y calificó de «impresionante» la decisión porque, a su juicio, entre «políticos y eléctricas, no hay separación de poderes» y con la norma «no se les ha tocado ni un pelo» a las compañías eléctricas, a las que se perdonan los Costes de Transición a la Competencia (CTC) a las eléctricas.

«Se ha expropiado, arruinado, a un sector que no ha hecho más que confiar en el Estado», agregó.

Asimismo, el presidente de Anpier mostró una copia de la página del BOE con el real decreto 661/2007 que garantiza la retribución del sector y la rompió para ilustrar la quiebra de confianza que supone su derogación.

«Esto no se ha conocido en el mundo del Derecho civilizado, en un país miembro de la Unión Europea. Esto va a sentar cátedra en las universidades de todo el mundo y supone un precedente en todo el mundo. España está al nivel de un país tercermundista y luego se critica a (la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de) Kirchner por Repsol, cuando a nosotros nos aplican una retroactividad salvaje de primer grado», señaló.

Anpier, dijo su presidente, contactará ahora con las comunidades autónomas para pedirles que presenten un recurso de anticonstitucionalidad contra la nueva norma, a la que considera tan compleja que ni siquiera sus técnicos han sido aún capaces de desentrañar, así como «kafkiana, dañina» y «al borde de la legalidad».

Desde Protermosolar, el secretario general, Luis Crespo, criticó que el Gobierno no ha sabido analizar bien el problema y se dejó llevar por las grandes compañías eléctricas, a las que acusó de «demonizar» a la tecnología termosolar y lamentó que la reforma pueda suponer «un freno» a su desarrollo tecnológico.

Crespo también aseguró que «no se les pasa por la cabeza» acogerse a un eventual cierre incentivado para plantas renovables, de cogeneración o de residuos que resulten muy caras para el sistema, según recoge uno de los borradores de la reforme eléctrica remitidas por el Ministerio de Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

La norma señala que este cierre incentivado se hará cuando se cumplan tres supuestos a la vez. Para empezar, que tengan un coste de retribución «excesivo» en relación a los ingresos del sistema eléctrico en un escenario de «estancamiento o reducción de la actividad económica». Junto a este primer punto, el borrador recoge que el cierre de estas plantas no ponga en riesgo la seguridad de suministro y que no se vean comprometidos los objetivos energéticos en materia de energías renovables y ahorro y eficiencia energética.

El secretario general de Protermosolar defendió el liderazgo internacional de esta industria, así como lo que representan sus costes sobre el total del sistema eléctrico y el empleo que generan como «vacunas» ante esta posibilidad. «No somos el problema del déficit de tarifa», apuntó.

Pese a ello, valoró positivamente que la reforma aspire a dar una respuesta «definitiva» al déficit de tarifa, pero lamentó que no se analice «el problema en su conjunto» ni se aborden las rentabilidades de tecnologías «amortizadas» como la nuclear y la hidráulica.

Los distintos representantes de las energías renovables denunciaron que desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, no se les consultó ni explicó la reforma emprendida y que todavía desconocen muchos de los aspectos que repercutirá en su negocio.

Donoso se mostró «disconforme» con todo el proceso de diseño de la reforma por las formas en las que el Ministerio de Industria se reunió con las eléctricas sin tener en cuenta a las asociaciones.

En virtud de las disposiciones del RD-L 9/13, las renovables denunciaron que verán «radicalmente sustituido» su actual esquema de retribución por otro que pretende garantizar una «rentabilidad razonable» en función de «parámetros desconocidos» y que, según los cálculos del propio Gobierno, supondrá una merma de ingresos superior a los 1.300 millones de euros.

Según datos que maneja APPA, actualmente, el sector de las energías renovables tiene una deuda que ascienda a 40.000 millones de euros de los que 20.000 son de las fotovoltaicas, 10.000 de las eólicas y 10.000 de la termosolar. De los 20.000 de los fotovoltaicos, según UNEF, dos terceras partes están en manos de los bancos, por los créditos concedidos.

Desde estos colectivos anunciaron que ya trabajan «con todas las medidas jurídicas a su alcance» que puedan realizar contra las decisiones que adopte el Gobierno y que se sumarán a las distintas que ya están en los tribunales. «Cuando agotemos las vías nacionales, iremos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea», aseguró Martínez-Aroca.

La AEE se reúne con la Comisión Europea para analizar la reforma

Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), APPA Eólica y la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA) se reunieron el lunes con representantes de los servicios jurídicos de la Comisión Europea para informarles sobre los pormenores legales de las medidas tomadas por el Gobierno este año en materia de energía eólica.

En su ‘blog’, la AEE explica que, en concreto, la reunión sirvió para analizar si la reforma energética aprobada el pasado viernes por el Gobierno vulnera la Directiva de Energías Renovables u otros preceptos legales comunitarios.

Las asociaciones pusieron el acento en tres aspectos, que son la retroactividad de las medidas, la discriminación a la eólica y la arbitrariedad con la que se ha fijado el criterio de rentabilidad razonable.

Las tres asociaciones ya se reunieron en junio con el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, quien mostró su preocupación por la falta de diálogo con el Gobierno y por el impacto en el sector de las medidas regulatorias y su retroactividad.

Pese a que en ese momento no se conocía todavía la reforma, el comisario pidió al sector que le enviase los datos sobre el impacto económico de las medidas ya adoptadas y aseguró que su misión es velar por el cumplimiento de las directivas europeas, incluida la de Energías Renovables.

El encuentro del lunes fue continuación del celebrado con Oettinger. Las tres asociaciones tuvieron ocasión de explicar no ya sólo el impacto del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica y del Real Decreto-Ley 2/2013 aplicado con efectos retroactivos, sino también el desarrollo normativo de la reforma energética conocida el pasado viernes.

Los servicios jurídicos, asegura la AEE, mostraron su preocupación por que el Real Decreto-Ley 9/2013, por el que se elimina el sistema de primas para la eólica y se establece un complemento a la inversión basado en un criterio arbitrario sobre la rentabilidad razonable para toda la vida útil de una instalación, sea retroactivo y discriminatorio.

En el caso de la eólica, la medida afectará a las instalaciones en funcionamiento. De esta manera, se ignora el riesgo que asumieron los inversores al apostar por la eólica hace unos años, por lo que se penaliza la apuesta por la innovación que impulsa la normativa comunitaria, señala.

Un portavoz de la Comisión Europea anunció el lunes que vigilará si la reforma energética aprobada por el Gobierno español plantea «riesgos regulatorios» a la inversión en energías renovables, no solo en España, sino en el conjunto de la Unión Europea.