Narbona, consejera del CSN, denuncia presiones del Gobierno para responder rápidamente sobre Nuclenor y la vicepresidenta del organismo regulador lo niega

En declaraciones a los medios, Narbona ha señalado que su voto negativo particular, como el de la consejera Rosario Velasco -también del PSOE- tendrá un texto escrito que harán público el próximo lunes, en el que manifestará los argumentos que las han llevado a pronunciarse en contra de la cuestión planteada por Industria.

Así, ha destacado que, en la actualidad el organismo regulador ya estaba ultimando su informe sobre el cese de la explotación y ha precisado que estaba terminada su evaluación y que únicamente estaba pendiente de aprobación por el Pleno del Consejo para su remisión al Ministerio de Industria, Energía y Turismo antes del 6 de junio próximo. «Esto supondría el fin de Garoña y el inicio de una nueva fase de cese de la central», ha añadido.

Además, ha agregado que si después del 6 de julio, fecha del cese de explotación, Nuclenor quisiera pedir una nueva licencia, «tal cosa es posible». A su juicio, si se hubieran hecho las cosas «bien» y «respetando todos los tiempos y capacidades» el pleno del CSN tenía que haber mantenido el proceso en el que estaba e informar de forma negativa al Ministerio sobre esta cuestión y remitirle el informe sobre el cese de explotación.

«Y si Nuclenor quiere, después puede pedir una nueva solicitud», ha apostillado Narbona, que considera que esta habría sido la mejor solución «acorde a las normas, los procedimientos, la práctica habitual y respetando el organismo regulador».

Por ello, ha denunciado las «presiones» al Consejo para que se pronunciase sobre esta cuestión en tan poco tiempo y se ha quejado de que el pleno ha sufrido una «presión externa grave» que hará constar en el texto de su voto particular.

La exministra socialista ha insistido en esta denuncia porque el Ministerio les ha pedido el 16 de mayo que se pronunciara sobre si antes del 1 de junio el Gobierno podía cambiar la orden ministerial de 29 de junio de 2012 para que antes del 6 de junio Nuclenor pueda solicitar una autorización de un año, en el que permanecerá parada.

«Es totalmente inédita una presión en términos de plazos para algo que debe hacerse en términos de garantías», ha agregado Narbona, que ha acusado al Ministerio de instrumentalizar al Consejo de Seguridad Nuclear «en función de una negociación que está haciendo con el sector».

Asimismo, ha dicho que no es baladí la central nuclear en cuestión porque se trata de Garoña, de la que ha dicho que tiene una «reputación a escala internacional no precisamente óptima» y que será objeto de una visita de inspección el próximo mes de septiembre.

En su opinión, con actuaciones como esta, se pone en riesgo la credibilidad del organismo regulador, que «está muy alta en estos momentos a nivel mundial», ya que España está a la cabeza internacional en términos de exigencias, sobre todo después del accidente de Fukushima Dai-chi (Japón), lo que puede provocar una «gravísima pérdida de credibilidad».

Por ello, reitera que en su opinión, el pleno debía haber acordado no informar favorablemente al Ministerio y seguir el cauce previsto. Al mismo tiempo, ha destacado que los informes de cara al cese de explotación realizados por los técnicos del regulador atómico suman más de 3.000 horas de trabajo «que ahora se tiran al water» y ha dicho que esto supone una «enorme falta de respeto» hacia un organismo y hacia sus técnicos, que están muy preparados por culpa de unas negociaciones en las que no se debería implicar de esta manera al CSN.

Respecto a la extensión en el tiempo de las deliberaciones, la consejera ha explicado que se han pedido numerosos informes técnicos y jurídicos sobre los posibles escenarios y ha recordado que uno de ellos da soporte, precisamente, a la idea de que pese a una orden de cierre, nada impediría a Nuclenor solicitar una licencia nueva.

La vicepresidenta del CSN niega «cualquier tipo de condicionante político»

Por su parte, la vicepresidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Rosario Velasco, ha asegurado que la decisión final del Pleno del Consejo en relación con la situación de la central de Santa María de Garoña (Burgos) ha sido «ajena a cualquier tipo de condicionante político».

Velasco ha subrayado que la decisión se ha basado en «los excelentes» informes técnicos y jurídicos aportados que «han servido de profunda reflexión para todos los miembros del Pleno».

Así, ha insistido en que, desde el punto de vista de la misión del organismo, «que no es otra que velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica», el acuerdo ha sido ajeno a cualquier tipo de condicionante político.

En este sentido, ha añadido que las deliberaciones de esta semana se han centrado en la solicitud que le trasladó el Ministerio de Industria, Energía y Turismo respecto a una posible modificación de la orden ministerial de 29 de junio de 2012, que posibilitaría a la central nuclear de Garoña continuar un año más en condición de parada.

Además, Velasco ha precisado que, «independientemente del sentido del voto particular contrario al de la mayoría», este será entregado en el plazo que marca el estatuto del Consejo.

Finalmente, ha añadido que este voto será público, ya que constará en el acta correspondiente que estará disponible en la página de Internet del organismo regulador, probablemente el próximo miércoles, después de la celebración del pleno ordinario del organismo regulador.

Nuclenor califica de «positiva» la decisión del CSN

Nuclenor, el titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), ha calificado de «positiva» la decisión adoptada por el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de mostrarse favorable a que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo revoque parcialmente la orden de cierre de 29 de junio de 2012, para que éste pueda pedir un año de prórroga. Sin embargo, ha manifestado que ahora «espera la respuesta» del departamento que dirige José Manuel Soria.

Así, en un escueto comunicado, destaca que el organismo regulador ha analizado las condiciones de seguridad nuclear y protección radiológica de la central, tal y como le corresponde al CSN.

Nuclenor señala que el objetivo de la solicitud planteada es mantener la posibilidad de solicitar la renovación de la autorización de explotación vigente que permita continuar en un futuro con la operación de Santa María de Garoña.

«No obstante, Nuclenor permanece a la espera de la respuesta oficial del Ministerio de Industria, organismo al que se ha dirigido formalmente esta solicitud», subraya el titular que añade que, una vez conocida su decisión, se analizará el «nuevo escenario para la planta burgalesa».

Los trabajadores muestran «cierto optimismo»

Los trabajadores de la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña han mostrado «cierto optimismo» ante la posibilidad de que Nuclenor decida finalmente solicitar la prórroga en la actividad de la planta, tras conocerse este viernes la decisión favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El portavoz del Comité de Empresa, Alberto César Gónzalez, ha reconocido que, aunque con «prudencia», la postura del CSN ha trasladado «algo de optimismo» a los empleados de la planta. «Lo hemos acogido como una buena noticia, pero con prudencia», ha aseverado.

En este sentido, ha recordado que, cuando todo estaba preparado para funcionar hasta 2019, «se decidió que la central no era viable» debido a las tasas aplicadas a las eléctricas y que, desde entonces, «todo ha sido un ir y venir», al que ya se han acostumbrado.

En relación al futuro inmediato de la central, ha explicado que en estos momentos «hay que esperar» a los siguientes pasos que puedan darse de cara a la continuidad, aunque ha confiado en que todo «se aclare», una vez que se conozcan las medidas del Gobierno de la nación para la estabilización del sistema energético.

El CSN un «simple negociado» al servicio de sus intereses políticos

El secretario federal de ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, denunció que el Gobierno pretende que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se convierta en «un simple negociado al servicio de sus intereses políticos».

Morán consideró que el CSN puede ver «pisoteada su independencia», debido a que el Ministerio de Industria se mostró partidario de prorrogar la vida útil de la planta si los expertos dan su visto bueno.

Por ello, aseguró que el Consejo de Seguridad Nuclear español «se enfrenta a un ataque sin precedentes a su solvencia». Para Morán, esto se debe a un «desesperado intento del Gobierno por salvar aquella imagen de Rajoy haciendo una promesa en plena campaña electoral en relación con algo tan sensible como es el funcionamiento de una central nuclear».

A su juicio, las dos últimas semanas se está viviendo una situación sin precedentes en ningún país con reactores nucleares en su mix de generación energética como en España, donde acusó al Gobierno de intentar forzar «hasta más allá de cualquier límite sensato las competencias de un organismo independiente que tiene en sus manos, quizás como ningún otro, la salvaguarda del interés general».

Por ello, consideró que el CSN se ha convertido en el «pimpampum» de una partida entre el Gobierno y las empresas eléctricas en el que se están dilucidando intereses políticos y económicos «por igual».

Finalmente, lamentó que esta circunstancia se dé en momentos en los que los organismos encargados de velar por la seguridad nuclear en todos los países se enfrentan al reto de ganar credibilidad ante los ciudadanos, «tras las escandalosas deficiencias y connivencias destapadas en Japón», tras el accidente en la central nuclear de Fukushima.

El Gobierno vasco muestra su rechazo porque es una central «obsoleta»

Gobierno vasco ha mostrado su rechazo a la continuidad de Garoña porque es una central «obsoleta» que carece de «vida útil», después de conocer la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha mostrado su «rotunda» disconformidad con la decisión y ha reiterado su posicionamiento favorable al cierre, al tiempo que ha reclamado medidas compensatorias para los municipios vascos del ámbito de influencia de esta central.

En este sentido, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, ha aludido a «motivos de obsolescencia y de seguridad» para rechazar la continuidad de su actividad.

Según ha indicado la consejera Tapia, dado que la central de Santa María de Garoña corresponde a la primera generación de centrales nucleares, «se trata de una central obsoleta en su concepción en relación con los diseños actuales para este tipo de instalaciones». Tapia ha añadido que a ello se suma «que la central con sus 43 años de explotación ha sobrepasado el umbral de su vida útil de funcionamiento».

Arantza Tapia ha afirmado que, en la actualidad, existe un parque de generación eléctrica «más moderno, seguro y competitivo», lo que supone que el funcionamiento autorizado por el Consejo de Seguridad Nuclear en Garoña «no aporta seguridad de suministro de electricidad ni eficiencia económica al sistema».

Por último, ha indicado que el Gobierno vasco reclamará ante el Ministerio de Industria que los municipios vascos sean reconocidos como «municipios de influencia de Garoña», de modo que se pongan en marcha por parte del Estado todas las políticas de reactivación de la zona de Garoña, «para que los efectos negativos que del cierre pudieran derivarse en la población tuvieran una compensación también en esa misma zona geográfica».

EH Bildu denuncia asegura que es «la peor noticia»

El parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu ha asegurado que la concesión de un año de plazo para que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), situada a unos 60 kilómetros de Vitoria, pueda renovar su licencia para operar es «la peor noticia que puede haber para el necesario cambio hacia un modelo energético basado en energías renovables».

«Una vez más, ha quedado claro que las decisiones sobre el sistema energético se toman ateniendo a intereses privados. Cualquier otra excusa que puedan utilizar en referencia a la concesión, tales como la necesidad de abastecimiento energético, son meras excusas», ha censurado.

En opinión de Maeztu, el objetivo final de estas decisiones es «asegurar mayores ganancias a las empresas que gestionan Garoña, asegurarles los beneficios económicas por encima de cualquier otro interés».

EH Bildu ha anunciado, además, que se adhiere a las movilizaciones que se producirán en los próximos días en contra de la decisión del CSN.

Greenpeace «reforzará» la denuncia ante la AN

Greenpeace ha anunciado que «reforzará» la denuncia en la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Industria después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya dado el visto bueno a que Nuclenor pueda pedir una prórroga para Garoña en el plazo de un año.

Greenpeace ha explicado que incluirá «de manera inmediata esta vulneración del proceso reglamentario» establecido en el proceso de denuncia que mantiene abierto ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Industria «hasta conseguir que se declare la nulidad» de la Orden de 3 de julio de 2012 que revocó el cierre de Garoña.

Al respecto, la organización ecologistas considera que la «decisión política» tomada por el CSN «afecta negativamente al rigor y a la profundidad necesarios para realizar las inspecciones», y a la evaluación de las modificaciones tanto del plan de cese de la explotación, como del nuevo proceso «inédito» abierto, como del plan de acción relativo a las pruebas de resistencia que tienen aprobado y en ejecución.

La organización ecologista considera que la solicitud de una compañía privada como Nuclenor, propiedad de Iberdrola y Endesa, en defensa de sus «intereses económicos» ha prevalecido «sobre la protección de la población y el medio ambiente».

«Si el ministro de Industria rectifica sus leyes al dictado de Iberdrola y Endesa, Greenpeace lo va a denunciar en los tribunales», ha declarado Mario Rodríguez, director Ejecutivo de Greenpeace.

«El CSN ha sido obligado por el Partido Popular para que el Gobierno tenga una coartada: les han obligado a renunciar a la independencia en la defensa de la seguridad nuclear«, ha aseverado.

Los próximos 11 y 12 de junio en Bruselas, durante la segunda conferencia que el Grupo de Reguladores de Seguridad Nuclear Europea (ENSREG) que se celebrará para valorar el seguimiento estas pruebas, la organización ecologista denunciará públicamente la violación del proceso de las pruebas de resistencia de las centrales nucleares y, en particular, los planes de acción nacionales y su aplicación.

«En Bruselas no se va a entender que España vulnere las pruebas de resistencia con Garoña. Desacreditar la seguridad nuclear es negativo para los que sabemos que son peligrosas y para los que creen que no», ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.

«Tampoco van a entender que se defiendan los intereses privados por encima del interés público en materia nuclear», ha concluido.

Ecologistas en Acción lamenta la falta de independencia del CSN

Ecologistas en Acción ha lamentado la «falta de independencia» que denota la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear. A su juicio, no había argumentos técnicos para esta decisión y se ha conseguido que la imagen del CSN quede «profundamente desacreditada» a nivel nacional e internacional.

Por ello, acusa al Ministerio de Industria, Energía y Turismo de haber hecho un «daño enorme» a la institución garante de la seguridad nuclear al forzarla a tomar una decisión «en tiempo ridículo».

Así, el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, ha señalado que con esta cuestión se ve cómo el lobby nuclear «ha torcido el brazo de un gobierno democrático» y subraya que «no fue suficiente» con revocar la orden ministerial de 2009 «a medida de Nuclenor» sino que se ha tenido que introducir «esta enorme presión» sobre el regulador atómico para satisfacer los intereses de una empresa privada.

Por ello, Castejón se cuestiona qué se estará egociando entre los co-titulares de Nuclenor (ENDESA e Iberdrola) y el Gobierno para dar «tan lamentable espectáculo».

A su juicio, la presión de un informe en tan poco tiempo, abre la puerta a que los técnicos se vean obligados a estudiar la seguridad de una instalación nuclear en siete días naturales o cinco laborales, lo que contraviene las recomendaciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), que consideran necesarios varios meses para la realización de estos informes.

Por ello, insiste en que esto hace «mucho daño» a la imagen del CSN porque los reguladores europeos estaban pendientes de los sucesos españoles.

Además, apunta que ahora se abren varias incógnitas sobre el estado de seguridad de la central durante este tiempo y considera que la autorización para permanecer en parada fría es «inédita y marca un peligroso precedente a nivel mundial».

En este sentido, Castejón recuerda que en su informe de 2009, el CSN se mostró a favor de una autorización hasta 2019 condicionada a la realización de una serie importante de reparaciones en 2013, como el cambio de cientos de metros de trenes de cables que sirven para monitorizar los parámetros de la central.

Respecto a la votación, el representante de Ecologistas en Acción ha subrayado que la decisión, finalmente, ha sido por votación no unánime y que ha sido necesario el voto de calidad del presidente para inclinar la balanza. A su juicio, esto demuestra que no había argumentos técnicos de suficiente peso para dar la autorización, lo que lleva a pensar que es una «decisión política». De este modo, considera que los técnicos del CSN, «que han resultado ejemplares en los últimos tiempos, no se merecen que se les coloque en esta situación».