REE y Enagás tendrán seis meses para llegar a un acuerdo de compra de las hidráulicas de bombeo y regasificadoras de las Islas Canarias

Según el proyecto de ley para garantizar el suministro eléctrico en los sistemas extrapeninsulares, el importe del traspaso «estará basado en precio de mercado» o, en el caso de los proyectos que no cuenten con autorización de explotación, en «los costes totales en que efectivamente se hubiera incurrido» hasta el 1 de marzo.

En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo una vez transcurrido el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la normativa, la Comisión Nacional de Energía (CNE) nombrará un árbitro independiente que dictará un laudo vinculante con el precio.

El proyecto de ley, aprobado el 1 de marzo, establece que la titularidad de las centrales de bombeo y las regasificadoras extrapeninsulares debe pasar a los operadores del sistema -REE y Enagás, respectivamente- por su importancia para garantizar el suministro.

Los bombeos sirven de almacenamiento, ya que suben el agua al embalse por la noche, es decir, consumen electricidad cuando hay menos demanda, para que esté disponible para generar energía durante el día.

Según el texto, actualmente hay cinco proyectos de centrales de bombeo, todos en Canarias, de los que destaca dos, Chira-Soria y Gorona del Viento, ambos vinculados a Endesa: en el primer caso en solitario, tras ganar un concurso, y en el segundo, como socio de las administraciones públicas, con un 30%.

Las regasificadoras, por su parte, permiten abastecer de gas natural sin necesidad de gasoductos, algo fundamental en un sistema aislado como el canario que no afecta a Baleares. El traspaso afectaría a los proyectos de Arinaga (Gran Canaria) y Granadilla (Tenerife), ambas titularidad de Gascan, sociedad integrada por Unelco-Endesa (con un 41,94% del capital), Enagás (41,18%) y la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias (10,88%).

La normativa, que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria, tiene el objetivo de impulsar la competencia en los sistemas eléctricos extrapeninsulares -Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla-, donde la mayor parte de la demanda eléctrica «se cubre con generación de origen térmico cuya titularidad corresponde íntegramente a una sola empresa», Endesa.

«Estas condiciones de posición dominante dificultan la reducción de los costes de generación en estos sistemas», apuntó el texto, que aludió como uno de sus objetivos la reducción del sobrecoste que esta particularidad supone para el conjunto del sistema eléctrico.

Entre las medidas recogidas en el proyecto de ley, figura que REE comprobará el funcionamiento de las centrales con bajos índices de producción y que estas perderán la retribución por garantía de potencia si no superan unos mínimos de calidad.

Industria también procederá a «minorar proporcionalmente el concepto retributivo adicional» a la producción para aquellas centrales que reduzcan su disponibilidad y que garantizará el suministro en caso de necesidad, incluso mediante la operación directa de las instalaciones.

Con este mismo objetivo, primará la instalación de centrales en zonas con necesidad de generación, aunque la retribución adicional estará sujeta a autorización previa y no se aplicará en ningún caso a operadores con más del 40% del mercado, lo que fundamentalmente afecta a Endesa.

También estableció que el precio de los combustibles para generación se fijará de acuerdo a «los principios de concurrencia, transparencia, objetividad y no discriminación», para lo que revisará los contratos de los últimos cuatro años.