La Defensora del Pueblo planteará las quejas de los consumidores a Industria por las subidas de la luz

A finales del año pasado, señaló el Defensor del Pueblo en su informe anual de 2012, se recibieron quejas ante el nuevo aumento de las tarifas en enero de 2013, que se sumó a las subidas del IVA, a los anteriores incrementos del recibo y a las refacturaciones aplicadas por orden del Tribunal Supremo.

Las subidas «suponen una carga excesiva para muchos ciudadanos» y afectan fundamentalmente a los usuarios acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que se encuentran acogidos unos 20 millones de hogares y pymes, recordó el informe.

El Defensor del Pueblo advirtió además de que «la ausencia de claridad de las facturas emitidas por las compañías eléctricas es una constante en la queja», y por este motivo reclamó a Industria que promueva un modelo en el que el consumidor conozca las fuentes energéticas, su impacto y el desglose de todos los conceptos.

El organismo lamentó que las comercializadoras de electricidad emiten sus facturas de forma no homogénea, hasta el punto de que mientras unas se limitan a facturar el consumo, otras detallan la parte que va a impuestos, al suministro de energía y a partidas ajenas a la producción.

Junto a esto, reclamó a Industria que defina lo antes posible el nuevo concepto de consumidor vulnerable, que está llamado a sustituir a los grupos beneficiarios del bono social. De forma transitoria se está asimilando esta nueva figura a la del bono social, si bien es necesario avanzar en su definición, explicó.

El Defensor del Pueblo también se hizo eco de las quejas de los consumidores por cortes irregulares del suministro, así como de algunos casos concretos, como el de usuarios que en apenas dos semanas recibieron dos facturas, una de 114 euros y otra de 137 euros.

En cuanto al suministro del gas, indicó que la mayoría de las quejas hacen referencia a «prácticas engañosas o sin consentimiento de los usuarios para contratar el servicio», así como para realizar revisiones sin que haya transcurrido el plazo legalmente establecido.

Se da la circunstancia de que las personas de edad avanzada son las más afectadas por estas revisiones irregulares o por las prácticas engañosas en el proceso de contratación, aseguró.