Precios e impuestos de los carburantes: un nuevo marco

Las medidas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo respecto al sector de hidrocarburos marcan la actualidad del sector energético en nuestros días. Y se produce esta ofensiva justo en el momento en que se ha producido un nuevo incremento de la fiscalidad de las gasolinas y gasóleos, marcando nuevos máximos en este componente. De hecho, en estos días existe un foco informativo importante en seguir la evolución de los precios de los carburantes en nuestro país y, por eso, casi diariamente, se publican y comentan estos datos, sin contextualizarlos con los precios internacionales del petróleo, las divisas u otros componentes. Sólo se afirma, por activa y por pasiva, por arriba y por abajo, que crecen mucho y que están en máximos.

Tradicionalmente, el mecanismo de contención de precios empleado por las autoridades en este sector consistía en una convocatoria de reunión a los Consejeros Delegados de las principales empresas de hidrocarburos. Dicha reunión solía coincidir con los momentos en que se cerraban los resultados de inflación de cada año (previsión octubre/noviembre) a todos los efectos revalorizadores derivados del IPC, incluido el de las pensiones. El Ministerio, a veces el propio ministro, apretaba las clavijas a las empresas por este procedimiento, amendrentándolas con eventuales medidas sectoriales. Hemos entrado en una nueva fase mucho más invasiva.

Es una realidad esta puesta de atención desde los medios de comunicación que hablan diariamente de máximos históricos de los carburantes en España, coincidentes también con el aumento de su fiscalidad. En los últimos tiempos, además, la Comisión Nacional de Competencia (CNC) también se ha empleado como ariete contra este sector, efectuando afirmaciones referidas a la diferente velocidad de la evolución de los precios de los carburantes al alza y a la baja en su correlación al precio del crudo (aunque intrínsecamente, entran en juego muchos más factores además del precio del crudo, como las divisas, el coste del refino, la dieselización de nuestro parque que establece hábitos de consumo diferentes que en los países de nuestro alrededor, los requerimientos de mezclas de biocombustibles y biocarburantes, y, finalmente, los impuestos y figuras impositivas).

Los informes que justifican estas afirmaciones se construyen de adelante hacia atrás, con el fin de demostrar unos asertos, más que el revés: de obtener conclusiones partiendo de unas observaciones de análisis económico, de mercado, cadena de valor, etc…. Y, de hecho, el de los hidrocarburos es un sector en el que se producen extrañas paradojas. Por un lado, se escuchan afirmaciones respecto a que no hay competencia y, por otra, esta idea se justifica con otra contraria en la que se dice que hay gasolineras en las que existen diferencias de precio de hasta 8 céntimos. De hecho, el número de operadores ha crecido en el sector, así como las alternativas de comercialización y, además, las principales petroleras descienden en su participación de mercado.

Lo que hay que reconocer es que desde el punto de vista comunicacional, el Gobierno ha conseguido hacer una jugada maestra, ha creado y se ha beneficiado de un ‘frame’: ha elevado los impuestos a los carburantes y ha conseguido culpabilizar a los propios operadores de los precios altos tras estos impuestos. Si hace años, incluso en la opinión pública había instalada la idea de que había un porcentaje muy elevado del precio de los carburantes dedicado a impuestos, esa impresión está siendo difuminada sorprendentemente, para que los consumidores vivan felices con más impuestos y concentren su enfado con las empresas. En paralelo, las Administraciones siguen descubriendo las ventajas de la energía para la fijación de figuras tributarias con capacidad recaudadora.

Y, al mismo tiempo, ha logrado mantener a los operadores a raya con la aquiescencia de una opinión pública en la que, en una crisis galopante, la idea de «leña al mono» produce un bálsamo reconfortante y en la que se instala un nuevo pensamiento único antiempresarial.