El Gobierno aprueba cambios para impulsar la competencia y la bajada de los precios de los hidrocarburos

Los cambios se incluyeron en un real decreto que entrará en vigor el domingo, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saez de Santamaría, quien subrayó que el objetivo es reducir las barreras de entrada de nuevos operadores y beneficiar a los consumidores.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) emitieron el año pasado sendos informes en los que alertaban de la falta de competencia en el sector de los hidrocarburos y proponían al Gobierno diversas medidas para elevarla y que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo tuvo en cuenta para su elaboración.

En cuanto al mercado mayorista, y con el fin de «que los costes de distribución sean los más bajos posibles», se profundizará en el régimen de supervisión de las instalaciones logísticas y de almacenamiento para garantizar que las compañías que tiene derecho a usarlas lo hagan «en condiciones transparentes, objetivas y no discriminatorias».

En el terreno minorista y de manera transitoria, las compañías verán limitada la posibilidad de instalar nuevas estaciones de servicio en aquellas provincias en las cuentan con una elevada cuota de mercado.

Además, el Gobierno optó por limitar la duración de los contratos en exclusiva entre petroleras y estaciones de servicio (abanderamiento) a un máximo de un año, prorrogable por otros tres si así lo decide el dueño de la gasolinera.

Por otra parte, se prohíbe a las petroleras recomendar precios de venta al público a sus estaciones de servicio.

Según explicó el Ministerio de Industria, las restricciones que actualmente aparecen en los contratos en exclusiva limitan la competencia en el sector y perjudican a los consumidores al convertir al distribuidor en «un revendedor con descuento fijo o un comisionista».

Industria consideró que cuando una petrolera recomienda tarifas a sus distribuidores fomenta «el alineamiento de precios entre estaciones de servicio abanderadas, reduciéndose así la competencia intramarca».

Para facilitar la instalación de nuevas gasolineras, se eliminan barreras administrativas, se simplifican trámites a la apertura de instalaciones de suministro minorista de carburantes y se fomenta la entrada de nuevos operadores.

Uno de los objetivos, será incrementar la apertura de estaciones de servicios en centros y parques comerciales e industriales, establecimientos de inspección técnica de vehículos (ITV) y polígonos industriales.

Para ello, se aclaró que la actividad de suministro de combustible al por menor es compatible con el uso de suelo para actividades comerciales en estas áreas y que la superficie de la estación de servicio no computará como superficie útil de exposición de venta al público, para hacer más atractivas las inversiones.

Además, se estableció un procedimiento único en todas las autonomías para la apertura de estaciones de servicio y que los tramites administrativos se resuelvan de forma «agilizada y simplificada» en un máximo de 8 meses.

Recortes en el objetivo de biocarburantes

Además, el Gobierno decidió rebajar los objetivos anuales de consumos obligatorios de biocarburantes con el objetivo minimizar la repercusión del uso de biocarburantes en el precio final de gasolinas y gasóleos en los surtidores y «favorecer la estabilidad del sector».

Así, para 2013 y «años sucesivos», el peso de carburantes «bio» en el consumo total se rebaja del 6,5% al 4,1%. En el caso de la gasolina el objetivo pasa del 4,1% al 3,9% y en el del gasóleo del 7% al 4,1%.

Para su venta al público, los biocarburantes (bioetanol y biodiésel) se mezclan con la gasolina y el gasóleo tradicional.

Los nuevos baremos, afirmó Industria, «permitirán minimizar el precio de los carburantes y analizar con tiempo los desarrollos tecnológicos necesarios para alcanzar los objetivos comunitarios previstos para 2020», que establecen que ese año las renovables aporten el 10% del consumo energético del transporte.

Es «el último clavo en el ataúd» del sector, según APPA

Esta decisión «retrógada» y «salvaje» supondrá «el último clavo en el ataúd del sector del biodiésel en España», según afirmó el director de la división de biocarburantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Manuel Bustos.

El Ejecutivo condenó al sector «tras haber permitido durante años, en detrimento de los consumidores y de los contribuyentes, que las petroleras aprovecharan en su propio beneficio los incentivos fiscales y el «dumping» derivado de las masivas importaciones ilegales y desleales (en referencia al argentino y otros), lo que llevó a la industria del biodiésel española a una lenta y mortal agonía», aseguró.

La decisión anunciada se tomó además «sin ninguna consulta o aviso previo al sector», lamentó Bustos, antes de advertir que el recorte implica rebajar la obligación de biocarburantes un 50% respecto al nivel conseguido el año pasado, del 8,2%, con lo que el porcentaje se situará por debajo del registrado en 2010.

«Esta retrógrada y salvaje reducción contradice de forma flagrante la senda prevista en la legislación comunitaria para que las energías renovables alcancen en 2020 en 10% del consumo final en el transporte», añadió el director de APPA Biocarburantes.