El Congreso solicita que el CSN verifique que las nucleares son seguras ante impactos de aviones

Se trata de una propuesta de resolución pactada entre PP, PSOE, UPyD y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), y que fue finalmente apoyada por todos los grupos parlamentarios, salvo Amaiur, en relación a los informes anuales de 2010 y 2011 del CSN, después de que fueran presentados en diciembre en la Cámara Baja.

Aunque examinar la seguridad de las centrales nucleares frente a posibles impactos de aeronaves es uno de los requerimientos recogidos en las pruebas de estrés a realizar por las nucleares europeas tras el desastre de Fukushima, el Congreso en esta ocasión fue más allá y pidió al órgano regulador que dé cuenta sobre estos resultados vía informe.

En concreto, el texto aprobado «solicita informe al CSN acerca de los sistemas de control del espacio aéreo en lo vertical y proximidades inmediatas de las centrales nucleares, para la predicción de la alerta temprana ante potenciales riesgos derivados del sobrevuelo de aeronaves o dispositivos voladores no identificados».

Todos los grupos parlamentarios, salvo Amaiur, respaldaron también una transaccional del PP y la Izquierda Plural para que, en el plazo de un año, se revise el Plan General de Residuos Radioactivos, que deberá ser sometido a informe por parte del CSN, en el que se actualicen escenarios de referencia, particularmente en relación con la entrada en funcionamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares y las previsiones económico-financieras que se contemplan.

De igual forma, salieron adelante dos propuestas de PP y CiU, que apoyaron todos los grupos, salvo Amaiur. En la primera de ellas se instó al CSN a presentar antes del 31 de marzo un informe sobre los recursos humanos y económicos invertidos en las actividades reguladoras estatales e internacionales consecuencia directa o indirecta del accidente nuclear de Fukushima «una vez concluya todo el proceso».

Es más, se solicitó al Gobierno que cumpla con la Ley de Responsabilidad Civil por daños nucleares en la que se establece que el Gobierno, de acuerdo con la Generalitat catalana, adecuará un Plan básico de Emergencia Nuclear para la creación de una estructura directiva coordinada para el Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona (donde se encuentra la central nuclear de Ascó), dentro de la estructura orgánica de la Generalitat.

Eso sí, lo acordado especifica que la medida se llevará a cabo «una vez entre en vigor en España el Protocolo de 12 de febrero de 2004, por el que se modifica el Convenio de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares».

Sobre el Almacén Temporal Centralizado, también se incluyó en el informe de la ponencia una iniciativa de CiU, respaldada por todos los grupos, salvo Amaiur, que reclamó al órgano regulador a presentar, antes del 31 de marzo de 2013, un informe sobre los recursos humanos y económicos que se estima van a ser necesarios en el proceso de licenciamiento del ATC y sobre los cambios organizativos que se prevean implementar a estos efectos.

Respecto a la transparencia de la institución, criticada por muchos grupos parlamentarios, se solicitó igualmente al CSN que sea «proactivo» en la transmisión de la información a los distintos niveles de la administración territorial en los que se ubica una central nuclear, ante cualquier incidencia, en aras a velar por la seguridad y la inmediata prestación de medios y medidas adecuadas, de acuerdo con las competencias de cada ámbito.

NECESIDADES DEL SECTOR ELÉCTRICO

A estas propuestas aprobadas se unen las ya 34 que fueron aprobadas e incluidas en el informe de la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear, durante 2010 y 2011, en las reuniones previas a la comisión de este miércoles, y que fue ratificado en la Comisión de Industria con el voto favorable del PP, PSOE y CiU, y la abstención de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y ERC.

Entre estas propuestas de resolución se instó a la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), por ejemplo, a que elabore un documento público que describa las necesidades y sugerencias del sector eléctrico en relación a sus capacidades ante un «hipotético aumento de la participación de la energía nuclear en el mix actual de generación».

En concreto, se especificó en la iniciativa que se formula esta recomendación a Unesa como continuación de una de las resoluciones realizadas en 2010 por la Comisión de Industria del Congreso, con el «objetivo primordial» de garantizar un marco futuro que maximice la seguridad nuclear, la seguridad del suministro, el respeto al medioambiente y la eficacia económica.

A su vez, se reclamó al Consejo de Seguridad Nuclear a que, una vez lo haya elaborado, remita a esta Comisión el Plan de Acción que se ha de enviar a la Comisión Europea, relativo a las actuaciones que se han de llevar a cabo en las centrales nucleares españolas a partir de lecciones extraídas del accidente de Fukushima.

Se solicitó igualmente que se analicen las normas y procedimientos de notificación de los incidentes que ocurran en las instalaciones atómicas, así como la forma en la que estos se comunican a la opinión pública, de manera que se facilite la comprensión de su importancia para la seguridad y se traten de manera diferenciada los sucesos relevantes y los que constituyen «meras incidencias» operacionales sin ninguna relevancia para la seguridad, con objeto de mantener la máxima transparencia e informar adecuadamente al público, informando de ello a la Comisión de Industria en los próximos seis meses.

La Comisión de Industria suplicó al Consejo de Seguridad Nuclear que siga en detalle la implantación de las mejoras derivadas de las lecciones aprendidas del accidente nuclear en Japón y acordadas en el marco de la Unión Europea, informando anualmente al Parlamento español del avance y del grado de implantación de las nuevas medidas requeridas.

Al mismo tiempo, se exigió al CSN que profundice en el conocimiento de los riesgos sísmicos que pudieran afectar a las instalaciones nucleares españolas y a aplicar las metodologías más modernas para establecer las medidas de protección necesarias contra dichos riesgos.