Soria admite que la expropiación de TDE a REE por Bolivia se ajusta a Derecho y que el paralelismo con YPF «se limita a tiempo y a espacio»

«Desde algunos ámbitos se ha querido establecer un paralelismo entre la expropiación de Repsol-YPF en Argentina y esta nacionalización. Sin embargo, no ha lugar a ese paralelismo, que se limita al tiempo y al espacio. En el caso de la incautación argentina hay una declarada voluntad de no indemnizar y una ausencia total de diálogo previo o posterior con la empresa; en Bolivia, la indemnización se contempla y las autoridades en absoluto han rehuido el contacto con España y con Red Eléctrica«, afirmó.

Tras repasar las decisiones adoptadas por Morales desde su llegada al poder, recordando diferentes nacionalizaciones de empresas de varios países y sectores, Soria insistió en que «no se observa signo alguno de discriminación contra España o contra las empresas españolas», algo que sí intuye en la posición del Gobierno argentino.

«Hay que diferenciar entre las expropiaciones arbitrarias, ilegales y discriminatorias, como la de YPF, donde sólo se expropiaron las acciones de Repsol de entre todos los tenedores; y ésta, que se ha hecho conforme al marco constitucional de Bolivia, lo cual no quita que sea aspiración del Gobierno que REE reciba un precio justo por TDE», que permita a la empresa «resarcirse del daño económico y financiero que supone una nacionalización como esta», aseveró.

En la misma línea, insistió en que Bolivia no se negó en ningún caso a negociar con España y con REE, y que se comprometió a pactar una indemnización, reconociendo a renglón seguido que hay «cierta incertidumbre» en este asunto.

«El Gobierno actúa con cautela porque los términos del decreto (de nacionalización) dejan espacio para una cierta incertidumbre sobre la fijación del valor de las acciones para la indemnización», dijo, poniendo en valor las declaraciones del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que dijo que Bolivia iba a dar una «pequeña o diminuta» compensación a REE o que quizá decida no pagar «nada».

En la noche en que se produjeron esas declaraciones, Soria llamó a su homólogo boliviano, que le transmitió que el país iba a pagar el justiprecio por la expropiación de TDE y que iba a incluir a una persona de REE en la comisión que fijará el importe de la indemnización a percibir tras la nacionalización.

Además, valoró la disposición del país a permitir que REE colabore con la empresa independiente que fijará la indemnización. «Por todo ello, el Gobierno de España lamenta la decisión de Bolivia pero confiamos en que negocie con REE para alcanzar una compensación justa que satisfaga a todas las partes, y acompañaremos y prestaremos todo el apoyo necesario y posible a la empresa en la defensa de sus legítimos intereses», afirmó el ministro.

En la misma línea, recordó que el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y Bolivia fija «un periodo de remanencia de 10 años, en virtud del cual las inversiones realizadas con anterioridad a la denuncia (del acuerdo) gozan de esa remanencia».

Es decir, que pese a que Bolivia denunció el acuerdo el pasado 4 de enero, REE podría recurrir a la Corte Internacional para el Arreglo de Disputas sobre Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI) de la ONU «si no se llega a un acuerdo sobre el precio justo», si bien reconoció que «no hay mecanismos coercitivos para hacer cumplir los laudos de ese arbitraje».

Finalmente, en relación a las posibles causas que llevaron a Morales a adoptar esta decisión, el ministro reconoció que puede haber razones de política interior «ante su necesidad de recuperar iniciativa política», si bien aseguró en que el Gobierno boliviano «ha llevado a cabo una política sistemática de nacionalizaciones en determinados sectores desde 2006» y apuntó que éstas afectaron por igual a empresas extranjeras de diferentes nacionalidades. «No se observa, por tanto, signo alguno de discriminación contra las empresas españolas», aseguró.

El ministro también apuntó que la nacionalización de empresas que gestionan los recursos en Bolivia obedece a una política sostenida del Ejecutivo del país y que el decreto que afecta a REE no es un caso aislado. «El principio de control sobre los recursos naturales impregna la constitución de Bolivia y el plan nacional de desarrollo», añadió.

En cualquier caso, señaló que los argumentos de falta de inversión no son ciertos porque, según un documento de la Superintendencia de Electricidad boliviana, REE invirtió entre 1997 y 2005 más de 34 millones de euros, el triple de lo comprometido al adquirir TDE. Además, recordó que fue precisamente el decreto de Refundación de la Empresa Nacional de Electricidad el que «paralizó de facto» desde 2008 cualquier inversión nueva.

Pese a todo, Soria aseguró que Latinoamérica continuará siendo «una prioridad para España» pese a estos «comportamientos heterogéneos» de Bolivia y Argentina e indicó que España siempre considerará «hermanos» a los pueblos latinoamericanos, «más allá de quien esté en el gobierno» porque «los gobiernos duran más tiempo o menos pero los pueblos quedan».

El PSOE reclamó una «diplomacia preventiva»

Ante estas explicaciones, el portavoz socialista en la materia, José Segura, reclamó al Gobierno que defina una «diplomacia preventiva» para evitar casos futuros, además de recordar que España debe adaptar su política comercial al Tratado de Lisboa para poder pedir el apoyo de la Comisión Europea en este tipo de asuntos. «Tiene nuestro apoyo para que cada vez se vertebre mejor una estrategia de apoyo a nuestras empresas», añadió.

A este respecto, Soria recordó los encuentros mantenidos tanto por el presidente, Mariano Rajoy, como por varios ministros con dirigentes latinoamericanos y aseguró que «repercutirán en una diplomacia que intente, en el futuro, suplir las carencias existentes en esta materia», acusando a los socialistas de ejercer hasta ahora una «diplomacia condecorativa» hacia gobernantes y gobiernos que «luego expropian a empresas españolas».

Por su parte, el diputado de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, insistió en la existencia de una «relación, si no causal, sí de simetría» entre las expropiaciones de YPF y TDE, aunque reconoció que son casos diferentes dado que el Estado es propietario del 20% de REE a través de la SEPI. En este sentido, preguntó al ministro si «cree que España se ha convertido en un objetivo fácil para este tipo de ofensivas desestabilizadoras» y exigió un mayor nivel de coordinación entre ministerios para «identificar los riesgos» para el país.

Soria respondió asegurando que el anuncio de Morales fue «totalmente sorprendente e imprevisible» para el Gobierno, REE y TDE, e incluso «para algunos miembros del Gobierno de Bolivia». Además, descartó que detrás de estos movimientos haya una percepción de debilidad en el país. «Es verdad que atravesamos dificultades importantes, pero eso no hace pensar en ningún momento que España no sea un país con una enorme fortaleza. Tenemos mucha más fortaleza que debilidades, pero hace falta un motor que las ponga en valor», dijo.

La izquierda Plural reprocha el cambio de actitud frente a YPF

El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Chesús Yuste, acusó al Gobierno de cambiar su actitud en las respuestas dadas a los gobiernos boliviano y argentino, ante el que a su juicio «sobreactuaron». Además, defendió la decisión de Morales argumentando que «si en España el transporte de la energía se deja en manos de una empresa semipública, ¿por qué en Bolivia van a confiárselo a una empresa extranjera?».

Sin embargo, Soria respondió que el Gobierno tiene «la obligación de defender los intereses de cualquier empresa española», tenga participación pública o no, y negó cualquier cambio de actitud, insistiendo en que los procedimientos y la disposición al diálogo fueron diferentes.

Por parte de CiU, Inmaculada Riera exigió una «posición contundente, de firmeza» en las negociaciones con Bolivia y reclamó medidas por parte de la Comisión Europea y la Organización Mundial del Comercio (OMC) para evitar un tercer caso, alegando que las nacionalizaciones generan «una gran inseguridad jurídica».

Soria coincidió con este diagnóstico, señalando que «más tarde o más temprano los efectos de estas decisiones se traducen en efectos negativos en los flujos de inversión», pero defendió su gestión de ambas crisis.

Finalmente, el popular Antonio Erias reprochó al Gobierno de Morales que «no informara con anterioridad a España sobre sus intenciones» y reclamó «respeto» hacia los «principios generales de las inversiones internacionales y los intereses de los accionistas» de REE.