Adelanto electoral y energía

El verano de 2011 está marcado por el anuncio por parte del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hace una semana, del adelanto de las elecciones generales al 20 de noviembre de este año, en medio de una fuerte presión política (dentro y fuera de su partido), económica y financiera. El anticipo de los comicios en cuatro meses (siendo necesaria por la irrespirabilidad del clima político) tiene efectos ineludibles para la economía y para los sectores económicos por lo que supone de interrupción en el diagnóstico y aplicación de las medidas en curso.

En el caso de la energía, no puede ser menos, máxime con el importante abanico de cuestiones encima de la mesa, que podemos clasificar en tres bloques. El primero, las cuestiones pendientes de resolución y proyectos normativos en ciernes. Especialmente relevante, en lo que se refiere a la legislación, estaría la revisión del marco retributivo de las energías renovables (eólica, fotovoltaica, etc…), que lleva implícita la cuestión de la necesidad de nueva capacidad en generación, el trámite parlamentario de la transposición a la normativa española del tercer paquete energético (con el tema cerrado abruptamente por presiones de REE para evitar la separación jurídica y funcional en dos empresas, operador de transporte y de sistema) y la finalización del proceso legislativo que complete el reglamento de pagos por capacidad a las instalaciones térmicas (que ha confluido además con el relevo al frente de la CNE).

Segundo, las cuestiones que formarán parte del escenario electoral relativas a la energía, lo que tiene que ver estrictamente con el programa político y la campaña electoral de los partidos. Ya hay primeros escarceos, que será preciso seguir muy atentamente dada la sensibilidad con respecto a determinadas cuestiones, empezando por unas declaraciones de Rubalcaba señalando la supuesta necesidad de un cambio de modelo energético. Por otra parte, en el Partido Popular las posturas internas no son uniformes respecto a cuestiones como la energía nuclear, el Almacén Temporal Centralizado o el mercado eléctrico, contra lo que pudiera parecer, incluyendo el importante peso de las Comunidades Autónomas gobernadas por el propio partido. Y, en medio de todo ello, la titulización del déficit tarifario pendiente y el cumplimiento del calendario para la adecuación de las tarifas a la realidad del coste del suministro, tarea aparcada largamente, en que se ha empleado especialmente el equipo actual del Ministerio de Industria, para resolver un problema acumulado por las anteriores administraciones energéticas.

Y, finalmente, un tema que ineludiblemente se planteará son los nombres: las personas, los equipos, los gestores que, tras las elecciones generales, puedan surgir para regir el devenir del sector energético en el futuro. Desde la remoción anunciada del nuevo Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía, cuya duración de vigencia de sus nombramientos también se ha acortado (una cuestión especialmente mal resuelta por el actual equipo de Industria), el posible nombre del futuro Secretario de Estado de Energía o los titulares de las empresas de los gestores técnicos y operadores de sistema y transporte.

Empiezan las turbulencias.