El PSOE busca el apoyo de la Subcomisión de Energía del Congreso al RD del carbón

El borrador de propuestas de la Subcomisión, «Recopilación de consideraciones y conclusiones», ya recoge esta propuesta en apoyo al carbón nacional, que justificaba tanto por su aportación al «autoabastecimiento energético» como único combustible fósil autóctono, como por «las implicaciones sociales» de la actividad minera y las «posibilidades de desarrollo alternativo» de las comarcas centradas en esta actividad.

Sin embargo, fuentes parlamentarios han asegurado que este documento está abierto a múltiples variaciones que se verán en la reunión del próximo miércoles, que los diputados esperan que se cierre con un texto consensuado entre todos los grupos, si bien uno de los puntos fuertes de discrepancia sigue siendo precisamente el tema del carbón, en especial con el PP, que ha liderado la oposición gallega a la norma a través de la Xunta que preside Alberto Núñez Feijóo.

Aunque los socialistas aún apuran la negociación con el PP y CiU, dan por imposible el acuerdo con ICV, que el pasado mes de julio ya avanzó que se desmarcaría del acuerdo con un voto particular, descontento por las recomendaciones en apoyo del carbón, pero también en materia nuclear y de renovables, ante la rebaja por parte del Gobierno de su objetivo a 2020 de generación primaria desde el 22,7% al 20,8%.

«Céntimo verde»

Pese a las presiones de las petroleras en los últimos meses, el borrador aún mantiene su recomendación introducida en julio para «analizar la pertinencia» de que el conjunto «de los consumidores del sistema energético» soporten el coste de las energías renovables y no sólo los eléctricos, ya que estas energías «benefician al conjunto de la sociedad».

Y es que aunque el texto no precisa la forma en la que se desarrollaría este mecanismo, el sector de los carburantes teme que se haga efectivo a través de una tasa a los carburantes en la línea del conocido como «céntimo verde».

El documento incide en que se debe fomentar la implantación de las energías renovables de una manera «sostenible económicamente» para los consumidores, por lo que se debe apostar por «tecnologías maduras», especialmente la eólica terrestre, y «clarificar» el horizonte regulatorio de los productores de energía eléctrica de régimen especial.

La nuclear es una opción válida para España

Además, la Subcomisión del Congreso cree necesario identificar y centrar adecuadamente, en términos tecnológicos, económicos y de seguridad, el debate sobre la energía nuclear en el horizonte del 2035, como una opción válida para el suministro energético del país.

En el documento, los diputados consideran que aunque la energía nuclear es una cuestión compleja y con una gran sensibilidad social, «debe abordarse desde planteamientos técnicos, en los tiempos y plazos que correspondan y con los elementos de juicio suficientes».

El prescindir de la energía nuclear a 2035 supondría un encarecimiento de la electricidad producida en régimen ordinario, según el texto.

La Subcomisión entiende que durante la próxima década (2011-2020) y en el marco parlamentario, habrá que adoptar las medidas oportunas para definir el horizonte para las centrales nucleares, así como de una política nuclear a largo plazo.

Dado que ninguna de las centrales actualmente en operación superará su vida de diseño durante la próxima década, la energía nuclear debe pesar en el mix energético en similares porcentajes a los actuales (con una cobertura de la demanda de electricidad del 17,7%).

Así, la Subcomisión coincide con el mix (conjunto de tecnologías utilizadas para generar energía) planteado para 2020 por el Gobierno, en el que la nuclear aumenta su capacidad instalada pese al cierre de Garoña y gracias a la repotenciación de otras centrales.

El documento añade que entre 2020 y 2035 será necesario invertir en el sistema eléctrico unos 4.500 millones de euros al año debido a la entrada de gran capacidad renovable (fundamentalmente eólica y solar) y dado que muchas de las instalaciones irán quedando obsoletas y será necesaria su sustitución o repotenciación.

En el caso del régimen especial (renovables y cogeneración), el coste dependerá de la evolución de la inversión y de las primas «que se esté dispuesto a pagar».

El coste de la energía dependerá, en el caso del régimen ordinario, de la evolución de las materias primas y del CO2 y de que, para garantizar el suministro, se retribuya a las tecnologías con pocas horas de funcionamiento por el servicio de respaldo que prestan al sistema.

Según la Subcomisión, la no disponibilidad de energía nuclear en 2035 incrementaría el coste del régimen ordinario entre 15 y 20 euros por megavatio hora.

En el texto de conclusiones, la Subcomisión aboga por preservar y potenciar el conocimiento y las capacidades tecnológicas y operativas de la energía atómica, dado su «alto valor estratégico y económico».

Además, España debe fomentar su participación en los acuerdos internacionales de cooperación necesarios para promocionar el avance de la investigación sobre la energía nuclear, especialmente en la técnica de fusión.

De las ocho centrales nucleares que operan en España, siete cumplirán 40 años en funcionamiento entre 2021 y 2028, en tanto que Santa María de Garoña, que fue puesta en marcha en marzo de 1971, cerrará en 2013.

En el programa electoral con el que el PSOE concurrió a las pasadas elecciones generales, los socialistas se comprometían a sustituir gradualmente la nuclear por «energías seguras, limpias y menos costosas, cerrando las centrales nucleares de forma ordenada en el tiempo al final de su vida útil».

En el proyecto de Ley de Economía Sostenible, en trámite parlamentario, el Ejecutivo limita la «vida útil» de las plantas atómicas a 40 años.