Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado la Subcomisión del Congreso creada para analizar la estratégica energética de España de los próximos 25 años y que está previsto que sean aprobadas definitivamente antes del 18 de noviembre.

En el documento, la Subcomisión mantiene, como acordó en julio, la necesidad de repartir entre el conjunto de los consumidores energéticos el coste de las renovables, que ahora se paga sólo vía recibo de la luz; así como la de garantizar, mediante un «pago único», la continuidad de las centrales térmicas que sirven de respaldo a las tecnologías verdes.

La Subcomisión ve conveniente profundizar en la liberalización de los sectores del gas y de la luz con el establecimiento definitivo en 2013 de una «tarifa excepcional» únicamente para los usuarios que pudieran encontrar problemas para contratar su suministro en el mercado, lo que en diversas ocasiones ha defendido la Comisión Nacional de la Energía (CNE). El objetivo sería garantizarles el suministro «a un precio y con una calidad determinados», bajo dos condiciones esenciales: la eficacia y la aditividad (suma de costes).

Los diputados entienden además que es necesario perfeccionar el actual mercado mayorista de electricidad, aunque «ha alcanzado un nivel de competencia de los más elevados de Europa».

Además, han de mejorarse los mecanismos de integración de las renovables, minimizando las distorsiones en el mercado y asegurando que se dan las señales económicas adecuadas.

La Subcomisión insiste en la necesidad de lograr que en 2020 las renovables cubran el 20% del consumo de una manera «económicamente sostenible para los consumidores». Los diputados piden apostar por tecnologías maduras y por que la potencia adicional a la inscrita en el pre-registro disponga de un coste indicativo, que tenga en cuenta costes y beneficios, que reduzca el volumen de primas a las renovables y que consiga una mayor competitividad.

La Subcomisión cree que las primas de las energías verdes, que han desbordado «claramente las previsiones», deben ser soportadas por todos los consumidores del sistema energético (electricidad, gas natural, carburantes, etc…).

En cuanto a las centrales de carbón y ciclo combinados (gas natural), aboga por el establecimiento de un «pago unitario» adecuado a su función de cobertura al sistema por la intermitencia de otras fuentes de energía, cuando ésta realmente se produzca.

En aras a la competitividad de los grandes consumidores de energía (industria), pide potenciar el desarrollo de los mercados a plazo para que puedan cubrir sus necesidades de energía a más de 2 años vista.

Además, deben establecerse mecanismos para que los pagos por interrumpibilidad (desconexión en caso de que lo necesite el sistema) y los peajes de acceso eléctricos pongan en valor los servicios complementarios que la industria puede ofrecer en términos de seguridad de suministro y de ahorro en inversiones de nueva capacidad de generación y transporte.

Desde el pasado 1 de julio, los únicos precios finales que fija el Gobierno para el gas y la luz son las denominadas tarifas de ultimo recurso (TUR). En el caso del gas, existen dos tipos, la TUR 1, dirigida a consumos para agua y cocina (inferior o igual a 5.000 kilovatios hora al año -KWh/año-); y TUR 2, que incluye también calefacción (entre 5.000 y 50.000 KWh/año), a las que están acogidas unos 3,5 millones de hogares.

Por lo que respecta a la electricidad, pueden acogerse a la TUR -con o sin discriminación horaria- los usuarios con potencias contratadas inferiores o iguales a los 10 kilovatios (unos 27 millones de hogares y pymes). En electricidad también se aplica el bono social, que supone la congelación hasta 2012 del recibo de la luz a precios de enero de 2009 y al que tienen derecho los usuarios con potencias contratadas inferiores a los 3 kilovatios, familias numerosas o con todos sus miembros en paro y aquellos que cobran pensiones mínimas.