UNEF denuncia una campaña de desprestigio contra las renovables y APPA rechaza el recorte de primas

En concreto, UNEF arremetió contra las declaraciones de Villaseca, según las cuales un recorte a las primas a las renovables en operación no generaría problemas de seguridad jurídica.

«Otra cosa muy diferente opinan los inversores en energías renovables», aseguró la asociación, después de considerar que la posición de la eléctrica no hace sino «extender la inseguridad jurídica» al conjunto del sector de las renovables.

UNEF aludió además a los «miles de litigios» en tribunales nacionales e internacionales en cotnra del real decreto ley 14/2010, en el que se recortó el número de horas con derecho a primas de las instalaciones fotovoltaicas.

La asociación dijo sentir «perplejidad e indignación» al apreciar cómo «las grandes eléctricas españolas se arrogan la exclusiva de la seguridad jurídica en España, como si les competiera solo a ellas y debieran ser sus exclusivas beneficiarias».

Por este motivo, la federación reclamó a los agentes políticos y del sector que «desoigan» las «declaraciones interesadas» y pidió la apertura de una mesa de diálogo para encontrar soluciones al problema del déficit de tarifa.

La mesa, indicó, debería convocarse asumiendo dos principios básicos, que son el rechazo de cualquier medida retroactiva o que genere inseguridad jurídica y, en segundo lugar, el «convencimiento» de que la «única solución eficaz» pasa por reformar «a fondo» el mercado eléctrico.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José María González Vélez, criticó también las recientes declaraciones de varios directivos de grandes compañías eléctricas que pedían al Gobierno recortes retroactivos a las primas a las renovables con el objetivo de hacer frente al déficit tarifario, por lo que reclamó seguridad jurídica para las inversiones realizadas en el sector.

«Las energías renovables han ahorrado en el mercado eléctrico 9.173 millones de euros más que las primas recibidas en el período 2005-2010. Las renovables, por su evolución de costes comparada con los precios de los combustibles, son parte de la solución al déficit, no parte del problema«, declaró González Vélez.

La asociación señaló que existen grandes diferencias entre hacer uso de la flexibilidad legal para adecuar los costes a la actual situación del sistema eléctrico -como es el caso del ajuste realizado en la retribución a la distribución- y modificar un marco regulatorio a largo plazo, gracias al cual se tomaron decisiones de inversión en energías renovables.

Al respecto, González Vélez añadió que «si se empiezan a pedir ajustes retroactivos para resolver el déficit tarifario, entonces pasarán a ser normales las expropiaciones en Argentina o Bolivia y se podría resolver el déficit tarifario simplemente negando su pago».

El presidente de APPA dijo que modificar las condiciones establecidas sobre las energías renovables «amparadas por un paraguas legal», en referencia a la ley 54/97, «nos pondría al mismo nivel que aquellos países que criticamos por su arbitrariedad».

Por ello, el presidente de la asociación insistió que la seguridad jurídica es «necesaria» para todas las inversiones y permite a España tener una reputación internacional que «no se puede perder».

Por último, la asociación recordó que durante los últimos cinco años, en España se instalaron 14.000 megavatios de centrales de gas cuando el consumo solo aumentó un 5%, lo que llevó a España atener un sistema eléctrico «sobredimensionado».

«Es muy difícil que España consiga atraer inversiones extranjeras y se recupere de la actual crisis si no existe una confianza plena en nuestro marco regulatorio«, apuntó González.