«Quizá sea más inteligente garantizar una reducción drástica de CO2 y que cada uno decida con qué tecnología», señaló Ribera durante el X Encuentro del Sector Energético organizado por la escuela de negocios IESE, ya que se demostró que en ocasiones un objetivo puede ir en detrimento del otro.

En opinión de Ribera, actualmente directora adjunta en Isofotón, es difícil lograr una coherencia en la política europea mientras no haya un mercado interior único de energía.

En la misma línea se expresó el presidente de la patronal eléctrica, Unesa, Eduardo Montes, que calificó de «confusos» los objetivos de la llamada estrategia 20-20-20 y reclamó una mayor coherencia en las políticas para poder tomar decisiones de inversión a largo plazo.

Como otro ejemplo de esa «incoherencia» señaló que el año pasado en España las primas a las renovables fueron «enormes» y que, pese a que el sentido de esas ayudas era que se redujeran las emisiones de CO2, en realidad éstas aumentaron un 38%.

Montes recordó el gran reto que supone para el sector eléctrico la «hoja de ruta» planteada por la Comisión Europea, que propone eliminar prácticamente por completo las emisiones de carbono en 2050 frente al 56% en el sector del transporte.

Para hacer frente a ese reto, abogó por usar «todas» las técnicas de generación, es decir, las renovables, pero también la nuclear, la hidráulica o la captura de carbono.

El presidente de Unesa apostó también por avanzar en la electrificación de la demanda energética y trabajar más en el campo de la eficiencia.

El presidente de la patronal del gas, Sedigas, Antoni Peris, recordó que el gas seguirá teniendo un papel en el actual periodo de transición tecnológica y que hay margen para reducir las emisiones en este ámbito.

Por otro lado, consideró que continuar eligiendo las tecnologías en función de factores ajenos a lo económico «no es el camino correcto».

Europa ha perdido competitividad por la lucha contra el CO2

Por su parte, el presidente y consejero delegado de E.ON, Miguel Antoñanzas, pidió que se «interrumpan las intervenciones políticas, regulatorias y fiscales en materia energética en Europa» porque la lucha contra las emisiones de CO2 condujo a una pérdida de competitividad del continente.

Antoñanzas aseguró que el liderazgo europeo en materia de fomento de las renovables y de lucha contra las emisiones de CO2 tiene como resultado «una total pérdida de competitividad».

Esto se debe a que las políticas, algunas de ellas fiscales, para lograr estos objetivos repercutieron en un encarecimiento de la energía, que a su vez perjudica a la capacidad de la industria europea de competir con las de otros países.

Además, consideró que estos elementos políticos incrementarán en los próximos años la dependencia energética de los combustibles fósiles.

Por este motivo, aseguró que la retirada de estas medidas permitirá que los mercados «sean los que den las señales de inversión», al tiempo que defendió que el mercado de derechos de emisión es el mejor mecanismo para lograr los objetivos ambientales, aunque precisa de algunos ajustes.

Además, consideró que la diferente fiscalidad energética en los países de la Unión Europea condujo a una fragmentación que «deteriora el mercado de inversión» y perjudica a los consumidores, debido al encarecimiento generalizado del recibo de la luz.

Por lo que respecta a España, apostó por una liberalización total del sector, es decir, la retirada de todas las tarifas reguladas de la luz, con el objetivo de que los agentes puedan competir realmente entre ellos.