Soria defendió en el Pleno del Congreso de los Diputados la convalidación del Real Decreto Ley 2/2013, aprobado el 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y el sector financiero que obliga a los productores del régimen especial a elegir entre vender en el mercado sin prima o mediante la tarifa regulada sin que pueda cambiar de opción en todo el año, y que determina que la actualización anual de las primas se hará en función de la inflación subyacente sin alimentos elaborados ni productos energéticos y a impuestos constantes. Esta norma provocó el rechazo de todos los grupos de la oposición, que reclamaron una reforma en profundidad del sector eléctrico, así como las críticas de gran parte de los productores de energía renovable porque entendieron que cambia las reglas con las que invirtieron.

En la votación, el real decreto salió adelante con los 175 votos a favor de la bancada popular pese a los 140 votos en contra y 14 abstenciones. Además, el Pleno rechazó su tramitación como proyecto de ley, con lo que no se podrán incluir enmiendas.

Para el titular de Industria, esta es la «forma de combatir de manera equitativa y más justa» el déficit de tarifa y evitar un aumento del coste de la luz que pagan los ciudadanos. «El coste entre la subida de ingresos y la reducción de los costes tiene que repartirse de la manera más proporcional posible entre consumidores, empresas y administraciones», dijo Soria, explicando por ejemplo que parte del esfuerzo que hará el Estado es ese crédito de 2.200 millones de euros a cargo de los Presupuestos Generales del Estado que también se autorizó a través de un proyecto de ley que aún ha de pasar por la Cámara Baja.

Y es que ante las cifras totales que arroja el sistema eléctrico el Gobierno tenía como opciones «o subir la luz, cosa que se descarta, o tomar medidas adicionales» como las de este decreto. «Incrementar las tarifas eléctricas no sería conveniente», insistió Soria, tras recordar todos los conceptos que se incluyen en la factura de la luz, que «en los últimos años han producido un aumento en los costes del sistema eléctrico y han hecho aumentar el déficit anual».

El ministro de Industria, Energía y Turismo cifró en 3.586 millones de euros el ahorro conseguido con las reformas aprobadas a lo largo de 2012 para el sector eléctrico.

En este sentido, recordó que a finales de 2011 el desfase ascendía a 24.000 millones de euros, y que el año pasado cerró con otros 5.000 millones: los 1.500 millones de déficit permitido por la legislación y otros 3.500 millones adicionales, que se registró a pesar de las reformas del Ejecutivo.

En este sentido, el titular de Industria enumeró los diferentes decretos que se fueron aprobando el año pasado, comenzando por el de suspensión de primas a las renovables, para hacer frente a una cuantía «insostenible» de primas reconocidas, por un importe superior a los 70.000 millones de euros.

Además, las medidas tributarias de marzo permitieron reducir en 885 millones de euros los costes de distribución, en otros 206 millones de euros los pagos por capacidad, las primas al carbón, y la ininterrumpibilidad; e incrementar los ingresos. Con un saldo total de 1.764 millones de euros de reducción de costes, a los que se sumó un aumento de los ingresos de 1.380 millones de euros con el incremento de la luz decretado en abril.

Además, en julio se aprobó una reducción adicional de costes de 50 millones en las retribuciones al transporte y de 100 millones de euros en el sobrecoste extrapeninsular, además de un incremento de ingresos de 200 millones por los tributos autonómicos y de 280 millones de euros por los nuevos peajes. En total, 630 millones de euros.

«Como consecuencia del conjunto de medidas adoptadas a lo largo de 2012 para reducir los costes del sistema, aumentar los ingresos y reducir el déficit de tarifa se han logrado 3.586 millones de euros, más que suficiente para compensar el déficit previsto a inicios del año en el sistema eléctrico», dijo Soria.

A esto habrá que sumar este año los 2.921 millones de euros adicionales que se ingresarán gracias a las medidas fiscales aprobadas el 28 de diciembre, los 450 millones de euros de ingresos de venta de dióxido de carbono (CO2) y los 1.800 millones de euros que se presupuestarán en 2014 para este año en concepto de extracostes peninsulares. En total, 5.150 millones de euros.

«Sin embargo, en 2012, pese a las medidas adoptadas, el déficit real estimado fue de 3.500 millones de euros por las desviaciones en las primas del régimen especial, que pasaron de los 7.200 millones de euros estimados por la CNE a 8.400 millones de euros; la no consignación en los Presupuestos de 1.800 millones de euros por extracostes del sistema extrapeninsular; y por la caída mayor de lo previsto de la economía y, con ella, de la demanda eléctrica», reconoció el titular de Energía.

De esta manera, en lugar de los 1.500 millones de euros de agujero que estaban previstos y autorizados para el pasado ejercicio, la cifra alcanzó finalmente los 5.000 millones de euros (3.500 millones de euros adicionales). De ahí las medidas adicionales que ahora se someten al debate de convalidación.

«Son medidas difíciles, lo sabemos, y también complejas de entender. Pero son medidas absolutamente imprescindibles y necesarias. El Gobierno no tiene otro objetivo en relación a la reforma del sistema energético que el hacerlo competitivo desde el punto de vista del precio al consumidor y del coste de la energía para la industria, de tener un suministro seguro y equilibrado desde el punto de vista del aporte de las diferentes tecnologías, y también sostenible medioambiental, económica y financieramente», ha concluido.

La oposición censura los «parches» del Gobierno en materia energética

Por su parte, los partidos de la oposición censuraron los «parches» con los que, a su juicio, el Gobierno aborda los problemas del sector energético y reclamaron de forma general que se negocie una amplia reforma integral.

Durante el debate de convalidación del decreto ley con las últimas medidas para abordar el déficit tarifario, el portavoz de Energía del PSOE, José Segura, calificó de «lamentable» las medidas en esta materia, que constituyen una «anarquía» en la que «una orden más una contraorden dan como resultado desorden, caos, falta de proyecto y de desarrollo».

«Hay una deriva colosal que el Gobierno está siendo incapaz de frenar», añadió, equiparando la situación en que se encuentra el sector energético con la crisis del sector financiero. Además, lamentó que las normas que fue aprobando el Ministerio de Industria sólo buscaron «impedir que crezca el déficit tarifario» que, sin embargo, acabó superando el límite máximo autorizado de 1.500 millones de euros en 2012.

Además, aseguró que la «deriva» normativa continuada generó un «caos en el que los operadores no saben qué hacer» y causó una «alta inseguridad jurídica» que perjudica a las inversiones, particularmente en el sector de las renovables, en el que España ocupaba una posición de liderazgo.

Por ello, el diputado reclamó «una reforma estructural completa y valiente» del sistema productivo «en todos sus ámbitos» y una nueva ley que acabe tanto con las «insuficiencias» como con los «vaivenes» sin suponer nuevas subidas de precio para los consumidores, que en el último año ya tuvieron que afrontar incrementos del 20%, según sus datos. «Es necesario empezar de cero», insistió.

Por su parte, la diputada de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Laia Ortiz afirmó que los «parches, parches y más parches» del Gobierno «no tapan el agujero» porque «el agujero está en otra parte», y no en las primas a las renovables, a las que se insiste en demonizar. «Con sus medidas sólo cavan otro agujero más profundo, dinamitando la necesaria transición a otro modelo energético», añadió.

Así, espetó al ministro que «si después de todo lo que ha hecho no le cuadran los números es porque parte de un mal diagnóstico y no acierta a ver dónde están los problemas, empeñándose en seguir haciendo apaños» que fundamentalmente perjudican a las renovables.

Además, aseguró que el ministro «falta a la verdad» en muchas de sus afirmaciones sobre los desvíos de las primas o los costes que implican las renovables –que, según dijo, superan ampliamente los ahorros que han permitido–, y le acusó de no cambiar de medidas porque «existen unos intocables».

En este sentido, reclamó que se «amplíe la visión» en la planificación energética, para incorporar aspectos como el ahorro o la eficiencia energética, y evitar dejar un panorama de «tierra quemada» que «imposibilite» el desarrollo futuro de las renovables, que hasta ahora han «acumulado todos los castigos» del Gobierno.

También Pedro Azpiazu, del PNV, pidió la tramitación como proyecto de ley de la norma y reclamó que se defina un modelo «de futuro» antes de aprobar nuevos «parches que no solucionan el déficit de tarifa» y que además podrían crear efectos medioambientales «no deseados».

«El sector energético es estratégico y tiene muchos retos. Se necesitan propuestas para dar confianza, seguridad y estabilidad, y para eso hace falta un modelo energético claro en el medio y largo plazo. Esta importante dosis de improvisación no es la manera de regular este sector», añadió, criticando en particular la decisión de tomar el IPC a impuestos constantes y sin precios energéticos ni de alimentos para actualizar las retribuciones energéticas.

Por su parte, el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, denunció la «falta de una estrategia energética» y reclamó una revisión «global» para crear un modelo «estable a medio y largo plazo» y que aporte «más competitividad» al sector industrial y empresarial a la par que reduce la dependencia exterior.

«Es cierto que tenemos que atajar el déficit de tarifa, y también que ustedes han planteado medidas para eso, pero sin definir un modelo global, con lo cual estamos perjudicando a todo el sector», añadió, calificando la sucesión de decretos de «improvisación».

También Álvaro Anchuelo, de UPyD, criticó que «cada quince días haya una nueva reforma energética», alertando de la «inseguridad» que provoca y del daño que causa a la «imagen general de la economía española». Además, ha avisado de que las decisiones adoptadas ahora para evitar una subida del precio de la energía sólo suponen «aplazar» ese incremento, causando de este modo «graves daños» al sector de las renovables.

Por todo ello, exigió al Gobierno que vaya «a la raíz del problema» y plantee un «nuevo Plan Energético Nacional» con medidas «de fondo» que revisen la composición del mix energético, promuevan el ahorro, acaben con los oligopolios y tengan en cuenta los efectos medioambientales. «Hemos logrado el peor de los mundos posibles: una energía muy cara y contaminante sin dejar de ser dependientes», añadió.

Por su parte, la diputada de ERC, Teresa Jordà, consideró que la sucesión de reformas «demuestra la ausencia total y absoluta de cualquier visión estratégica» en esta materia. «Van dando tumbos, con parches aquí y allá para dar respuesta a las presiones de unos y otros, y sin saber dónde se dirigen», dijo, acusando al Ejecutivo de abocar a las renovables a la «muerte de éxito» al proteger a las empresas tradicionales y «responsabilizar a las primas del déficit de tarifa».

Rosana Fernández, del BNG, criticó que se apueste por las energías tradicionales para atajar un problema que, a su juicio, no se deriva del apoyo a las renovables, sino de un «oscuro y perverso» sistema de fijación de precios; mientras que Pedro Quevedo (CC-NC) reprochó tanto la «imprevisión» sobre el efecto de la caída económica en los ingresos eléctricos, como el ataque a las renovables, con un «gran potencial» en Canarias.

Finalmente, el diputado del PP, Antonio Erías, responsabilizó al anterior Ejecutivo socialista de la «deriva» del sector energético, y aseguró que las medidas aprobadas en esta legislatura «contribuyen a proporcionar un escenario de estabilidad que antes ni se disfrutaba ni se atisbaba». «Estamos reconduciendo la economía», insistió.

Además, negó improvisación o parches, y defendió que no se trata de contraponer primas y peajes, sino de «mejorar los instrumentos para proteger a los consumidores y a las empresas». «Por eso hay que incidir en los costes, en la formación de precios y hay que erradicar determinadas prácticas que nos han llevado a la situación en la que estamos», dijo, poniendo como ejemplo el método para actualizar las retribuciones que se usaban hasta ahora.

El Consejo de Ministros aprobará el crédito de 2.200 millones de euros

En otro orden de cosas, el Consejo de Ministros aprobará este viernes el proyecto de ley que incluye un crédito de 2.200 millones de euros al sistema eléctrico con el que se cubrirá el posible desfase entre el importe previsto de primas al régimen especial para este año y la cantidad que se alcance finalmente, según anunció el ministro de Industria y aclaró que el crédito tendrá cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Soria, que indicó que el proyecto ya cuenta con el informe del Consejo de Estado, aseguró además que el déficit de tarifa acumulado hasta la fecha, una vez sumados 3.600 millones en 2012, alcanza ya 27.500 millones de euros.

El ministro de Industria también abogó por la diversidad tecnológica y por combinar el desarrollo de las energías renovables con el mantenimiento de las tecnologías convencionales, como la nuclear y los combustibles fósiles.

Además, apostó por alargar la vida de las plantas nucleares que cumplan los requerimientos de seguridad porque no hacerlo supondría una infrautilización y el Gobierno «no tiene ningún tipo de complejo ideológico en esta materia». En este sentido, también defendió una participación creciente de las renovables en la cobertura de la demanda eléctrica.

Por lo que se refiere al sector del carbón, el ministro confió en desbloquear las ayudas de 111 millones de euros pronto y aseguró que el retraso se debe a varios factores y no necesariamente a la «desaparición» de 200.000 toneladas de hulla del Almacén Estratégico Temporal, del Grupo Alonso.

«Espero que el problema se pueda desactivar de aquí a poco. Los servicios jurídicos del Estado están haciendo determinadas comprobaciones y en cuanto estén hechas las ayudas se desbloquearán«, afirmó.

Por otro lado, Soria aseguró en alusión a las investigaciones de recursos en Canarias y de hidrocarburos no convencionales mediante «fracking» que el Gobierno no renunciará a su extracción siempre y cuando se cumplan las condiciones medioambientales exigidas, porque trabaja para defender el «interés general».

El ministro dijo que esta es una de las vías con las que trabaja el Gobierno para reducir la dependencia energética del exterior y aseguró que las licencias de exploración se estudiarán «sin ningún tipo de complejos».