Industria insiste en conseguir que las minas de carbón competitivas sigan abiertas a partir de 2019

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, la diputada socialista Elena Castellano preguntó al ministro qué piensa hacer ante la pérdida de «miles de empleos» en la minería del carbón, a lo que Soria respondió que fue el anterior Ejecutivo del PSOE el que, en 2011, remitió a Bruselas un plan de cierre a partir del 1 de enero de 2019 de todas las minas de carbón que hubieran recibido ayudas, «fueran o no competitivas».

Frente a eso, su departamento está «intentando» que estas empresas «puedan seguir abiertas a partir de esa fecha, sin perjuicio de que hayan recibido ayudas, siempre que sean competitivas».

Sin embargo, Castellano le espetó que esa respuesta ni le sirve al PSOE «ni mucho menos a los mineros» y acusó al ministro de llevar más de un año «mareando esta perdiz», prometiendo unos acuerdos «que no llegan nunca» y escudándose en «excusas de mal pagador». «Habla usted de 2019, pero a este paso no llegamos ni a julio», advirtió, reprochando a Soria que «para no pagar (las ayudas) a las empresas ha empleado un catálogo de excusas de lo más variopinto».

«Y no es que nos importen tanto las empresas como los miles de trabajadores que, por sus decisiones y su falta de interés para buscar una solución, llevan cinco meses sin cobrar, están perdiendo sus casas y no tienen ya ni qué dar de comer a sus hijos, porque del aire no se vive», añadió, en referencia al Grupo Alonso.

En este sentido, abundó en que medio millar de los afectados por la situación de dicha compañía están en procesos de desahucio y «cada vez más familias dependen para su subsistencia de la solidaridad de sus vecinos». «Y eso es responsabilidad suya y de sus decisiones, porque lo que para usted son bailes de salón, para nosotros son pobreza y miseria«, añadió.

Por ello, la diputada exigió a Soria que le diga a los mineros «a la cara» que «no piensa hacer nada por ellos». «Porque soluciones hay para quien las busca pero hace falta una voluntad que usted no ha tenido en un año y pico, ni para ponerse a dialogar siquiera», concluyó.

En su último turno, Soria replicó que si el Grupo Alonso no recibió las ayudas del Gobierno es porque «se ha constatado que no estaba al día ni con la Seguridad Social ni con la Hacienda pública, y ésos son requisitos que la Ley General de Subvenciones establece inexorablemente para abonar esas subvenciones».

De hecho, recordó que esa compañía recibió una media de cien millones de euros anuales durante los últimos 22 años de los planes de reestructuración de la minería del carbón, por lo que sugirió a la diputada socialista que cuando tenga que explicar por qué no ha cobrado aún las ayudas de este año «se remita a esa falta de cumplimiento de sus obligaciones, que son para todas las empresas sin excepción».

«Y le sugiero que, si tiene alguna relación con esta empresa, les anime a que se pongan al día con la Seguridad Social y con Hacienda, porque en ese momento el Gobierno no tendrá ningún inconveniente en hacer frente al pago de esa subvención que le correspondería. Pero mientras esté en incumplimiento de la ley eso no se puede abonar», zanjó Soria.

Soria comparecerá en el Congreso para informar sobre
Garoña

Asimismo, Soria anunció su disposición a comparecer en la Cámara baja para informar sobre la posible prórroga de la actividad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), al ser preguntado por el futuro de esa central por el diputado de Amaiur Xabier Mikel Errekondo.

El ministro explicó que el Gobierno va a respetar la decisión que tome el Consejo de seguridad Nuclear (CSN) y defendió su predisposición a ampliar la actividad de Garoña porque la nuclear es la energía que ofrece una electricidad más barata en estos momentos.

Nuclenor, empresa de Iberdrola y Endesa que gestiona la central, pidió una ampliación del plazo para solicitar la prórroga de la actividad de la central, que finaliza el 6 de julio.

Xabier Mikel Errekondo, denunció que «Garoña es una central hermana gemela de la de Fukushima» y aseguró que su continuidad puede generar «alarma social» en el País Vasco.

A este respecto, recordó al ministro que incluso el alcalde de Vitoria del PP, Javier Maroto, se opone a la continuidad de Garoña.