Folgado y Sosa mantienen una reunión «cordial», mientras Linera desata el malestar al hablar de una indemnización «diminuta» a REE

Sosa afirmó que fue una reunión «informativa», en un «ambiente cordial», sobre los motivos del decreto que dictó por sorpresa el 1 de mayo el presidente Morales y desmintió «categóricamente» que Bolivia haya fijado ya una cifra sobre el valor de TDE, como aseguraron algunos medios.

«Desmentimos categóricamente que haya un monto», insistió Sosa, y explicó que si mencionó días atrás «un valor casi cercano a los 40 millones de dólares», hablaba de lo que pagó Unión Fenosa cuando se privatizó TDE, pero que ahora es necesario «actualizarlo».

Unión Fenosa compró TDE a mediados de 1997 por 39 millones de dólares y asumió además pasivos con el Estado por otros 70 millones, antes de pasar las acciones a REE.

Por su parte, Folgado dijo que la situación ha «evolucionado» de forma «muy satisfactoria» y, aunque «respeta» pero «no comparte» la decisión del Gobierno boliviano, «mentiría» si dijese que a REE le agrada «el cambio de modelo de gestión de la red de transporte del país desde un modelo privado a uno público» y agregó que en la reunión no hablaron «para nada» sobre cifras de la compensación posible y ratificaron que el camino es contratar a esa firma independiente.

Tras la reunión, se procederá a la «búsqueda y selección conjunta de una compañía independiente de reconocido prestigio internacional que realice una valoración de TDE», en un proceso basado en la «transparencia y objetividad».

Ninguno anunció algún tipo de avances en las negociaciones y se negaron a hablar del anuncio de Linera sobre una compensación «pequeña o diminuta», o que quizá «no hay que pagar nada», palabras que causaron preocupación en los medios españoles poco antes de empezar la cita de Folgado con Sosa.

De hecho, el vicepresidente dijo que se harán «los descuentos que correspondan» y que el Gobierno de Morales aguardará los resultados de la evaluación de TDE que hará una consultora de renombre e independiente, para «tomar decisiones» sobre la compensación por la expropiación decretada el 1 de mayo.

En entrevista posterior, Folgado aseguró que «de momento no hay arbitrajes», a menos que Bolivia no respete su compromiso de transparencia, diálogo y buena fe. «Hasta que no veamos de manera fehaciente que no se cumplen esos principios. Entonces habría un proceso obviamente de plantear (un arbitraje), pero ahora no está en nuestra agenda», agregó.

«Yo no voy a entrar en eso», dijo tajante cuando se le preguntó sobre la indemnización diminuta o nula anunciada por el vicepresidente.

Linera dijo también que el Gobierno de Morales «está atento» a un informe de 2010 de la firma auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) «que dice que la empresa vale 5 millones» (de euros), lo cual Folgado calificó de «absurdo», alegando que esos son sus beneficios anuales.

Ese informe, publicado por medios españoles, señaló que el valor recuperable de TDE hace dos años era de solo 5,88 millones de euros (7,73 millones de dólares), un «dato interesante», según Linera.

Sosa reiteró que el siguiente paso será contratar a una empresa que evaluará los activos y pasivos de TDE, para negociar la compensación con esa base.

«Una vez hecho eso, la empresa nos irá a dar un precio con el cual tenemos que sentarnos a la mesa y recién ahí, en ese ambiente de cordialidad, llegar a una conciliación«, agregó.

En este sentido, Folgado apuntó que desea un acuerdo «lo más rápidamente posible», y con «transparencia» que termine dentro del plazo de 180 días hábiles fijado en el decreto de Morales, o «si puede ser antes, mucho mejor».

«Vamos a caminar juntos en un proceso que, entendemos, tiene que basarse, y así lo manifestó el ministro en la reunión, en la transparencia y objetividad. Y al final creemos que bajo estas premisas llegaremos a buen puerto», añadió el presidente de REE.

Agradeció a Sosa por la «rapidez» con que se acordó esta primera reunión y afirmó que ello «es una demostración clara, desde el principio, de este caminar conjunto para resolver este problema».

Añadió que REE está a disposición del equipo de la firma estatal boliviana Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), que desde hace una semana controla TDE, para lo que precise en lo técnico para garantizar el suministro eléctrico.

«TDE tiene unos niveles de calidad excelentes. La disponibilidad de la red tiene unos índices del 99,7 %. Puedo decir que es de lo más alto que hay a nivel internacional, y eso solo se produce si hay unas buenas inversiones de mantenimiento y unos buenos equipos para todo el tema de la seguridad del suministro», añadió.

Por otro lado, Linera dijo que se tendrán «los diálogos que sean necesarios» con la empresa y el Gobierno español para lograr un acuerdo, pero aclaró que la expropiación «es irrevisable».

«No vamos a retroceder en absoluto. Es un derecho constitucional que tenemos los bolivianos de tener un control del sistema estratégico energético del país«, señaló.

Asimismo, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmó que «confía» en que el Gobierno de Bolivia sea «serio y responsable» y «cumpla su palabra» de que pagaría una cantidad justa a REE por la expropiación de su filial y «pague lo que tiene que pagar».

Cospedal denunció que las palabras de Linera son «contrarias a las que hizo el Gobierno de Bolivia en un primer momento» y añadió que el Ejecutivo español «dará la respuesta que tenga que dar».

Aparte de la visita de Folgado, el próximo miércoles llegará a La Paz el secretario de Estado español de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, cuyo viaje fue programado antes de que Morales decretara por sorpresa la expropiación, argumentando «insuficientes» inversiones en TDE.

Gracia se reunirá con varios ministros, entre ellos el canciller, David Choquehuanca, y la titular de Planificación, Viviana Caro, y con otras autoridades bolivianas y empresarios españoles, informaron fuentes diplomáticas.

Precisamente, Choquehuanca justificó la expropiación de TDE, al señalar que la medida responde a un «mandato constitucional», con la que el país andino recobra también «la dignidad y la soberanía sobre los recursos naturales de Bolivia», y que viene recogida en el programa de Gobierno del presidente Evo Morales «está la recuperación de nuestras empresas estratégicas».

La visita de Gracia se programó hace semanas para repasar con el Gobierno boliviano la cooperación y las inversiones de España, aunque ahora es posible que la expropiación de TDE centre buena parte de las conversaciones, agregaron las fuentes.

El populista Morales, que vive momentos difíciles por una oleada de conflictos sociales y ha visto mermada su popularidad, expropió el Día del Trabajo las acciones de REE en TDE, el 99,94 % del paquete accionarial, argumentando una supuesta falta de inversiones y como «homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano, que luchó por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos».

Según las cuentas de TDE, su patrimonio neto en 2011 era de 164 millones de dólares, mientras que en 2010 eran 150 millones.

Según REE, entre 2002 y 2011 fueron invertidos más de 74 millones de dólares en Bolivia, de los cuales 69 millones de dólares se destinaron a la red de transporte local.

A esos 74 millones se deben añadir 14 millones de dólares destinados a proyectos iniciados con anterioridad, con lo que las inversiones totales superan los 88 millones de dólares, muy cerca de los 91 millones de dólares que supuso la operación de adquisición de la empresa boliviana, según Red Eléctrica Española, «lo que refleja el compromiso de la eléctrica por el desarrollo de ese país».

Algunos dirigentes de la oposición y expertos bolivianos afirmaron que fue una medida «política» ante la oleada de conflictos que afronta Morales en las últimas semanas, y que no resuelve el desequilibrio entre la oferta y la demanda de energía en Bolivia.

También aseguraron que las «nacionalizaciones» decretadas por el presidente boliviano, cerca de veinte desde que llegó al poder en 2006, ahuyentan las inversiones extranjeras.

En Bolivia siguen operando unas veinte empresas españolas, entre ellas Repsol, BBVA, Iberdrola, Abertis, Santillana y Maxam.

Esta medida boliviana se suma a la tomada por Argentina, que decidió el pasado 16 de abril expropiar las acciones de la española Repsol de la petrolera YPF.