En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, quiso dejar claro que la prioridad del Ejecutivo andaluz es la conservación de Doñana y también el cumplimiento estricto de la legalidad.

Vázquez insistió en que este es un asunto de la suficiente enjundia y complejidad que requiere que pongamos más énfasis en lo técnico y en lo jurídico que en la dialéctica política.

Así, señaló que la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente está realizando un estudio exhaustivo del caso, que va a velar por la preservación de Doñana y que dentro del margen que permita la ley, tomará la decisión pertinente, siempre desde una perspectiva técnica y jurídica.

El PP exigirá garantías para que «no se ponga en peligro» Doñana

Por su parte, la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP-A, Alicia Martínez, insistió en que su partido pedirá «que se tengan absolutamente todas las garantías necesarias» sobre el gasoducto de Gas Natural-Fenosa para que «no se ponga en peligro uno de los espacios naturales de mayor valor en toda Andalucía y España».

Tras ser cuestionada sobre la opinión contraria al gasoducto expuesta por IULV-CA, Martínez señaló que el PP-A exigirá «que se cumplan en todo momento los requisitos legales y medioambientales» del proyecto, así como que «se establezcan cuáles pueden ser las afecciones» a la zona para que, en su caso, «se tomen las medidas necesarias correctoras».

Por ello, insistió en que «si hay impedimentos legales que justifiquen la viabilidad de ese proyecto» el PP-A pedirá, «naturalmente, que se tengan absolutamente todas las garantías necesarias» para no dañar Doñana.

Ecologistas exigen a la Junta una «decisión política»

Asimismo, las organizaciones ecologistas que se reunieron con el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, para exponerle sus razones para que no se lleve a cabo el proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana salieron «satisfechos» de este «breve encuentro» si bien urgieron a Valderas a que interceda para que el Gobierno andaluz en su conjunto se pronuncie de forma clara en contra del gasoducto en un plazo «aproximado de un mes para no seguir mareando la perdiz».

Según explicó el representante de Greenpeace Mario Rodríguez –que acudió a la cita junto con Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España; Asunción Ruíz Guijosa, directora de SEO/BirdLife; Paco Segura, responsable de Ecologistas en Acción, y Liliana Spendeler, directora de Amigos de la Tierra–, el encuentro ha estado marcado por la «sintonía» con Valderas aunque esta no es «suficiente» porque lo que, a su juicio, se necesita en estos momentos es una «decisión política» acerca del proyecto.

Es decir, que aunque los «informes técnicos» que están pendientes por parte de la Junta son «muy importantes», los ecologistas creen que lo que de verdad se necesita en este caso es una «decisión política del Gobierno andaluz en su conjunto» que aclare cuál es la posición de la Junta sobre el gasoducto: «si quiere conservar el espacio natural de Doñana o si quiere convertir su subsuelo en una planta industrial», algo que, según insistió Rodríguez, «no solo es una decisión técnica».

Por ello, pidieron a Valderas que intermedie con sus socios de Gobierno en la Junta y que incluso medie para que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, también les reciba antes de Semana Santa, plazo que se dieron para seguir esperando una resolución definitiva a este proyecto.

«La idea es acotarlo en el tiempo porque no podemos seguir mareando la perdiz de forma infinita. Creemos que hasta Semana Santa más o menos es un tiempo razonable. A partir de ahí, si no obtenemos respuesta, empezaremos a preocuparnos«, concluyó

Valderas afirmó que la «posición firme» del Gobierno andaluz es la defensa del Parque de Doñana e insistió en que la preservación de este territorio «es lo primero», por lo que determinadas actividades como la del gasoducto «no caben» en él.

En esta línea, aseguró que la Junta «siempre ha tenido una especial sensibilidad» con Doñana y con todo lo que representa para Andalucía, tanto desde el punto de vista natural y medioambiental como para los propios intereses económicos de la Comunidad Autónoma.