Un total de 907 instalaciones fotovoltaicas, con una potencia total de 64,56 megavatios (MW), se han acogido de forma voluntaria a la regularización ofrecida por el Ministerio de Industria mediante la cual renunciarán a la tarifa regulada que estaban percibiendo, en favor de una tarifa menor a cambio de que no se les abra una investigación por posibles irregularidades.

La potencia total correspondiente a las solicitudes recibidas por Industria, supone según el ministerio que dirige Miguel Sebastián, una cifra muy alejada de lo que estimaba el sector fotovoltaico. Asimismo, aún hay 7 solicitudes pendientes a la espera de ser procesadas.

Estas instalaciones, que estaban percibiendo una prima de 46,6 céntimos de euro por Kilovatio hora (kWh), pasarán a percibir una cantidad de 32 céntimos de euro por KWh después de acogerse a las condiciones de la nueva regularización que recoge el denominado Real Decreto de Trazabilidad.

La rebaja de la prima supondrá, según Industria, un ahorro para los consumidores de 14,6 céntimos por KWh durante la vida útil de las instalaciones, lo que equivale a 17,2 millones de euros anuales, o lo que es lo mismo, 430 millones de euros durante los 25 años a los que estas instalaciones tienen derecho a prima.

Según explicaron fuentes cercanas a la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), este organismo ha recomendado a sus miembros que estudien con detenimiento las disposiciones y que cumplan el Decreto de Trazabilidad, al tiempo que respetan a todas aquellas empresas que han decidido acogerse a la regularización voluntaria.

Asimismo, recuerdan que las asociaciones fotovoltaicas llevan dos años reclamando la persecución contra cualquier tipo de fraude que pueda darse en el sector, a pesar de que el Ministerio -al que compete esa responsabilidad administrativa- no ha combatido dicho fraude a pesar de ser consciente de su existencia.

A pesar de que fuentes de la AEF subrayan su apoyo a cualquier medida contra el fraude, consideran que Industria magnifica el asunto desviando la atención de sus contradicciones normativas; lo que no puede servir para criminalizar a todo el sector, ni para conseguir que la opinión pública pase por alto que esta normativa es coactiva, ilegal y discriminatoria y posiblemente anticonstitucional.

Por su parte, desde la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) aseguran que pese a que los 64,5 (MW) que se han acogido a la nueva regularización representan sólo el 10% del volumen total de la potencia sospechosa, entre 600 y 800 MW, se puede afirmar con seguridad que hubo un fraude importante.

Asimismo, desde ASIF confían en que las investigaciones en curso identifiquen todas aquellas actuaciones ilícitas que se cometieron en septiembre de 2008, con el objeto de limpiar la buena imagen del sector fotovoltaico español.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) tiene planificadas para este año 3.031 inspecciones a huertos solares, frente a las 542 realizadas en 2009.