Esta consideración apareció recogida en un informe de la agencia de calificación crediticia en la que además se aludió a los «nubarrones» que sufren en la actualidad tanto las tecnologías solares, que son la fotovoltaica y la termosolar, como el conjunto de las inversiones en renovables en España.

Los últimos recortes al sector tendrán a su juicio al menos cuatro implicaciones negativas, entre ellas un futuro incierto para los nuevos proyectos renovables, litigios legales contra el Gobierno, un deterioro de las condiciones de inversión del país y un aumento de los riesgos asociados a la actividad regulada.

En este sentido, la agencia de medición de riesgos alertó de que «la naturaleza retroactiva» de los últimos cambios aprobados por el Gobierno en la normativa renovable «podría disuadir a los inversores extranjeros» de emprender proyectos en España.

Fitch explicó que la última modificación normativa es disuasoria porque «debilita en el entorno regulatorio», de manera que los inversores pueden estar «preocupados sobre el potencial de nuevos cambios retroactivos».

Asimismo consideró que estos cambios impactarán «principalmente en los pequeños generadores especialistas de electricidad y en los inversores individuales», ya que las grandes eléctricas tienen una exposición «relativamente limitada» a las renovables.

Así, aunque la reforma «dañará el ingreso por distribución» de las grandes eléctricas, estas se verán beneficiadas porque la reforma ayudará a detener la generación de déficit de tarifa, que se produce porque los ingresos del sistema no son suficientes para cubrir los costes.

Frente a estas implicaciones negativas, también las hay positivas, y además de la contención en el incremento del déficit de tarifa, está la existencia de un crédito por 2.200 millones que permitirá contener las desviaciones en el sistema eléctrico.

En su análisis acerca de los últimos recortes y de la situación de las renovables, Fitch consideró que este sector se desarrolló en un periodo muy corto de tiempo en España y dio origen a una «burbuja», en parte por una inadecuada planificación de aspectos como la previsión de demanda eléctrica.

La pasada semana, el Gobierno aprobó un real decreto de medidas urgentes por el que cambiaba el sistema de actualización de la retribución de las actividades reguladas del sistema eléctrico, que pasaba del IPC a la inflación subyacente -sin tener en cuenta productos energéticos ni alimentos frescos- a impuestos constantes.

Además, estableció que los productores del régimen especial (renovables y cogeneración) recibirán por su generación una tarifa fija o el precio de mercado, con lo que se excluye la posibilidad de recibir una prima adicional y de cambiar de una opción a otra en función de la cotización.