El PSOE defenderá la semana que viene en el Congreso sus propuestas para intentar reducir los precios de los combustibles de automoción

La iniciativa, que lleva la firma de la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, busca «mejorar directamente la renta disponible de las familias al pagar un precio menor del actual por el carburante que consumen y que las grandes empresas que dominan este mercado reduzcan sus márgenes».

El objetivo último es que los ciudadanos puedan pagar «un precio menor, y no como ocurre ahora, que España es uno de los países de la Unión Europea donde se pagan mayores precios», situación que el PSOE achacó a las «serias deficiencias competitivas» del mercado de hidrocarburos por la «alta concentración de tres operadores que disfrutan de ventajas sustanciales derivadas de su peso e importancia en el mercado».

Por eso, una de las principales ideas de la proposición es que durante diez años los operadores al por mayor que superen el 25% de la cuota de mercado provincial tengan restricciones en el número de instalaciones de servicio que tienen, que no podrán incrementar, así como tampoco renovar los contratos de suministro en exclusiva cuando expiren si con ello superan esa cuota de mercado.

«En todo caso, se habilita al Gobierno con carácter excepcional para garantizar un nivel de cobertura mínimo, especialmente en zonas aisladas», matizó la propuesta, en la que también se pidieron límites a los vínculos contractuales de suministro en exclusiva a las situaciones en las que el gestor de la estación de servicio la tiene arrendada a un tercero o tiene derecho de superficie sobre la misma.

De este modo, la duración máxima de un contrato deberá ser de un año prorrogable automáticamente hasta un máximo de tres consecutivos salvo que el distribuidor desista del contrato, y no se permitirán plazos diferentes en el contrato, ni tampoco precios de venta de referencia o recomendados. Los contratos deberán ser enviados al Ministerio, que también deberá ser informado del listado de estaciones con que cuentan los operadores mayoristas en un máximo de tres meses.

Los socialistas también pidieron modificar la Ley de Carreteras, de 1988, para ampliar los criterios de competencia en la adjudicación de concesiones de áreas de servicio en carreteras estatales, para lo cual la Comisión Nacional de la Energía (CNE) deberá informar preceptivamente sobre los requisitos y condiciones de los liegos de licitación, teniendo en cuenta el grado de competencia y la estructura del mercado en la zona de influencia de cada vía.

El PSOE también sugirió reducir la participación de los principales operadores en el capital de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) del 25% actual a un máximo del 10% del capital o del 6% de los derechos de voto de la entidad, «no pudiendo sindicarse estas acciones a ningún efecto».

«La suma de participaciones directas o indirectas en CHL de aquellos accionistas con capacidad de refino en España no podrá superar el 30%, frente al 45% actual», añadió la iniciativa, que destacó que hoy por hoy Repsol cuenta con el 10% de las participaciones, Cepsa con el 14,15% y BP y Galp con el 5%, respectivamente. Por ello, el incumplimiento de esta previsión debería tener el carácter de muy grave en aras de aplicar sanciones.

La proposición de ley incluyó asimismo un «estricto régimen de incompatibilidades para los operadores mayoristas, que no podrán formar parte del Consejo de Administración de CLH» para evitar que puedan estar vinculados directa o indirectamente con las empresas de refino o comercialización de hidrocarburos líquidos.

Por otra parte, el PSOE propuso medidas para asegurar un mejor funcionamiento de la red de transporte, incluyendo en su texto que el acceso de terceros a la red de CLH «se concederá en estricto orden de solicitud» en función de un registro y que las tarifas por uso y su metodología «estarán sujetas a autorización por el regulador» con una metodología «objetiva, transparente y no discriminatoria».

Asimismo, se reducen las obligaciones sobre existencias mínimas de seguridad a los nuevos entrantes con ventas inferiores a 1.000 toneladas equivalentes de petróleo (tep) «con el objetivo de incentivar la entrada de nuevos operadores más pequeños».

También se propuso modificar el decreto ley de Medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios del año 2000 para autorizar a tener una estación de servicio a todos los «establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de ITV o polígonos industriales».

Finalmente, el PSOE recogió en su iniciativa la necesidad de «avanzar en la armonización metodológica a nivel europeo en el reporte de los precios al consumidor» y pidió que se mejore la transparencia con la publicación en la web del Ministerio de Industria de las estaciones de servicio más baratas en los entornos locales, así como los servicios en su entorno (supermercado, centro de lavado, taller, etc.).