El PP impide que el decreto para la reducción del déficit tarifario sea tramitado como proyecto de Ley

El decreto pretende reducir el déficit tarifario en 3.150 millones de euros combinando la subida de la luz en un 7% y la reducción del gasto por la vía del recorte de hasta 1.700 millones de euros en las retribuciones de los distintos agentes del sector.

Según explicó durante su turno de defensa del decreto el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el déficit tarifario asciende a 24.000 millones de euros, de los que 17.000 millones están titulizados con el aval del Estado, con lo que, de no tomar medidas, el problema de tarifa puede devenir en un problema financiero.

A la hora de fijar posiciones, el portavoz socialista en materia de Energía en el Congreso, José Segura, criticó que el Gobierno aborde de forma «incoherente» y mediante un nuevo decreto ley «un conjunto de múltiples medidas de replanteo y recorte de costes del sistema energético español sin que en modo alguno constituya una reforma estructural del sistema eléctrico o gasista».

lamentado que se modifiquen normas tan importantes como la Ley del Sector Eléctrico y la Ley de Hidrocarburos mediante un real decreto ley que, su juicio, contiene medidas insuficientes para atajar el problema del déficit de tarifa

Además, insistió en que la norma sometida a convalidación «no incluye medidas relevantes sobre el mercado mayorista de energía, que tiene serias debilidades competitivas» y «renuncia a la financiación de los sistemas eléctricos peninsulares y extrapeninsulares, demonizados como uno de los principales causantes del déficit tarifario y que se sacan del esquema de solidaridad estatal y la carga sobre el consumidor».

Tras reconocer que las directivas europeas deberían haber sido traspuestas en la anterior legislatura y que España se arriesga a ser sancionada por la Unión Europea, el diputado socialista pidió que el decreto se tramite como proyecto de ley para conseguir «una reforma estructural del sistema» en lugar de «un simple ajuste no exhaustivo».

«La definición del sector energético español debe hacerse con una perspectiva de 15-20 años para poder avanzar racionalmente, cosa que no ha ocurrido en el pasado», zanjó Segura, quien auguró que a final de año se habrá producido un incremento del déficit sin que se haya definido el futuro del sistema energético.

Por su parte, Josep Sánchez Llibre consideró que el objetivo fundamental del Gobierno debe ser la consecución de un nuevo mix energético para lograr un sector más competitivo, y confió en poder participar en esa tarea en los meses sucesivos, con la vista puesta en la reforma energética que prepara el Gobierno.

En este sentido, Sánchez Llibre abrió camino y pidió al Gobierno que considere una nueva configuración de los precios energéticos que pagan las familias y las pymes, que actualmente son un 15% de media superiores a los de la Unión Europea.

Sánchez Llibre consideró que para lograr la «cuadratura del círculo» en el sector eléctrico es necesario que se recojan las opiniones de todos los grupos y lamentó que su formación no haya podido lograr un acuerdo con el PP para incluir en el real decreto algunas de sus peticiones.

Por su parte, la diputada de Izquierda Plural, Laia Ortíz, criticó el «macrodecreto» del Gobierno sobre «cuestiones estratégicas y de calado» y echó en cara al Ejecutivo que no haya traspuesto la directiva europea en materia de energías renovables, al tiempo que rechazó que el Gobierno trate de hacer de la energía un mercado «altamente competitivo» por cuanto se trata de un bien de interés público.

Por último, aseguró que Soria se equivoca al tratar de reducir el déficit tarifario apostando por los combustibles fósiles. «Es un modelo que sigue hipotecando la economía, miope y cortoplacista», apostilló antes de afirmar que las reformas profundas del sector eléctrico deben ser negociadas entre todos las formaciones políticas.

En la misma línea, Francisco Jorquera, del BNG, justificó su rechazo al decreto en que «el Gobierno pretende frenar el aumento del déficit tarifario con una estrategia equivocada que no aborda el principal problema: las enormes deficiencias en la regulación«.

Por eso, apostó por un «nuevo régimen legal» revisando la estimación de déficit, las ayudas a las nucleares e hidroeléctricas, o la estructura y los sueldos de Red Eléctrica, así como ajustando los costes del sistema en lugar de «exigir un esfuerzo centrado en los consumidores».

En la misma línea, la diputada de ERC Teresa Jordà acusó al Gobierno de asestar «un nuevo golpe a las familias y sectores productivos» y alertó de que «se seguirá incrementado el déficit tarifario» pese a la subida que «puede ser muy superior» al 7% anunciado por el Gobierno.

«El gran problema no es el déficit tarifario, sino el ineficiente sistema eléctrico y el viciado sistema de fijación de precios por subasta», zanjó, pidiendo mayor competitividad en las renovables y ahorro mediante el uso de nuevas tecnologías.

Además, Jordá exigió al Gobierno que en la revisión del sistema eléctrico no piense sólo en las eléctricas tradicionales y advirtió de que de no hacerse una reforma estructural «mucho más ambiciosa» existe el riesgo de colapso en el sector energético y de que éste se lleve al resto de la economía por delante.

En su turno, el diputado de UPyD Carlos Martínez criticó el decreto «encilopédico» del Gobierno, y lamentó que no otorgue competencias ejecutivas a los organismos reguladores, a cuya supuesta falta de indenpendencia achacó parte del problema de la tarifa eléctrica.

Asimismo, Martínez pidió que los cambios fueran tramitados como proyecto de ley para que el resto de grupos pudieran hacer aportaciones para corregir los «errores» pasados y presentes mediante la introducción de enmiendas:

Por su parte, el diputado de PNV Pedro Azpiazu aseguró que el decreto tiene «luces y sombras» y puso el acento en el «considerable» impacto en las empresas de Vizcaya debido a la reducción de la retribución de la distribución del sector eléctrico, que supondrá, a su juicio, menores inversiones en el futuro con el correspondiente impacto sobre el empleo.