La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) aseguró que la decisión de ligar la actualización de las tarifas a la inflación subyacente a precios constantes, en vez de al IPC aprobado por el Gobierno supondrá que este año se reduzcan un 0,028% en lugar de incrementarse un 2,975%, en función del IPC -0,5 puntos como correspondía al método actual, según el Real Decreto 661/2007.

De este modo, la modificación del método de actualización de las tarifas «conlleva la reducción de la retribución de la producción eléctrica fotovoltaica» en tres puntos, lo que supondrá que las instalaciones «cobren menos» y provocará que «un número muy significativo de plantas entren en suspensión de pagos este año», obligando a sus propietarios a renegociar la deuda, a aportar fondos propios o, si no pueden hacerlo, a entregar su instalación a la entidad financiera.

La asociación también recordó que el sector fotovoltaico «ya soporta» el recorte retributivo aprobado por el anterior Gobierno del 30% durante el 2011, 2012 y 2013, que, a partir de ese momento, se queda en el 10% durante el resto de vida útil de las instalaciones, al que se suma el impuesto eléctrico del 7% aprobado en diciembre, provocarían esta suspensión a decenas de miles de instalaciones fotovoltaicas.

Además, criticaron que el Gobierno acometió este «ajuste» con «total ausencia de diálogo» e insistieron en que no logrará otra cosa más que «empeorar una situación dramática en la que decenas de miles de inversores en energía fotovoltaica están atrapados por haber confiado en la seguridad jurídica de España».

Anpier acusa al Gobierno de «inmoral e insensible»

Por su parte, la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) consideró que el Gobierno es «inmoral e insensible» con el «sufrimiento» de cerca de 55.000 productores fotovoltaicos en España, tras la aprobación de varias medidas urgentes sobre el sector eléctrico.

La asociación aseguró además que se modificó «retroactivamente» el método para el cálculo de la actualización de tarifas conforme al IPC que reciben los productores fotovoltaicos por la energía que generan.

«Esta medida», afirmó, «se suma al recorte del 30% que introdujo el anterior Gobierno y al impuesto a la generación de energía aprobado el pasado mes de diciembre, que es del 7%, lo que acumula una merma total para el ejercicio de 2013 de más del 38% de sus ingresos brutos«.

Además, la última medida del Gobierno «precipitará la quiebra de la totalidad de las instalaciones del país que han desarrollado sus proyectos con financiación bancaria, que son más del 80%», con lo que dañará a más 40.000 familias.

Estas familias, indicó, «no están en condiciones de hacer nuevas aportaciones de capital», por lo que «perderán los bienes con los que avalaron la financiación, que en la mayoría de los casos son sus propios hogares».

Anpier señaló que una explotación tipo de 60 kilovatios (kW) reportaba unos 9.000 euros de beneficio anuales con la normativa que regulaba al sector en 2007, mientras que con la aplicación de las normas retroactivas introducidas en 2010 y la nueva tasa del 7% esta misma planta arroja unas pérdidas superiores a los 8.000 euros.

A esta circunstancia se sumaría ahora la no actualización del IPC sobre la inflación real, lo que era considerado por el sector un «leve alivio», «hurtado» ahora por el Gobierno.

La asociación explicó además que hace apenas unos días, el 23 de enero, tuvo su último encuentro con la Administración, que se mostró «muy sensible» ante la situación de crisis que atraviesa este colectivo y tranquilizó a su presidente, Miguel Ángel Martínez-Aroca.

«Una vez más mintieron a los miles de ciudadanos que representa Anpier», afirmó la asociación, para cuyo presidente «ya no se trata de reducir el déficit».

«Lo único que se pretende es echar del sector energético a los miles de pequeños inversores que molestan a cuatro de las grandes empresas que sustentan el viciado sistema eléctrico de este país. También en la energía, siempre se recorta por el lado más débil, pero los débiles ya no podemos resistir más», afirmó.

La termosolar se siente «destrozada» por esta «expropiación forzosa»

Asimismo, las últimas medidas de no revisión conforme al IPC de las primas a las renovables y de eliminación de la posibilidad de recibir prima más precio de mercado «acaban de destrozar» el sector termosolar y suponen una «expropiación forzosa sin pagar», afirmó el secretario general de Protermosolar, Luis Crespo.

Crespo aseguró que el sector se encuentra «indefenso» y «sin capacidad de recurso efectivo» ante las medidas aprobadas por el Gobierno, que, sumadas a los anteriores recortes a la termosolar, suponen un «atropello» para esta tecnología.

«Ya han llamado los fondos internacionales. Si estaban desconcertados y enfadados con las medidas anteriores, ya no pueden dar crédito a lo que está haciendo el Gobierno», señaló el secretario general de la asociación.

Crespo también calificó de «sarcástico y lamentable» que el Ejecutivo defienda la seguridad jurídica para las inversiones españolas en Bolivia o Argentina y, al mismo tiempo, «cambie las reglas de juego» y aplique unas condiciones «retroactivas» y «discriminatorias» a la termosolar en España.

La apuesta por las plantas solares en España, recordó, responde a planes de inversión «nacionales y extranjeros de nivel muy elevado», cuyos promotores se ven ahora ante medidas que «vulneran todo lo vulnerable», incluida la Carta de la Energía de protección de inversiones internacionales.

Junto a esto, Crespo lamentó que el Gobierno no haya dialogado con la termosolar y, en las ocasiones en que citó a sus representantes, haya sido «para nada». «Hay una ausencia completa de diálogo y un desprecio a las empresas» del sector, lamentó.

«El resultado es que se ha destruido completamente al sector termosolar, que podría haber sido la bandera de la marca España. Ahora lo acaban de destrozar», añadió.

«Sin ser la responsable del déficit de tarifa», la termosolar tiene que afrontar en 2013 el nuevo impuesto del 7% a la producción, el recorte de primas por el apoyo de gas a la generación eléctrica, la no revisión conforme IPC de los incentivos y el nuevo modelo de tarifa fija, señaló Crespo.

La eólica amenaza con tomar «todas las acciones legales»

Para la Asociación Empresarial Eólica (AEE), las medidas tomadas por el Gobierno tendrán un impacto que cifró en 300 millones de euros y amenazó con emprender «todas las acciones legales a su alcance contra los nuevos recortes al sector aprobados por el Gobierno».

La eólica consideró «inaceptables» las medidas que, en su opinión, «quiebran la seguridad jurídica y ponen al sector en una situación insostenible».

«Se trata de medidas que vulneran tanto la Ley del Sector Eléctrico como la normativa por la que se rige la eólica, el Real Decreto 661/2007, por lo que el sector pondrá en marcha todas las medidas legales a su alcance, tanto en España como a nivel europeo», y también denunció que se contraviene el espíritu de la regulación anterior, el Real Decreto 436/2004.

Según la AEE, estas medidas «atentan claramente» contra el respeto de la rentabilidad razonable y llegan «en un momento en el que el sector está intentando por todos los medios abrir, sin éxito, un diálogo constructivo con el Gobierno para plantear su futuro».

La propia Ley del Sector Eléctrico establece «claramente» que los cambios normativos deberán hacerse consultando previamente a los actores implicados, así como pasar por el Consejo Consultivo de la Electricidad, señaló.

La asociación estimó que acogerse al mercado es inviable y que optar por la tarifa regulada en este momento «supone alterar por completo las condiciones con que las empresas hicieron las inversiones en su día» en base a una ley que «nunca se imaginaron que pudiese cambiar durante la vida de las instalaciones», lo que supone una vulneración de la seguridad jurídica.

Por lo que respecta a la actualización de acuerdo a la inflación subyacente a impuestos constantes, «supondrá de facto una reducción de la retribución, en vez del aumento del que habla el Gobierno».

El sector calculó que ambas medidas tendrán una pérdida de valor de las empresas de 300 millones de euros en 2013, lo que, unido a los recortes de primas y los impuestos puestos en marcha en los últimos años «pone en riesgo el pago de la deuda de un sector fuertemente apalancado», además de alejar la inversión del país y perder competitividad.

De esta manera, muchos parques se verán abocados a la suspensión de pagos y «pasarían a los balances de la banca y promotores de forma similar a lo ocurrido en el sector inmobiliario».

La decisión es, por tanto, «grave» y tendrá «impacto no sólo en el sector, sino en el país entero, al condicionar las futuras decisiones de inversión por la vulneración del principio de confianza legítima», sostuvo.

En suma, los eólicos consideran que las medidas «retroactivas» aprobadas ahora son «la gota que colma el vaso y pueden suponer el desmantelamiento definitivo de la industria eólica en España, una industria que crea valor en toda la cadena de suministro y es un referente a nivel mundial».

APPA denuncia una «política de exterminio» por el cambio de primas

La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) criticó las medidas aprobadas por el Gobierno, que implican modificaciones en el sistema y la actualización de la retribución de las renovables, porque «constituyen nuevos pasos en la política de exterminio del sector».

APPA consideró que estos cambios suponen «un nuevo golpe al sector» y apuntó que «el objetivo final de estas medidas no parece ser otro que hacer quebrar las plantas existentes».

Para esta asociación, esto supone «en la práctica que la retribución crezca por debajo del IPC».

Respecto a la medida que obliga a las plantas a acogerse a una tarifa fija regulada, la asociación consideró que las deja «a merced de nuevos impuestos», que «tendrá que asumir de forma íntegra» al no poder repercutirlos a sus precios de venta.

El Gobierno «se equivoca» al ir contra las tecnologías verdes

Por último, la Fundación Renovables consideró que el Gobierno «vuelve a equivocarse» al actuar «contra las energías renovables» para solucionar los problemas del sistema eléctrico, indicó el secretario general de esta asociación, Sergio de Otto.

Para De Otto, las medidas adoptadas van a ser «tan inútiles como las adoptadas anteriormente» por este Ejecutivo y el anterior para recortar la retribución a las renovables.

La Fundación Renovables afirmó que «el verdadero problema de este sistema es la conformación de precios y un conjunto de mecanismos que no son adecuados y que han ido recibiendo parches que no han hecho más que agravar los problemas».

El secretario general de la asociación también lamentó que «mientras Europa avanza en el desarrollo de políticas de energía limpia, ahorro y eficiencia», el Gobierno español esté «dando la espalda al futuro».

El real decreto ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministros incluye dos medidas de carácter regulatorio con el fin de reducir los costes del sistema eléctrico y evitar así nuevas subidas en el recibo de la luz.

La primera, con la que se prevén ahorros de entre 330 y 340 millones de euros, pasa por revisar las retribuciones de las actividades reguladas del sistema -transporte, distribución, sistemas extrapeninsulares y primas al régimen especial- en base a la inflación subyacente en lugar del IPC como hasta ahora.

El segundo de los cambios, con el que se prevén ahorros de entre 250 y 500 millones de euros, obligará a los productores del régimen especial a elegir entre cobrar una tarifa regulada fija o el precio de mercado, sin poder optar cada año entre ambas ni recibir una prima adicional si deciden vender en el mercado.