El coste de los incentivos al carbón nacional sumará 592 millones de euros hasta 2011
En su informe sobre la propuesta de resolución por la que se fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía que se aplicarán en 2010, el organismo supervisor cifra en 89 millones el coste de la medida para este año, si comienza a aplicarse en noviembre.
Para el próximo ejercicio, el coste del decreto, que será sufragado con cargo a los «pagos por capacidad» -para los que anualmente se reserva una parte en las tarifas de acceso y que retribuyen a centrales por estar operativas para atender puntas de demanda-, se eleva a 503 millones de euros.
El saldo previsto en 2010 para los pagos por capacidad es de 551 millones de euros, cifra que para el año que viene quedaría reducida a 406 millones.
Según la CNE, la propuesta de la Secretaría de Estado de Energía implica que este año, un coste medio por megavatio hora (MWh) para las diez centrales que participarán en el procedimiento de 60,26 euros, frente a un precio medio de mercado estimado en 46 MWh. En 2011, el coste medio (que incluye parte variable y fija), se elevará a 66,62 euros, mientras que el precio medio del mercado rondará los 45 euros.
Los cálculos del regulador parten de la hipotética entrada en funcionamiento del decreto el próximo 1 de noviembre y de que, como establece Industria, cada año se programará una producción de 23 teravatios hora (TWh) de electricidad en las centrales de carbón nacional, lo que permitirá dar salida a 10,1 millones de toneladas de carbón autóctono.
Estos 23 TWh equivaldrían en 2011 a un 9% de la demanda eléctrica estimada peninsular, de 263,6 TWh, y a un 6% si sólo se toma en cuenta el carbón nacional dentro de la mezcla de distintos combustibles utilizada por las plantas.
Estos porcentajes no alcanzarán en ningún caso el límite del 15% hasta el que la Comisión Europea permite primar el combustible nacional para reducir la dependencia energética de los Estados miembros.
Por otro lado, dados los compromisos de compra de carbón nacional por parte de las centrales, la CNE calcula que el ‘stock’ de Hunosa, de unos 10 millones de toneladas, irá reduciéndose a un ritmo de un millón de toneladas al año.
Los 23 TWh programados al año son, de hecho, inferiores a la producción anual de las minas de carbón españolas, de cerca de 34 TWh. Esta circunstancia contribuye a que «la producción con carbón de importación sería reducida de forma importante», advierte la CNE.
En el informe, la CNE añade que la producción máxima de 2010, si bien resulta físicamente posible, podría no alcanzarse por indisponibilidad fortuita de centrales o por que el operador del sistema no programa suficiente generación por limitaciones de seguridad.
Según el regulador energético, esto impediría el consumo de las adquisiciones de carbón autóctono fijado por la propuesta y, por tanto, no conllevaría la reducción del stock de estas centrales (que se estima que almacenan el equivalente a un año normal del consumo). La propuesta fija para 2010 la adquisición de 4,1 millones de toneladas de carbón autóctono.
La CNE añade que si se mantiene un escenario similar al de 2009, la producción con carbón de importación hasta 2014 (año hasta el que se extenderán los incentivos) se verá reducida «de forma importante».
A la vista de que el uso de estas centrales de importación se limitará a resolver los problemas puntuales de demanda y de que los propietarios «pudieran plantearse el cierre» de las instalaciones, la CNE propone revisar el sistema de incentivos mediante pagos por capacidad.
Por su parte, las centrales de ciclo combinado (gas natural) no se verían, «en principio», desplazadas por la puesta en marcha del mecanismo de restricciones por garantía de suministro en el que se basa el real decreto del carbón.
En este proceso podrán participar las centrales de Soto de Ribera, Narcea, Anllares, La Robla, Compostilla, Teruel, Velilla, Puente Nuevo y Escucha y Elcogas.
El mecanismo de resolución de restricciones permite modificar el programa diario del mercado eléctrico para cumplir los criterios de seguridad de suministro.





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