España sospecha que Argentina buscará vender YPF a otro inversor extranjero y centra sus esfuerzos en establecer el precio de su tasación

Tras exponer el caso en el Consejo de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo, García-Margallo describió el contencioso ante sus colegas como un acontecimiento no únicamente español, sino europeo, porque afecta al punto del Tratado de Lisboa que se conjura para proteger las inversiones europeas en el extranjero y rompe los principios de seguridad jurídica.

El ministro de Asuntos Exteriores recordó que YPF tiene en los próximos cinco meses vencimientos de deuda por valor de unos 1.600 millones de dólares y que la explotación del nuevo yacimiento de Vaca Muerta supondría una inversión de otros 20.000 millones.

«Parece obvio que ni YPF ni el gobierno de Argentina están en condiciones de hacer frente a esos desembolsos», opinó el ministro español, que consideró que «no es temerario presumir (…) que estén buscando un socio extranjero al que vender la participación que confiscaron a Repsol».

En ese caso, según García-Margallo, «nos encontraríamos que no se produce una nacionalización sino la sustitución de un socio español y europeo por un socio probablemente de otra nacionalidad».

«Desde un punto de vista jurídico nos encontraríamos con una expropiación discrecional, contraria a los procedimientos legales, arbitraria en cuanto se declara de interés nacional el sector de los hidrocarburos, pero sólo se expropia a una compañía y no a otras, y dentro de esa compañía sólo se expropia capital de un accionista«, subrayó, al tiempo que destacó el intentó del Gobierno español de negociar «hasta la extenuación» un acuerdo con Argentina y que logró el aplazamiento de la decisión sobre YPF en dos ocasiones.

«Seguimos diciendo que lo mejor que puede ocurrir es que lleguemos a una solución negociada a través del diálogo«, señaló de todos García-Margallo, quien subrayó la importancia de evitar «un choque de trenes» con consecuencias para España, Europa, Argentina y toda Latinoamérica.

El ministro recalcó que España «no está discutiendo la soberanía energética de Argentina» y que Buenos Aires puede expropiar empresas petroleras, aunque a él le parezca «un error», sino la necesidad de que respete los cauces legales y pague el «justo precio» por YPF, cuyas acciones se devaluaron un 60% por la «campaña de hostigamiento» a la que le sometió Buenos Aires para poder nacionalizarla «a precio de saldo».

«Ahora probablemente lo que haya que intentar hacer es que Argentina encuentre un interés en llegar a un acuerdo dialogado y negociado con España sobre la tasación«, admitió.

Según García-Margallo, se vio «algún guiño en este sentido» por parte de Buenos Aires, puesto que el viceministro de Economía, Alex Kicillof, reconoció estar «abierto a una negociación» sobre la compensación entre las dos partes y que la cifra propuesta en un primer momento no es «necesariamente firme». Por ello, confió en que las medidas de presión planteadas por España ante la Unión Europea terminen por llevar a las autoridades del país americano a aceptar un acuerdo.

Si Madrid y Buenos Aires llegan a un acuerdo sobre el precio de la tasación, el Gobierno español «también levantaría el pie del acelerador» en algunas de las propuestas que pidió estudiar a sus socios europeos para responder a la expropiación de Repsol y reconoció que es «muy difícil» establecer «plazos cerrados» como fecha límite para que las partes lleguen a un acuerdo «negociado» sobre la tasación.

En caso de que eso no ocurra, el ministro aseguró que Madrid «apoyará» una posible reclamación de Repsol ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). «Es lo más que podemos hacer», aunque subrayó que las esperanzas en ese órgano «son escasas».

«No porque no se vaya a ganar (…) sino porque Argentina tiene un récord de casos en el CIADI y tiene un récord de incumplimiento de los laudos«, puesto que tiene 49 casos pendientes ante el CIADI, lo que supone el 25% del total en el mundo y el 50% de Latinoamérica.

Como medidas concretas, García-Margallo explicó que sugirió que la Unión Europea active ante la OCDE todas las reclamaciones en materia comercial que tenga contra Argentina y excluirla del del sistema generalizado de preferencias (SGP) que permite la entrada de exportaciones argentinas al mercado comunitario en situación más ventajosa antes de su vencimiento «natural» en 2014.

Además, García-Margallo planteó a los países de la Unión Europea la posibilidad de continuar la negociación de un acuerdo de asociación con el Mercosur sin Argentina, con el fin de no perjudicar al resto de países miembros.

«Es algo que tenemos que estudiar nosotros y que tienen que estudiar también los países del Mercosur», declaró el ministro de Asuntos Exteriores tras participar en un Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo.